miércoles, 26 de octubre de 2016

ESPADA DE DAMOCLES

Tanto organismos nacionales como internacionales alientan a la población a denunciar los actos irregulares (de corrupción) que se presentan en la administración pública. Tal gestión es loable. Sin embargo, para los denunciantes implica riesgos proporcionales a la magnitud del delito denunciado y al poder acumulado de los hechores señalados.
Cuando los poderes del estado se encuentran alineados y alienados a una sola fuente de poder y los operadores de justicia carecen de identidad propia e independencia, las posibilidades de sindicar con éxito a un delincuente, son escasas.
Y sí al control del poder público se suma, la mediatización de los instrumentos mediáticos, el denunciante en lugar de contribuir a un propósito altruista puede resultar destruido por la feroz embestida de los tarifados voceros del gobierno de turno.
A pesar de todo, los esfuerzos de lucha contra la corrupción, permean cada vez más la conciencia de la población. Y la intolerancia hacia las acciones corruptas es cada día mayor.
El drama de los corruptos se va pareciendo a la versión popular de aquellos que con frecuencia se pasan de copas: cuando la mina de la corrupción está explotándose, aflora la alegría del mono; al ser descubierto y denunciado, el tigre muestra las garras y el delincuente utiliza todos los medios posibles para atemorizar a sus acusadores, amenazándolos hasta con la cárcel; finalmente, cuando los alcanza la justicia, las celdas penitenciarias constituyen el mejor acomodo al que pueden aspirar. Y ese ambiente no es tan diferente al de las porquerizas. O a veces puede resultar peor.



viernes, 21 de octubre de 2016

FROM INTERVENTIONISM TO LIBERALIZATION

In the beginning of the last century, the strongest economies of the world initiated a process to establish necessary rules in their economies. The invisible hand of the market had to be under regulation to mitigate its perverse effects.
During WWI there were episodes of food hoarding and speculation. When the war was over, hyperinflation hit several countries of Europe. That provoked governments to intervene the economy to control such phenomena.
With the spread of Socialism, economic law was intended to regulate all those affairs arising from economic relations. The core instrument was economic planning.  Socialism influenced non socialist countries to adopt some principles of government intervention to ease social tensions.
When the Great Depression arrived in 1929, a reduction on the demand and credit caused unemployment and poverty widespread.  Then, the US Government established the Great Deal to overcome their evil effects and preserve justice and equity.
After WWII more government interventions were justified to rebuild the destroyed economies of those countries involved directly in the conflict. Moreover, by that time, several former colonies got independence, and for the new governments it was necessary intervene their economies and to enhance their institutions.
Government interventions on the economy were crafted through economic law and continue to do so. Economic law regulates, discipline and sanctions economic policy and planning and integrates the legal categories (formal) with the economic categories (material).
As long as government interventions were strong, unions and all kind of institutions in defense of social and economic conquests were created.
With diverse levels of intervention, the government regulated the economy through among others the following policies:  fiscal, monetary, financial, labor, market, private and public property, use of natural resources, investment, foreign economic relations, and the role of government itself that included the creation of enterprises to compete or complement the private sector.
With the time, government interventions went beyond economic reasons and responded more to political interests, depending on the conditions of each country.  The more or less government intervention performed until the free market economics of President Reagan and Prime Minister Thatcher was in place.
Later, the US Treasury Department, the World Bank and the International Monetary Fund, following the ideology of free market economics, set up an array of 10 points for developing countries in crisis that included policies in areas as macroeconomic stabilization, economic opening with respect to both trade and investment, and the expansion of market forces within the domestic economy. Globalization got force. ICT technologies contributed to that.
With the events mentioned, it appeared that government intervention, considered necessary in their early stages was over. At least, in the manner and with the purposes it was established through law economic.
Nowadays, government intervention with its visible hand is intended to regulate the government itself and interfere less and less in the economy, i.e. in the private sector. The importance of unions and institutions to defend the rights of the disadvantaged has diminished.
Privatizations, concessions, contracts and public -private partnerships are the rule of the game.  The main justification for such change is that government is a bad administrator and private sector can do things more efficient. It may be.
In general, even industries where the private sector was not interested in, like defense, public security, health and education, now are heavily privatized. 
In the last three decades a concentration of income and wealth has taken place around the globe.  Changes in labor arrangements are depriving more and more workers´ rights.
Like a century ago, market forces look uncontrolled once again. Eight years later, the most recent economic and financial crisis throughout the world still lasts in several countries dragging unemployment and poverty.
Government intervention has to be rethought.  Law economic and its material instrument, economic policy should be in favor of the well-being of most of the people; not the other way around.


