HONDURAS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

 

A seis años, para alcanzar los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) y sus 78 metas cuantitativas y cualitativas al 2030, el lastre de rezago acumulado y acumulándose impedirá al estado hondureño arribar a resultados cercanos al cumplimiento de tales objetivos y metas. La falla será mayor en sectores como salud y educación y el irrespeto a la institucionalidad, como denominador común. Expertos sugieren para países con dificultades como Honduras, un crecimiento económico de 7% anual que se anticipa no se logrará sí se consideran obstáculos políticos, económicos y sociales externos e internos. Honduras creció entre 1951 y 2008, a 3.9% anual.

Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030

OBJETIVOS	METAS NUMERO
1.    Fin de la pobreza,	6
2.    Hambre Cero	2
3.    Salud y Bienestar	3
4.    Educación de calidad	4
5.    Igualdad de género	6
6.    Agua limpia y saneamiento	1
7.    Energía asequible y no contaminante	3
8.    Trabajo decente y desarrollo económico	12
9.    Industria, innovación e infraestructura	3
10. Reducción de las desigualdades	8
11. Ciudades y comunidades sostenibles	3
12. Producción y consumo responsables	5
13. Acción por el clima	1
14. Vida submarina	3
15. Vida de ecosistemas terrestres	1
16. Paz, justicia e instituciones sólidas	12
17. Alianzas para lograr los objetivos	5
TOTAL	78

Fuente: PNUD

Confiar a políticas públicas el desarrollo de un país es por decir lo menos, una utopía. Sus objetivos, actores, institucionalidad que la ejecuta y los destinatarios, son responsables del diseño, acciones y resultados más allá del estricto concepto de sector público: involucra al sector privado y a la sociedad civil, todos, incluso por omisión.

Por ejemplo, en el campo económico, se reconocen como principales políticas las siguientes: monetaria, cambiaria, financiera, fiscal. comercial, de rentas, salarial, defensa de la competencia, social, laboral.

 

El crecimiento, la justicia social, estabilidad de precios, empleo, equilibrio externo, protección de recursos lindan con los campos social y ambiental, pero asumen una alta connotación económica.

 

En la consecución del desarrollo intervienen actores directos:  el sector público (gobierno, municipios) e indirectos:  poderes fácticos (banca, multinacionales, asociaciones de empresarios, sindicatos…), con amplio impacto en los sectores económico y social.

 

Existen percepciones conflictivas entre los receptores de los impactos de las políticas según las necesidades e intereses de los diversos estratos de ingreso. Es más desafiante diseñar y ejecutar políticas en un país desigual como Honduras que en un país menos disímil.

 

La calidad de la institucionalidad influye también la efectividad de las políticas. Esa misma a la que políticos de oficio y otros sectores inescrupulosos, mantienen amenazada complicando aún más las posibilidades de desarrollo del país.

 

La Comisión Nacional de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicó el II informe Nacional Voluntario de la Agenda 2030: de la Recuperación al Desarrollo Sostenible, Julio 2020 con los resultados siguientes:

Tabla 2. Semáforo de Indicadores

 

NIVEL DE LOGRO	METAS NUMERO
Logrado	30
Medianamente logrado	20
No logrado	18
N. D.	10

Fuente: Gobierno de Honduras, 2020

Agenda, lista de deseos o como se le denomine, lograr los ODS es por ahora, una quimera.

SECTARISMO Y DESARROLLO

 

Un estado logra altos niveles de desarrollo si fomenta una mayor inclusión y participación ciudadana al tiempo que crea mayor movilidad ascendente de su gente logrando mantener unida a la sociedad.

Los factores de cohesión social tienen que ver con: confianza en las instituciones; multiculturalismo y no discriminación; solidaridad; participación comunitaria; interés por la política; y valoración de la democracia.

Reiterando, una sociedad cohesionada busca el bienestar de todas las personas, combate la exclusión y marginalización, crea sentido de pertenencia, promueve la confianza y ofrece oportunidades de movilidad social.

El estado hondureño en 202 años de vida independiente ha hecho precisamente todo lo contrario para alimentar la cohesión social pues desde 1827 ha registrado 13 guerras civiles, que disminuyeron en número durante el siglo XX, pero continuó profundizándose a través de otras manifestaciones del poder político como dictaduras prolongadas, golpes y contragolpes de estado, así como asonadas.  

El surgimiento de los partidos liberal en 1891 y nacional en 1902, aumentó la participación ciudadana en la política; aunque ambos partidos, en proporción al tiempo que han permanecido en el poder y en escala diferente, ahondaron la descohesión, pues al alcanzar el poder funcionaron con inclinación similar al saqueo y división social que caracterizó a las guerras civiles.

