TRAJE TRANSPARENTE

En el mundo, particularmente en el continente americano, la historia tuvo que recorrer centurias para que se reconocieran los derechos políticos a las mujeres.

La secuencia cronológica, del derecho al voto de la mujer en gran parte de América se dio de la siguiente manera: Estados Unidos (1920), Chile (1931), Uruguay (1932), Bolivia (1938), El Salvador (1939), Panamá (1941), Brasil y Cuba (1943), Guatemala y Venezuela (1946), Argentina y México (1947), Costa Rica (1950), Honduras y Nicaragua (1955).

Del voto al acceso a los cargos públicos, las mujeres tuvieron que esperar otro lapso más. Hoy, el asunto es que todavía la mitad de la población con derecho a voto, se encuentra alejada de la meta ideal que le corresponde en las responsabilidades de ostentar el poder público a los más altos niveles.

Una vez en ejercicio del cargo público o cercano a los mismos, fundamentalmente por razones de parentesco, las mujeres no han escapado al virus de la corrupción que corroe el entramado político y social de los países de este continente.

Sin embargo, a pesar de los recientes escándalos de corrupción en los que se han visto envueltas presidentas, primeras damas y otras familiares de políticos poderosos a través de la geografía americana, todavía no se destierra la percepción generalizada que las mujeres preservan una menor inclinación hacia la corrupción y el quebranto de las leyes.

La fuente de la percepción aludida puede afincarse en razones culturales, sociales, educativas, económicas y en la propia condición maternal de la mujer. Sin duda que los recursos que desvía la corrupción, disminuyen en gran medida la atención de las necesidades básicas de la población (salud, educación y vivienda) que suele ser una preocupación mayor de la mujer en las familias.

Usualmente sucede que la mujer en lugar de hechora resulta ser víctima de la corrupción y quizá tal situación explica la resolución de las féminas a combatirla por ser un flagelo que impide el desarrollo económico y social de las grandes mayorías.

Cuando la anticorrupción se viste de mujer desde las estructuras del poder político, puede esperarse mayores y más rápidos resultados en una lucha donde la convicción de realizar cambios va acompañada de los beneficios que entraña.   

TRANSPORTE SINIESTRO

Desde la antigüedad, el hombre ha facilitado su existencia valiéndose de medios de transporte para acortar distancias y trasladar personas y bienes de un punto a otro.

Rápidamente se encontró que aquellos instrumentos veloces que disminuían las distancias, también constituían herramientas útiles para la guerra, la conquista y la dominación.

Hubo que esperar varios siglos para superar los traslados terrestres y marítimos para que la aspiración temprana de viajar por la vía aérea, se concretara. Pronto se descubrió la efectividad en los conflictos armados de los aviones y otros aparatos aéreos.

A través del esfuerzo científico y tecnológico, la modernización de los medios de transporte ha permitido el traslado de mayor número de pasajeros y volumen de carga en menor tiempo y la comodidad de la humanidad ha mejorado sustancialmente. Han sido notables los esfuerzos por aumentar la seguridad de personas y bienes en los diferentes modos de transporte.

Simultáneamente, el descubrimiento siniestro de convertir los medios de transporte en armas de destrucción masiva obliga a imaginar el establecimiento de mecanismos que permitan prevenir la intervención efectiva de los terroristas. Detrás del modus operandi de los terroristas se encuentra la acción corrupta de quienes facilitan sus objetivos criminales.

El terrorista, operador de un medio de transporte cuenta en primer lugar con un motivo, cualquiera que sea; en segundo lugar con un instrumento, cualquier unidad de un medio de transporte; y en tercer lugar, con la predisposición autónoma o inducida de acabar con su existencia, provocando indiscriminadamente el mayor número de bajas inocentes y daños materiales.

A través de la historia los medios de transporte se han utilizado para dilucidar contiendas en batallas y guerras convencionales. Los terroristas por su parte, han trasladado el escenario de las guerras, del campo militar al ámbito civil, en donde el impacto de sus acciones es demoledor, puesto que sus víctimas desprevenidas, no están en guerra con nadie y consecuentemente se enfrentan a ataques inesperados con instrumentos de muerte que no despiertan sospecha alguna.

A diferencia del terrorismo de la guerra fría cuyos fines y blancos eran definidos con precisión y no contaba con operadores suicidas, el terrorismo yihadista tiene al mundo como enemigo; sus fines son difusos; sus blancos son indeterminados; y su pasión por la inmolación es inquietante. Por consiguiente, las estrategias terroristas de antaño no funcionarán y tendrán que replantearse.

Una consigna internacional terrorista, sólo puede ser contrarrestada con una acción coordinada internacional antiterrorista o la población mundial deberá prepararse a sobrevivir con la angustia incómoda de ser víctima de un ataque masivo provocado por algún desequilibrado que ha comprado una recompensa sexual en el otro mundo, a cambio de su acción sanguinaria en la tierra.

