jueves, 25 de agosto de 2016

CAMPAÑAS POLITICAS

Salvo contadas excepciones, las actividades del gobierno son políticas, ya sea para pavimentar el camino al candidato del partido en el poder o para la reelección presidencial en donde existe. La campaña política inicia con la toma de posesión y continúa cotidianamente con un nivel de intensidad equivalente al grado de ambición por continuar en el poder de parte de aquellos que lo detentan.
Inauguraciones de obras y emisión de leyes que beneficien a grandes segmentos de la población constituyen parte del mercadeo del gobierno.
Las campañas políticas llegan a su punto álgido, cuando arriba el proceso eleccionario en donde se invierten cuantiosos recursos privados y públicos para asegurar la continuidad en el ejercicio del poder de la nación.
El financiamiento de campañas políticas está vinculado a la práctica de la corrupción. Desde la compra de cargos públicos hasta la promesa de contratos para la provisión de bienes y servicios al gobierno. Con la aprobación de leyes que favorecen a unos cuantos, hasta la garantía de que la eventual comisión de delitos no será castigada.
Un estudio del Centro Carter sobre las leyes existentes en Latinoamérica para regular el financiamiento de campañas eleccionarias permite identificar los temas siguientes:
 
Cuestiones generales
Disposiciones sobre el financiamiento y gasto de partidos y candidatos
Prohibiciones a partidos y candidatos según fuente de financiamiento
-Financiamiento a partidos y candidatos
-Fuentes nacionales y extranjeras
-Rol de personas naturales y jurídicas
-Rol del gobierno de turno
-Elecciones internas y elecciones generales
-Tipo de contribución: efectivo, cheque, dinero plástico, especie.
-Entidad y forma de supervisar el financiamiento
-Prohibiciones a partidos, candidatos, aportantes y funcionarios públicos
-Sanciones pecuniarias y no pecuniarias por irrespeto a prohibiciones por parte de partidos, candidatos, aportantes y funcionarios públicos.

-Techos al financiamiento
-Techos a contribuciones en período de campaña electoral
-Financiamiento público
-Formas indirectas de financiamiento público y beneficios fiscales
-Techos de gasto
-Financiamiento privado
-Techos fondos privados gastos candidato
Obligaciones de partidos y candidatos
-Informar periódicamente sobre finanzas partidos
-Informar a autoridad electoral sobre finanzas candidatos
-Publicar informes contables en medios de comunicación

-Corporaciones con contratos gubernamentales
-Sindicatos
-Donaciones anónimas
-Actividades ilícitas
Otras disposiciones
-Techo aportantes
-Compra de votos
-Uso de bienes del estado
-Uso medios de comunicación estatales
-Uso recursos del estado en campañas electorales en contra o a favor de candidatos
-Propaganda privada en medios
-Propaganda gubernamental
-Participación de funcionarios públicos en campañas electorales
-Inaugurar obras públicas en período de elecciones.



Normas apropiadas sobre el financiamiento de campañas electorales y su efectiva aplicación, contribuirá a retornar el poder público a los votantes y desconcentrarlo de la influencia a veces nefasta del financiamiento con oscuros intereses.

viernes, 12 de agosto de 2016

INSTITUCIONALIDAD

La institucionalidad de un país en sus ámbitos político, legal y administrativo, determina la fortaleza de su organización; contribuye al respeto y aplicación de las normas; garantiza la estabilidad de sus dependencias y entidades; profundiza la democracia; y constituye un factor preponderante en el desarrollo económico y social. Existe una relación directa entre desarrollo e institucionalidad.
En el curso del tiempo surgen condiciones que obligan a cambios en la institucionalidad y la forma como se concreten sus actualizaciones contribuirá a consolidarla o a debilitarla.  Por ejemplo, mantener la norma constitucional de un representante del pueblo por cada 15,000 personas en un país con 8 millones de habitantes representaría 533 diputados en el Congreso Nacional. En el otro extremo, modificaciones a la institucionalidad que respondan a caprichos banales y no a su estudio previo y viabilidad, son inaceptables.
Una constitución de la república que en 33 años ha sufrido 95 reformas, derogaciones e interpretaciones; modificaciones constitucionales que se efectuaron para satisfacer intereses de personas determinadas; emisión de leyes a las que sólo ha faltado calzar el nombre de los individuos favorecidos.
En el ámbito administrativo, la creación, fraccionamiento, cierre y reapertura de entidades o su cambio de nombre con ampliación y reducción de funciones. Una Ley General de la Administración Pública con 30 años de vigencia y más de 35 modificaciones.
Escasas dependencias del Poder Ejecutivo con identidad sin traumas por lapsos continuos mayores de 50 años. Secretarías de estado retorcidas en la improvisación, coincidiendo con la ausencia de planes, su ejecución, seguimiento y el sostenimiento de metas de desarrollo. Autoridad tributaria modificada 4 veces en 20 años.
En el campo político, inestabilidad institucional vinculada a profundizaciones o restricciones de la democracia. Tribunal electoral sometido a reiteradas ampliaciones y reducciones de su cúpula y regulaciones.
La ausencia de estabilidad institucional obstaculiza el crecimiento de un país; dificulta el establecimiento de alianzas duraderas entre gobernantes y gobernados; desorienta, confunde y crea desconfianza en la población e inversionistas extranjeros y nacionales.

Por ello, es prioritario contar con una institucionalidad vigorosa y permanente, que afiance la senda del desarrollo sostenido.