En 1933, el escenario y los mecanismos de discriminación se movieron de los campos de batalla al disfrute y abuso del poder a favor de aquellos ubicados en el sector público.

A partir de octubre de 1963, las fuerzas armadas incursionaros el escenario político hondureño por 18 años consecutivos, hasta que se logró el retorno a la institucionalidad democrática. A pesar del sesgo de las FFAA hacia el Partido Nacional, en ese lapso lograron reducir de alguna manera el encono sectario bipartidista.

Partidos denominados emergentes como opción al bipartidismo, surgieron a inicios de la década de los años 70’s sin lograr minar al bipartidismo. Desde 1982, la alternabilidad en el ejercicio del poder público se mantuvo hasta el evento de junio de 2009. Luego, en 2017 contra lo establecido en la Constitución Política, se dio una reelección presidencial, hecho que no acontecía desde 1937, cuando Honduras fue testigo del inicio de 3 reelecciones presidenciales consecutivas.

La población hondureña ignoró la ideología marxista desde hace 101 años cuando se fundó el Partido Comunista de Honduras. Dio la impresión que los hondureños rechazarían siempre un gobierno de izquierda, pero la falta de cohesión desconocida por las elites del país, llevaron a las circunstancias que actualmente se viven  con un grupo de tendencia socialista detentando el poder y que cuenta con una agenda internacional que le apoya para alcanzar sus propósitos más allá de un período presidencial.

La descohesión reflejada en la precariedad económica y social de grandes segmentos de la población hondureña, amenaza al establishment en Honduras y tal peligro solo puede superarse sí efectivamente, se retoman apropiadamente los factores de cohesión social que han evidenciado ausencia hacia  las necesidades de un conglomerado al cual el denominado ‘Socialismo del Siglo XXI’ no ha mostrado fehacientemente, que constituye la salvación de una desesperanza cada vez más evidente y profunda.

 

 

 

DE PACTO FISCAL A BATALLA TRIBUTARIA

 

En mayo 2017 con el apoyo financiero de la USAID, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras publicó un documento de 69 páginas denominado Pacto Fiscal para un Desarrollo Sostenible con Transparencia y Rendición de Cuentas, PROPUESTA. Tres de sus proponentes resultan ser altos funcionarios del actual gobierno: 2 en el poder ejecutivo y uno en el legislativo, impulsando la Ley de Justicia Tributaria (LJT).

En las primeras páginas de su propuesta dicen: “¿Qué es un contrato social o pacto de política fiscal? Un contrato social sobre política fiscal (o un pacto fiscal) puede entenderse como un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, sujeto a transparencia y rendición de cuentas, para asegurar su cumplimiento. Puede interpretarse como el acuerdo sociopolítico básico que reconoce las obligaciones del Estado y de los ciudadanos, tomando en cuenta sus derechos. La reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos —que se refleja especialmente en la voluntad de pagar impuestos a cambio de servicios suministrados por el Estado—, es base fundamental para un contrato social de política fiscal. Esto es lo que está recomendando el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal y la Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras al proponer un pacto fiscal.”

Seis años después la visión ponderada que reflejaban en su propuesta de pacto fiscal ha sido sustituida por una actitud hostil, intolerante, agresiva y hasta insultante que inició con los beneficiarios de exenciones fiscales y ahora se completa la furia en contra de los migrantes hondureños que sostienen en gran medida a la economía hondureña proveyendo divisas al estado e ingresos a sus familias que reciben tales transferencias desde diversos lugares del mundo, a pesar que en la promoción inicial de la LJT, negaban y perjuraban que no grabarían tales flujos.

Autoridades del Partido Liberal de Honduras han introducido un anteproyecto de ley denominado de equidad tributaria que intenta suavizar la animosidad evidente en el texto de la propuesta LJT.

La iniciativa liberal plantea fundamentalmente los siguientes aspectos;

1.     Promover las inversiones públicas y privadas.

2.     Establece los rubros de inversión prioritarios, más allá de la LJT.

3.     Propone 4 formas de inversión: 1) pública, 2) pública-municipal, 3) privada y 4) mixta.

4.     El Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (RINDE) con sus incentivos para promover las inversiones y la generación de empleo. Duración 10 años con 10 prorrogables.

5.     Megaproyectos RINDE con una inversión de USD 300 000. Duración 10 años exoneración ISR.

6.     Régimen de Zonas Francas para: Fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED); Promover las exportaciones y aumentar la competitividad del país; Generar empleo; y, obtener una mayor generación de divisas que realicen actividades de manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación y el mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación. La Inversión inicial es de USD 150 000. Duración 10 años con 5 prorrogables.