sábado, 8 de octubre de 2016

CORRUPCION Y DESARROLLO

La corrupción es probablemente uno de los oficios más antiguos de la humanidad. A diferencia del otro más antiguo oficio -donde la persona que lo ejerce prácticamente es víctima propiciatoria- este flagelo afecta desde a una persona, hasta millones de habitantes de un país.
Pranab Bardhan de la Universidad de California en Berkeley, en el Journal of Economic Literature, Volume XXXV de septiembre 1997, aborda diversas aristas de la corrupción y su impacto en el desarrollo. Las fuentes utilizadas por Bardhan se remontan a 1958, lo que indica la ya prolongada preocupación de los economistas académicos sobre un asunto que ha crecido y está siendo enfatizado por los organismos financieros internacionales.
Bardhan habla de diversos tipos de corrupción: Política y económica; pública y privada; centralizada y dispersa; y ejemplifica algunas de su características. Sin embargo, a pesar de los diversos tipos de significados según su contexto, en general la corrupción se refiere al uso y abuso de un puesto público para agenciarse ganancias privadas.
Entre algunos elementos que contribuyen a la corrupción están el exceso de regulaciones a aplicar por parte del Gobierno, la ubicación burocrática de los escasos recursos públicos y los bajos sueldos y salarios de los empleados públicos.
La corrupción afecta a la inversión y al desarrollo económico.
Paolo Mauro (1995) citado por Bardhan encontró una asociación negativa entre el índice de corrupción de un país y sus tasas de inversión y crecimiento. El mejoramiento de la corrupción en una desviación estándar (68%), se estima puede incrementar la tasa de inversión en un 3% del Producto Interno Bruto.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América, Japón y los países de la Unión Europea recientemente han decidido penalizar a aquellas empresas radicadas en sus territorios que paguen “comisiones” en otros países para facilitar la obtención de contratos.
Estas medidas disuasivas aunadas a las de los organismos financieros internacionales, definitivamente repercutirán en un nuevo ambiente externo con respecto al tratamiento y percepción de la corrupción.
Las medidas adoptadas a nivel internacional deben complementarse con acciones a nivel nacional. Desde un cambio de actitud de la población hacia los corruptos y sus desafueros hasta: incrementar la competencia política; reducir los monopolios burocráticos; revisar las inmunidades a la transparencia; establecer medidas más severas contra los delincuentes; fortalecer el sistema de aplicación de la ley y la justicia; y aumentar los salarios a los servidores públicos honestos.
Para procurar el desarrollo es necesario desmantelar las fuentes de corrupción y paulatinamente destruir ese monstruo de mil cabezas que ha acogotado el crecimiento económico.


