Según el artículo 185 del Código de Familia hondureño, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen respecto de la persona y los bienes de sus hijos. Su régimen legal será de protección a los menores, impidiendo los abusos y sancionando con la pérdida o suspensión de la misma al padre o a la madre en los casos previstos por esta Ley.
La patria potestad comprende
derechos y obligaciones: representar legalmente al menor; ejercer su guarda y
cuidado; alimentarlo, asistirlo, educarlo y administrar sus bienes.
El ejercicio de la patria
potestad corresponde a ambos padres conjuntamente. Cuando hubiere desacuerdo entre el padre y la
madre en el ejercicio de la patria potestad, el tribunal competente resolverá
lo que más convenga al bienestar del menor.
Los padres, en el ejercicio de
la patria potestad, tienen el derecho de ejercer la orientación, el cuidado y
la corrección de sus hijos, e impartirles, en consonancia con la evolución de
sus facultades físicas y mentales, la dirección y la orientación que sean
apropiadas para su desarrollo integral.
Aunque la agenda WOKE pretende arrebatar ese derecho al control gubernamental.
Queda prohibido a los padres y
a toda persona encargada del cuidado personal, crianza, educación, tratamiento
y vigilancia, sean estas de manera temporal o definitiva, utilizar el castigo
físico o cualquier tipo de trato humillante, degradante, cruel e inhumano, como
forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes.
Respecto a la guarda y cuidado
de los hijos, se estará al acuerdo de los padres cuando éstos no vivieren
juntos. Al que no se le confiere la guarda y el cuidado de los hijos menores,
se le conserva la comunicación escrita y oral con ellos.
La patria potestad se pierde
por: mal comportamiento del responsable; delito cometido; condena mayor de dos
años; y sentencia de divorcio.
La patria potestad se suspende
por: incumplimiento de deberes; ausencia mayor de dos años; interdicción civil;
adopción simple; dolo o negligencia.
El matrimonio termina por:
fallecimiento de uno de los cónyuges; presunción de muerte; declaratoria de
nulidad y sentencia firme.
Para Montserrat Solsona,
Demografía y Posverdad, en Andreu Domingo, el debate en España es sobre la
custodia compartida y la igualdad de género. La posición pro custodia
preferente considera superados los roles de la sociedad patriarcal y
defiende que la custodia compartida debe otorgarse de forma automática después
de una ruptura. Los pro-pacto denuncian las desigualdades de la pareja
en el seno de la familia y en la sociedad en general; defienden la posición
cuando la han compartido durante la unión, pero no se imponen como norma
después de la ruptura.
Solsona diferencia la patria
potestad de la custodia que se refiere a la vida cotidiana de los
hijos menores: donde duermen, son alimentados y cuidados, acompañados en todos
los pormenores y en las grandes emociones, crecen, se desarrollan y construyen
su propia identidad. El trabajo de amar forma parte de la vida cotidiana.
Para Yvonne Hirdmann, el
contrato de género se concreta en tres tipos: ama de casa, igualdad y
equidad. Según Solsona a pesar de un elevado grado de equidad en el acceso
al sistema educativo, la distribución del trabajo reproductivo en la familia
adolece de una importante brecha de género, donde es clave el mercado de
trabajo.
La desigualdad en el salario y
las prestaciones sociales hace que uno de los progenitores renuncie al salario
para cuidar a los hijos. Recientes trabajos demográficos en España indican que
la brecha durante la unión de 1 hora 52 minutos aumenta en un 50% cuando nace
el primer hijo (3 horas) y sigue aumentando cuando hay dos hijos, alcanzando 3
horas y 58 minutos. Los hombres en España se involucran cada vez más en el
cuidado de los hijos e igual ocurre en Honduras.
El cuidado equitativo de los
hijos y el trabajo doméstico en España alcanzan solo el 20% de las parejas.
Hace 50 años, el trabajo doméstico era invisibilizado y los divorcios
demostraban que el hombre era un beneficiario neto de ese trabajo. La custodia compartida
implica el tiempo y, solo en el país de Valencia, establece 50/50. Además de la
custodia compartida, existen en España los servicios de mediación, los planes
de parentalidad y se maneja el concepto no legalizado aún de licencia parental
remunerada e intransferible. La primera sentencia sobre paternidad compartida
incluyó criterios como: práctica de cuidado de parte de cada progenitor;
aptitud y actitud de cada uno; opinión de los pequeños; resultado de
informes exigidos legalmente.
Solsona concluye que “la
principal paradoja es que los defensores de la custodia preferente abogan por
el derecho a ejercer la responsabilidad parental únicamente después del
divorcio”.
La ausencia de información en
Honduras sobre el ejercicio de la patria potestad y las variantes que ya son
consideradas en España impide comparar contextos. Un conocimiento más detallado
de este tema fuera de Honduras puede contribuir a un manejo más apropiado y con
menos consecuencias que las observadas como “violencia doméstica” y otros
conflictos durante y después de una unión en Honduras. Con 65.400 divorcios (El
Heraldo, 10/8/2026) en los últimos 10 años, puede inferirse cuántas mujeres y
menores han sido afectados en años recientes. Los divorcios entre parejas
jóvenes suelen ser campos de batalla de los padres o abuelos donde sobresale el
pulso sobre quién tiene más dinero, poder, contactos, etc., para hacerse
prevalecer sobre la parte perdedora.