7.     Índice de Elegibilidad Estratégica (IEE), que contendrá las métricas de cumplimiento de los criterios a evaluar.

8.     Gobernanza controladora de los beneficios: Secretaría de Desarrollo Económico¸ Secretaría de Finanzas¸ Administración Tributaria¸ Administración Aduanera de Honduras.

9.     Incumplimiento y sanciones.

10.Continuidad de exoneraciones vigentes y opción a escoger cualquiera de las opciones propuestas sin simultaneidad.

11.Reformas y derogatorias a determinados regímenes fiscales existentes y transición de regímenes especiales.

12. Digitalización e interoperabilidad de la información en poder del estado para control e intercambio.

13.Manejo confidencial de información del contribuyente y su uso estrictamente tributario, así como sanciones por divulgación para usos diferentes.

14.Aclaraciones sobre beneficiarios finales.

La noción de pacto fiscal remarcada en la propuesta liberal y enunciada en la propuesta de la Alianza de 2017 debe retomarse para resolver una enconada controversia que alimenta la ‘polarización’ pero que no conviene a los intereses de Honduras, en vilo permanente por recurrentes controversias.

LIBRE, Teoría y Práctica

 

El preámbulo de los estatutos del partido LIBRE, surgidos de la Asamblea Extraordinaria del Frente Nacional de Resistencia Popular celebrada en la ciudad de Comayagüela el 26 de junio de 2011 donde se acordó la creación de un nuevo partido político, indica que su misión es “recoger, interpretar y llevar a la práctica, los anhelos del pueblo, así como buscar la construcción de una sociedad libre, independiente, soberana, justa, democrática e igualitaria. “

Constituido mayoritariamente por exmiembros y simpatizantes del Partido Liberal de Honduras, 10 años, 5 meses y 1 día después de la aludida asamblea, LIBRE alcanzó el poder ejecutivo de la nación hondureña mediante una alianza con el PSH y el PINU, alimentada por el repudio de 1.7 millones de votantes que apostaron a un futuro incierto  buscando la salida de un gobierno autoritario y abusivo aunque se arriesgaban a un panorama no del todo desconocido, pues la dirigencia de LIBRE efectuó un intento fallido de asalto al poder el 27 de junio de 2009, con su denominada IV Urna.

Un año, 4 meses y 15 días posteriores a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, algunos temas de los estatutos -una suerte de acta de compromiso permanente entre LIBRE y la ciudadanía hondureña- se comparan con sus actos en ejercicio del poder.

La temática abordada entrecomillada se hace en el orden contenido en los estatutos de LIBRE:

1.     DIALOGO: “vía razonable para recuperar la paz el tejido social e institucional”.  El intercambio coloquial de puntos de vista no ha sido la característica de los principales personeros del gobierno de LIBRE a nivel ejecutivo ni legislativo. Una combinación de conducta autoritaria y esquiva ha eliminado el diálogo como instrumento civilizado en la solución de los problemas del país.

2.     REFUNDACION: “Refundar el Estado de Honduras y trasformar la sociedad, sustentando un profundo sentido de Patria en libertad, democracia, soberanía y poder popular e impulsar procesos que nos conduzcan a una sociedad igualitaria…” La amenaza de una asamblea nacional constituyente para reescribir la constitución de la Republica ha estado presente de manera intermitente desde que LIBRE asumió el poder de la nación e incluso antes de ese evento.

3.     GÉNERO: “Garantizar la equidad e igualdad de género; así como el respeto a la diversidad sexual, desarraigando la cultura patriarcal en todos los ámbitos de la sociedad.” La equidad de género, con atisbos como la integración de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está concentrándose por influencia de organismos internacionales a una agenda de diversificación sexual que tropieza con principios constitucionales relativos a la familia y las costumbres generalizadas de la sociedad hondureña e invade territorios hasta ahora exclusivos del núcleo familiar en cuanto a temas sexuales, educativos y de salud.

4.     EXCLUSION: A pesar de que LIBRE resalta la inclusión, su práctica plantea una retórica permanente de hostilidad y odio hacia grupos empresariales del país, considerados en su membresía.