jueves, 22 de septiembre de 2016

COMPRAS Y ELECCIONES

La automatización, resultado de la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión tridimensional, la biotecnología y su interacción, tiende a verse desde dos puntos de vista diametralmente opuestos: los incrementos en la productividad y los aumentos en el desempleo.
Los expertos y futurólogos hacen sus cálculos fundamentalmente enfocados en la competitividad y el empleo. Otras áreas económicas, sociales, políticas y militares-para mencionar algunas-que serán afectadas también por la automatización, no están siendo consideradas en su potencial dimensión.
Para el caso, los resultados adversos en el empleo tendrán un efecto dominó en la reducción de ingresos, el consumo y las entradas que reciben los gobiernos por impuestos sobre los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores desplazados.
Por otro lado, en asuntos de seguridad interna y conflictos internacionales la actividad de los robots irá creciendo rápidamente. Además, ocupaciones laborales desagradables y peligrosas serán realizadas en el futuro por máquinas inteligentes.
Hasta ahora, algunas actividades humanas se consideran inmutables frente a la automatización. Estas tienen que ver con la creatividad, innovación, exploración, artes, ciencias, entretenimiento, cuidado de otros y política.
La automatización impactará de tal manera a la sociedad, que las políticas públicas en la mayor parte de los ámbitos, deberán ser replanteadas. No servirá intentar oponerse. Ella llegó para quedarse y lo más sabio es tratar de que funcione en favor del bienestar humano en general.
Mientras se garanticen ingresos a toda la población –algo que intentó el socialismo- los trabajadores podrán beneficiarse de mejores condiciones laborales vinculadas a jornadas cortas y espaciadas; vacaciones prolongadas; y reentrenamiento.
La automatización puede contribuir a garantizar la transparencia y a su vez reducir la corrupción. Puede iniciarse en dos ámbitos: las adquisiciones y las elecciones.  Reducir al mínimo la intervención humana en ambas actividades, garantizará que los procesos de compras y eleccionarios se realicen efectivamente de manera apropiada.
El futuro que depara a la humanidad no necesariamente tiene que anticiparse sombrío. También puede resultar esperanzador, con la ayuda de las máquinas inteligentes.


lunes, 19 de septiembre de 2016

PARITY PARTICIPATION

The Supreme Electoral Tribunal of Honduras (TSE in Spanish), through Resolution 001-2016 of July 11, 2016, has called on the Honduran citizenry to primary elections to take place the second Sunday of March 2017.
Internal political movements of parties participating at this stage will nominate candidates to choose 3022 elective office holders distributed as follows:
1) A president and three Vice-presidents.
2) 20 deputies to the Central American Parliament, and their alternates.
3) 128 deputies and alternates to the National Congress.
4) 2722 positions of mayor, deputy mayors and council members for 298 municipalities in 18 departments.
The TSE 003-2016 Resolution establishes the principles of parity and alternation to reach 50% participation of women in elected office; in 2012, the quota was 40%. Such an attempt is a recognition of the level of maturity and political enthusiasm that Honduran women have demonstrated with a turnout of 52% in 2009, when they won 21% of elected positions. In 2014, they achieved 26%.
Still, efforts to ensure effective participation of women require adjustments to arrive at fair parity. The distribution of deputies by sex under Article 6 of Resolution 003-2016 requires internal movements of political parties to commit 58 or 70 titular and  alternates for the female candidates. The number selected in each case would indicate the disposition of the of the parties’ movements to comply with the parity spirit.
It would have been more equitable to consider a mechanism to allow the possibility of having 64 proprietary positions and 64 alternates for females in the primary elections of 2017.
Choosing more women for elected office could contribute to lower levels of corruption present in Honduras for a long time. It is very likely that women who have stepped forward to leading presidential candidates posts will reach positions of greater responsibility and power.
Women in politics are called to participate in the challenge of building a more honest and transparent Honduras.