COMPRAS FATALES

La adquisición de bienes y servicios para propósitos públicos constituye uno de los expedientes preferidos por los corruptos para agenciarse ganancias inesperadas que usualmente son compartidas entre las partes involucradas.

Las compras sobrevaloradas de bienes, servicios y obras públicas de baja calidad o por debajo de las especificaciones mínimas, a veces, no sólo repercuten en el desvío de recursos escasos, sino que también conllevan infaustas consecuencias.

Obras de infraestructura que se desmoronan y provocan accidentes con daños a la salud o la vida de los usuarios; medicamentos vencidos o adulterados que no alivian ni curan al paciente, pero que si aceleran su muerte; equipos y pertrechos de defensa y seguridad que en lugar de constituir elementos y artefactos de protección resultan inútiles en momentos de emergencia y atentan contra la integridad física de aquellos que las manipulan. Solo para mencionar algunos ejemplos.

Aquellos delitos de corrupción cuyos efectos van más allá del despilfarro de recursos públicos y que como consecuencia ponen en riesgo la seguridad, la salud y la vida de las personas debieran ser sujetos a la acumulación de penas, como elemento disuasivo hacia los delincuentes y para asegurar el criterio de proporcionalidad con respecto a la verdadera magnitud del daño provocado.

No existe diferencia alguna entre la conducta sociópata de un asesino y la de aquel que provoca la muerte de vidas inocentes, influenciado por la imperiosa acción de la codicia a través de la corrupción. Aun cuando existen diversos niveles de violencia entre las conductas aludidas, el resultado final es el mismo.

Es entendible que la medición del impacto de las diferentes tipologías del delito de corrupción ya de por sí, es una tarea engorrosa. Sin embargo, los esfuerzos de medición de las repercusiones directas e indirectas de comportamientos impropios que atentan contra la vida de las personas, deben tomarse en cuenta para el apropiado castigo de los criminales.

INFORMACION PÚBLICA

La población debe estar informada de todas las actividades públicas. Es un derecho de los ciudadanos y un deber de los funcionarios. Contribuye a una gestión pública más eficiente y reduce las posibilidades de prácticas corruptas.

En años recientes, han proliferado normativas internacionales y nacionales; convenios; instituciones y entidades; conferencias; seminarios; y reuniones para impulsar la transparencia de la función pública. De manera inversa, los índices nacionales de corrupción continúan inamovibles y hasta en ascenso sin responder a los numerosos esfuerzos que se realizan para su reducción.

Se trabaja en función de aperturas. Y así, se cuenta entre otros instrumentos con gobiernos, presupuestos, licitaciones y cabildos abiertos. Es posible que tal apertura contribuya a conocer más casos de corrupción ahora, que en el pasado reciente. Nada más. Entonces, el éxito logrado está vinculado al conocimiento de los actos ilícitos pero no a su prevención, sanción y penalización.

La percepción de transparencia, puede resultar totalmente opuesta a su propósito. El solo hecho de transparentar una acción, no resulta automáticamente en garantía para reducir la corrupción. Todo lo contrario. Argumentos vinculados a defensa, seguridad, confidencialidad y similares, constituyen vías libres legales para cometer actos irregulares.

El avance en el acceso a la información pública, no ha impedido la emisión de leyes, decretos, y resoluciones de información reservada, partidas confidenciales y compras directas, creando amplias masas de manejo discrecional tanto de recursos financieros como materiales.  Hasta el acceso a datos que son importantes para el desarrollo y la investigación de un país, se torna difícil o inaccesible.

Cuando transcurren 23 años sin contar con un censo agropecuario no hay duda que las acciones de aquellos que se atreven explotar actividades de por sí riesgosas, resultan en decisiones asumidas con una venda en los ojos. Sitios en la red poco amigables, que exhiben escasa información estadística, el cobro por suministrar la misma y hasta la de leyes que la ciudadanía está obligada a conocer, convierten el acceso a la información en una vereda intransitable.

Para que el acceso a la información contribuya a la transparencia, debe evaluarse su impacto efectivo en la disminución de la corrupción. El estudio permanente y las acciones correctivas de aquellos elementos que obstaculizan sus objetivos, aunado a una participación ciudadana más activa pueden contribuir a alcanzar más rápidamente sus propósitos.

GOBERNANZA

En la construcción de la gobernanza, la democracia ha tenido más éxito en profundizarse a través de los procesos eleccionarios que en la eficaz selección de funcionarios apropiados una vez que los políticos han ganado las contiendas y se hacen del poder público.

La idoneidad y eficiencia de los funcionarios es fundamental para la gobernabilidad y la búsqueda del desarrollo de un país. Su relativa independencia, contribuye a la gestión más efectiva de la cosa pública. El asunto se torna complejo cuando la fuente del nombramiento entiende su rol como superior jerárquico absoluto y la actitud esperada del nombrado consiste en la sumisión y la incondicionalidad.