5.     VALORES: LIBRE exige a sus miembros: “Actuar con base en los valores y principios de la ética revolucionaria, diferenciándose de la práctica oportunista y manipuladora de los políticos tradicionales.” Definida en internet como que “ética revolucionaria, una práctica humanista de los sujetos políticos que están comprometidos en la teoría y la acción con la justicia social, con el cambio de la sociedad capitalista, con el socialismo”. Pero el accionar de los funcionarios de LIBRE se identifica con el nepotismo, requisitos insuficientes para cargos, gastos superfluos, presupuestos sin inversión física, comportamiento autoritario y taimado, etc. Entre acciones y omisiones impropias que lindan con la negligencia, votantes de 2021 parece, desconocieron la definición de la “ética revolucionaria.”

6.     LIBRE EXPRESION: “Respetar y promover la libertad de expresión, de pensamiento y debate; ponderando las opiniones diferentes, evitando y combatiendo la intolerancia, la calumnia y la marginación o exclusión en razón de sus posiciones.” Sin embargo, expresiones oficiales implícitas y explícitas, van en contra de este precepto. Y la conclusión en este asunto es que, constituye una bandera para enarbolarla solo cuando se está en la oposición o es privilegio que se reserva a las disidencias entre sus miembros.

LIBRE debe retomar su compromiso de dialogar, antes que profundice la polarización de la sociedad hondureña y se llegue a un punto de no retorno.

THE ARGENTINEAN GIRL

 

1977. Buenos Aires. It was the summer season.

The night that we went to dine, dance and drink

Cupid had done his job.

Several days after

When she came to my apartment

And left a note under my door

I knew it was the right time for love.

I ran to her apartment

It was almost midnight

Cupid´s enemy did not let me in

Neither allowed me talk to her by intercom.

At last, when she took me to the airport

Ezeiza witnessed the tears that I did not see

Tears that could have changed our history.

Then, we took different roads

Roads that never have crossed again

Despite all my attempts.

DERECHO DE PETICIÓN

 

La Constitución de la República de Honduras establece en su “ARTICULO 80. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”

Sin embargo, ese derecho no debe dar lugar al ejercicio de abusos por parte del peticionario tanto en el ámbito administrativo como en el judicial cuando los litigios resultan onerosos para todas las partes.

En medio de una controversia administrativa donde el peticionario no había cumplido con los requisitos mínimos para ejercer su pretensión, se cuestionó al funcionario receptor por qué había dado curso a una solicitud disminuida en requisitos. La respuesta del funcionario fue: “por el derecho de petición”.

Una vez que una petición irregular, incompleta o sencillamente caprichosa es aceptada, la parte afectada está sujeta a asumir una cantidad de costos pecuniarios y otros aparentemente no pecuniarios como:

1.   Tiempo relacionado con las audiencias.

2.   Gastos de traslado

3.   Gastos de documentación (constancias, etc.)

4.   Honorarios de abogado en casos judiciales

5.   Contrariedades y otros gastos.

Algunas de las expensas mencionadas son aplicables a la misma administración pública, que de manera inoficiosa debe atenderlas y solo contribuyen a redestinar los recursos recaudados de los contribuyentes. Por ello, el impacto económico de peticiones sin lugar afecta tanto a las finanzas privadas como a las públicas.

Por lo anterior es imprescindible que se establezca en Honduras legislación que disminuya o elimine la connotación volitiva de ejercicio del derecho de petición tal como existe en otros países.

En los ámbitos administrativo o judicial, el funcionario al que se dirige el conocimiento de la petición debe facultarse para que, en el preciso momento de su presentación, pueda rechazarla sí detecta que tal acto no cumple los requisitos mínimos de idoneidad, para beneficio de su propio tiempo y del tiempo de la parte afectada injustamente.

A veces la misma gestión pública es quien provoca o da lugar a que se generen situaciones de conflictividad en una sociedad como la hondureña saturada de situaciones conflictivas que como consecuencia aumenta el número de peticiones para ser resueltas por los mismos funcionarios que abren innecesarias e incómodas ventanas de oportunidad.

TRIBUTOS

 

La Ley de Justicia Tributaria, en etapa de socialización en el Congreso Nacional, según la versión disponible en el sitio de la SAR, consta de cuatro instrumentos:

1.     Ley de Justicia Tributaria (LJT)

2.     Reforma constitucional de justicia tributaria

3.     Ratificación de la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal

4.     Ley de Beneficiario Final

La mayor justificación y queja respecto a regímenes de exención existentes es el supuesto abuso por parte de los beneficiarios que deberían probarse antes de ventilarlas en público y desde luego sancionar a los infractores. Cuando un país no ofrece seguridad jurídica e individual, infraestructura; precios competitivos de energía; mano de obra calificada; rapidez en los trámites y otros factores que facilitan la competitividad, el único recurso que le queda para atraer la inversión es de exenciones prolongadas.