jueves, 15 de septiembre de 2016

PARIDAD PARTICIPATIVA

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), mediante Acuerdo 001-2016 del 11 de julio de 2016, ha convocado a la ciudadanía hondureña a elecciones primarias por efectuarse el segundo domingo del mes de marzo de 2017. 
Los movimientos internos de los partidos políticos que participen en esta etapa, propondrán candidatos para elegir 3022 puestos de elección popular distribuidos de la siguiente manera:
1)      Un presidente y 3 designados.
2)      20 diputados al Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes.
3)      128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional.
4)      2722 cargos de Alcalde, Vicealcaldes y regidores para 298 municipios en los 18 departamentos del país.
El Acuerdo 003-2016 del TSE establece los principios de paridad y alternancia para alcanzar el 50% de participación de mujeres en los cargos de elección popular.  Tal intento constituye un reconocimiento al nivel de madurez y entusiasmo político que las mujeres hondureñas han demostrado con una participación electoral del 52% en 2009, cuando alcanzaron ocupar apenas el 21% de los cargos elección.
Los esfuerzos para garantizar una participación más efectiva de las mujeres todavía requieren ajustes para arribar a la justa paridad. La forma como está prevista la distribución de los diputados por sexo según el Artículo 6 del mencionado Acuerdo 003-2016, exige a los movimientos internos de los partidos políticos comprometerse en asignar 58 ó 70 posiciones de propiedad o suplencia para las candidatas. El número seleccionado en cada caso indicará la disposición de los movimientos de los partidos para cumplir con el espíritu de la paridad.
Hubiese resultado más equitativo, considerar un mecanismo que permitiera la posibilidad de contar con 64 posiciones de diputadas propietarias y suplentes respectivamente, en las elecciones primarias de 2017.
Elegir más mujeres en cargos de elección popular, podría contribuir a la expectativa de reducir los índices de corrupción que Honduras revela desde hace un buen tiempo. Es muy probable que las mujeres que han dado un paso al frente para liderar candidaturas presidenciales, alcancen posiciones de mayor responsabilidad y poder con respecto a las que ya ostentan.

Las mujeres en política están llamadas a participar en el reto de construir una Honduras más honesta y transparente.  

lunes, 5 de septiembre de 2016

POLITICA ANTICORRUPCION

Para combatir la corrupción se requiere de una política de estado integral formulada de manera participativa que movilice los recursos, instituciones, regulaciones, auditorías y en fin todos los esfuerzos sincronizados de una sociedad para obtener resultados que permitan transformar la cultura de la oscuridad en el manejo de los recursos públicos por otra de la transparencia teniendo como objetivo primordial el bienestar general de una nación.
La Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción de Colombia (Conpes, diciembre 2013) constituye una referencia completa que abarca tres elementos claves: diagnóstico, plan de acción y sistema de seguimiento y evaluación para combatir la corrupción.
En cuanto al diagnóstico, comprende: El acceso y la calidad de la información pública teniendo en cuenta: estándares de calidad, nivel de acceso, magnitud del fenómeno; herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción, integración de la planeación y gestión, acceso a los cargos públicos, contrataciones públicas, trámites administrativos, control interno, participación de particulares en acciones públicas y estrategias sectoriales anticorrupción.
En lo relativo al control social de la corrupción  y la promoción de la integridad y legalidad se identifican: nivel de información y participación, auditorías sociales, rendición de cuentas;  promoción de la integridad y legalidad, herramientas que garanticen el comportamiento íntegro de los funcionarios, identificación de conflictos de interés, inclusión de temas de transparencia en el sistema educativo así como para la ciudadanía en general, conducta de los partidos y candidatos políticos y accionar del sector privado para prevenir la corrupción.
Completando el diagnóstico, se evalúa el grado de impunidad en actos de corrupción manifestado en: proceso de denuncia, herramientas de investigación, juzgamiento y sanción, coordinación de las entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar los delitos de corrupción y control fiscal a nivel local.

Luego de realizado el diagnóstico se plantea el Plan de Acción para combatir la corrupción incluyendo las siguientes estrategias: i) Acceso y calidad de la información pública; ii) Fortalecimiento de las herramientas de gestión pública; iii) Incremento del control social en la prevención de la corrupción; iv) Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad; y v) Desarrollo de herramientas para luchar contra la impunidad en actos de corrupción.

Finalmente, se establece un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de metas e indicadores cualitativos y cuantitativos nacionales e internacionales, para calificar los avances en la ejecución de la política nacional anticorrupción.