En general, es impensable esperar independencia de parte de funcionarios nombrados por alguno de los 3 poderes del estado ya sea como directores, presidentes ejecutivos, gerentes o cualquier otra figura similar.

La presencia de representación privada y de la sociedad civil en los aparatos directivos de los entes estatales es positiva para el adecuado desempeño de las instituciones, cuando tal representatividad no responde a intereses personales o de grupo. Por otro lado, la alta rotación de funcionarios coincidiendo con los períodos de gobierno, impide la ejecución continuada de políticas que garanticen el desarrollo nacional en el largo plazo.

La normativa aplicable, usualmente define con certera precisión, las credenciales concernientes a la edad, nivel académico y experiencia de los candidatos a funcionario. Aun así, tales requisitos son ignorados cuando en el nombramiento prima el criterio político. Más difícil es evaluar requisitos para los cuales no existen criterios cuantitativos o cualitativos, como la honorabilidad y la honestidad, aunque se indiquen expresamente.

La actitud absolutista de los funcionarios se reflecta en cascada a través de toda la línea jerárquica del aparato público, arrollando la carrera administrativa de los empleados y estableciendo ambientes proclives a situaciones corruptas.

La Constitución de la República indica que ningún funcionario o empleado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley. Sin embargo, alguien sometido a tal encrucijada, suele sopesar su situación tomando en cuenta el escenario que le espera al obedecer una orden impropia y asumir riesgos impredecibles o levantar la testa de la dignidad y enfrentar las consecuencias.  

DISCRETIONARY ACTIONS

In relations between individuals and the state, the discretionary actions of government officials and employees produce a fertile terrain that facilitates the growth of corruption. The result of sanctions and their progressive nature is intended to deter taxpayers to backslide in their disobedience to the law. The broad discretion of public officials leads to injustice.

Fines or other penalties imposed with ranges of 900 percent (10-100) between a minimum and a maximum are set out in the administrative field; lapses may lead to closure of an establishment in 1 to 15 days. Both schemes induce the originator of the sanction to set, as a negotiating point, the maximum value and stimulates the sanctioned individual or entity to propose a lower value, accompanied by a bribe.

As for the field of justice, penalties for offenses with temporary bonds range widely in size to facilitate negotiations between the parties for their reduction and promote the possibility of easing punishments by the use of bribery compensations.

The source of discretionary actions is the policy that establishes and predisposes towards corrupt behavior by those who execute it. Therefore, reducing the punitive power in the application of penalties by administrative and judicial operators, will help reduce the power of discretion generated which may result in different penalties for equal or similar offenses depending on the ability to pay by  the sanctioned to reduce punishments or penalties brought about by essentially equal circumstances.

The design of sanctions that stimulates inequality can lead to situations of social injustice and economic irrationality. In the case of the closure of an establishment as a penalty, this should only be for extreme situations and to prevent threats to people’s life, health and safety. The disruption of the normal operation of a business is against the interests of owners, employees, suppliers, consumers and even the same operators that impose such a disproportionate and counterproductive penalty.

During economic conditions of poor performance and a high level of unemployment, business closures are bound to produce catastrophic consequences and in these cases business groups should ask the appropriate authorities for the reduction or elimination of discretion in the application of sanctions that could be detrimental to the citizenship.

SHORTCUT CULTURE

A behavior that involves a set of attitudes toward life and other individuals. Underlying this pattern, there is a pernicious resistance to follow the rules; a rush to finish stages; deferring to start, continue or complete a specific task; a tendency to finish products by any means; and a disregard for the pursuit of perfection.

In student life, shortcut culture involves getting good grades by cheating on exams, copying or plagiarizing writings and withholding credit to other sources in thesis works.

In the professional and business world, shortcuts are used to climb the corporate ladder by shaking the competition with unfair and primitive warfare maneuvers; delivering unfinished products devoid of quality control.  The embrace of corruption and collusion with criminal elements and all kinds of malfeasance to accumulate wealth at the fastest rate possible, attached to the principle: "the higher the risk, the higher the return." All this process is built within the frame of disrespect for the consequences.

As a pedestrian or a driver, ignore the footbridges, zebra crossings, sidewalks and the most elementary precautions to avoid being running over. Disrespect of drivers for queues, parking sites and the rules of use of overpasses and tunnels, the weight capacity of bridges, continuous yellow lines, traffic lights and any signs that condition rational behavior.

Shortcut culture is the practice of prioritizing the immediate for the permanent; the insecure for the guaranteed; the illogic for intelligent; anguish for tranquility; and death for life. That, in the end, with patience, can infallibly move the distance between two points and promote satisfactory goals.