Para determinar las bondades de la ley propuesta, principalmente en lo relativo a la consolidación de regímenes de exención existentes en las figuras de Régimen de incentivos de las inversiones para el desarrollo (RINDE) y Régimen de zonas francas, es necesario dimensionar los efectos de la LJT entre otros: 1) Empleo; 2) Salarios;  3) Utilidades; 4) Impacto en la actividad económica general; 5) Inflación; 6) Eventual reducción en los ingresos tributarios; 7) Efecto en los poderes de administración a personas naturales (Ley del beneficiario final); 8) Eliminar contradicciones entre textos; 9) Percepción de potenciales inversionistas sobre tratamiento a regímenes existentes ante nuevas reglas; 10) Bondad del nuevo esquema de regímenes para facilitar la competencia internacional de Honduras.

En cuanto al horizonte de la ley, suponiendo que sea discutida y aprobada, su vigencia estará sujeta a elementos legales y administrativos complementarios. Al rozar con leyes de diversa jerarquía incluyendo la constitución de la República, temas constitucionales tendrán que ser ratificados en la siguiente legislatura, es decir en 2024. El cambio de renta nacional a renta mundial tendrá que acoplarse a los convenios bilaterales al respecto. También deberá considerarse la jerarquía de las leyes expresada en el Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública.

Otro tema vinculado a los objetivos de la ley y dado que por derecho adquirido las exenciones otorgadas no se pueden derogar so pena de recibir el Estado, numerosas y cuantiosas demandas judiciales, es que la SAR tendrá que manejar la legislación vigente paralelamente a la que se derivará de la vigencia de la nueva ley, en caso de aprobarse.

El mayor grupo de obligados tributarios resultado de la nueva ley es el de emigrantes que constituyen más del millón de personas y remiten más de 9 mil millones en remesas, que, tenidas como donaciones, el beneficiario final es hasta ahora el receptor de estas que usan los recursos para sí mismos o por instrucciones del remitente en consumo e inversión y adquieren bienes y servicios por los que pagan el Impuesto Sobre Ventas, tasas, permisos, constancias y otras cargas tributarias.

Al introducirse la Ley de Beneficiario Final, el obligado tributario se formaliza y su primer paso será la obtención del Registro Tributario Nacional. Además, deberán nombrar un representante legal en el país para propósitos transaccionales y tributarios, lo que acarreará gastos y consumo de tiempo para beneficiario final y su representante.

Si el proyecto de ley no expresa clara y explícitamente que las remesas se consideran donaciones, entonces se aplicará a las mismas el concepto de renta mundial que se está introduciendo y por lo tanto serán sujetas a declaración y pago del Impuesto sobre la Renta, según corresponda.

Otro aspecto que introduce el proyecto de ley es la eliminación del secreto bancario para fines tributarios. Esta institución tiene 73 años de vigencia en Honduras desde que entró en vigor la Ley para Establecimientos Bancarios en 1950. Es un tema delicado por seguridad y porque, movimientos bancarios vinculados a remesas, aumentan promedios del receptor-administrador-representante, pero el efecto tributario es respecto al denominado beneficiario final.

Finalmente, si se trata de financiar un presupuesto inflado de corto o mediano plazo, la estrategia de comunicación ha sido totalmente equivocada. No se trata de imponer porque se está en el poder. Es preciso justificar y comprometerse. “Las remesas son donaciones” puede decirlo 50 funcionarios e instituciones. Se les creerá hasta que aparezca en el texto de la ley que pretenden.

Los proyectistas no han previsto que el resultado de la ley puede ser contrario al esperado. Los inversionistas, aunque se les garantice mantener lo adquirido, pueden anticipar situaciones de acoso estatal hacia sus negocios, porque el tema se decidió polarizar. Pueden reaccionar bruscamente ante la amenaza de un ambiente hostil y levantar sus inversiones hacia destinos más amigables. Al desaparecer esas inversiones y ante esquemas novedosos que deberán mostrar su eficacia, podemos encontrar reducción en la actividad económica, desempleo, reducción de ingresos, baja demanda, oferta disminuida e inflación. La economía se basa en la triada producción, distribución y consumo, que se interconectan en cadenas de valor. La recaudación tributaria aumentada, repercutirá en todas las actividades económicas. Provocará su desaceleración y los resultados serán nefastos para todos los operadores económicos.

Por su parte los remitentes de remesas harán su análisis costo/beneficio y podrán escoger y utilizar canales y mecanismos de hacer llegar sus recursos al margen de sistema financiero.