THE ARGENTINEAN GIRL

 

1977. Buenos Aires. It was the summer season.

The night that we went to dine, dance and drink

Cupid had done his job.

Several days after

When she came to my apartment

And left a note under my door

I knew it was the right time for love.

I ran to her apartment

It was almost midnight

Cupid´s enemy did not let me in

Neither allowed me talk to her by intercom.

At last, when she took me to the airport

Ezeiza witnessed the tears that I did not see

Tears that could have changed our history.

Then, we took different roads

Roads that never have crossed again

Despite all my attempts.

DERECHO DE PETICIÓN

 

La Constitución de la República de Honduras establece en su “ARTICULO 80. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”

Sin embargo, ese derecho no debe dar lugar al ejercicio de abusos por parte del peticionario tanto en el ámbito administrativo como en el judicial cuando los litigios resultan onerosos para todas las partes.

En medio de una controversia administrativa donde el peticionario no había cumplido con los requisitos mínimos para ejercer su pretensión, se cuestionó al funcionario receptor por qué había dado curso a una solicitud disminuida en requisitos. La respuesta del funcionario fue: “por el derecho de petición”.

Una vez que una petición irregular, incompleta o sencillamente caprichosa es aceptada, la parte afectada está sujeta a asumir una cantidad de costos pecuniarios y otros aparentemente no pecuniarios como:

1.   Tiempo relacionado con las audiencias.

2.   Gastos de traslado

3.   Gastos de documentación (constancias, etc.)

4.   Honorarios de abogado en casos judiciales

5.   Contrariedades y otros gastos.

Algunas de las expensas mencionadas son aplicables a la misma administración pública, que de manera inoficiosa debe atenderlas y solo contribuyen a redestinar los recursos recaudados de los contribuyentes. Por ello, el impacto económico de peticiones sin lugar afecta tanto a las finanzas privadas como a las públicas.

Por lo anterior es imprescindible que se establezca en Honduras legislación que disminuya o elimine la connotación volitiva de ejercicio del derecho de petición tal como existe en otros países.

En los ámbitos administrativo o judicial, el funcionario al que se dirige el conocimiento de la petición debe facultarse para que, en el preciso momento de su presentación, pueda rechazarla sí detecta que tal acto no cumple los requisitos mínimos de idoneidad, para beneficio de su propio tiempo y del tiempo de la parte afectada injustamente.

A veces la misma gestión pública es quien provoca o da lugar a que se generen situaciones de conflictividad en una sociedad como la hondureña saturada de situaciones conflictivas que como consecuencia aumenta el número de peticiones para ser resueltas por los mismos funcionarios que abren innecesarias e incómodas ventanas de oportunidad.

TRIBUTOS

 

La Ley de Justicia Tributaria, en etapa de socialización en el Congreso Nacional, según la versión disponible en el sitio de la SAR, consta de cuatro instrumentos:

1.     Ley de Justicia Tributaria (LJT)

2.     Reforma constitucional de justicia tributaria

3.     Ratificación de la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal

4.     Ley de Beneficiario Final

La mayor justificación y queja respecto a regímenes de exención existentes es el supuesto abuso por parte de los beneficiarios que deberían probarse antes de ventilarlas en público y desde luego sancionar a los infractores. Cuando un país no ofrece seguridad jurídica e individual, infraestructura; precios competitivos de energía; mano de obra calificada; rapidez en los trámites y otros factores que facilitan la competitividad, el único recurso que le queda para atraer la inversión es de exenciones prolongadas.

Para determinar las bondades de la ley propuesta, principalmente en lo relativo a la consolidación de regímenes de exención existentes en las figuras de Régimen de incentivos de las inversiones para el desarrollo (RINDE) y Régimen de zonas francas, es necesario dimensionar los efectos de la LJT entre otros: 1) Empleo; 2) Salarios;  3) Utilidades; 4) Impacto en la actividad económica general; 5) Inflación; 6) Eventual reducción en los ingresos tributarios; 7) Efecto en los poderes de administración a personas naturales (Ley del beneficiario final); 8) Eliminar contradicciones entre textos; 9) Percepción de potenciales inversionistas sobre tratamiento a regímenes existentes ante nuevas reglas; 10) Bondad del nuevo esquema de regímenes para facilitar la competencia internacional de Honduras.

En cuanto al horizonte de la ley, suponiendo que sea discutida y aprobada, su vigencia estará sujeta a elementos legales y administrativos complementarios. Al rozar con leyes de diversa jerarquía incluyendo la constitución de la República, temas constitucionales tendrán que ser ratificados en la siguiente legislatura, es decir en 2024. El cambio de renta nacional a renta mundial tendrá que acoplarse a los convenios bilaterales al respecto. También deberá considerarse la jerarquía de las leyes expresada en el Artículo 7 de la Ley General de Administración Pública.

Otro tema vinculado a los objetivos de la ley y dado que por derecho adquirido las exenciones otorgadas no se pueden derogar so pena de recibir el Estado, numerosas y cuantiosas demandas judiciales, es que la SAR tendrá que manejar la legislación vigente paralelamente a la que se derivará de la vigencia de la nueva ley, en caso de aprobarse.

El mayor grupo de obligados tributarios resultado de la nueva ley es el de emigrantes que constituyen más del millón de personas y remiten más de 9 mil millones en remesas, que, tenidas como donaciones, el beneficiario final es hasta ahora el receptor de estas que usan los recursos para sí mismos o por instrucciones del remitente en consumo e inversión y adquieren bienes y servicios por los que pagan el Impuesto Sobre Ventas, tasas, permisos, constancias y otras cargas tributarias.

Al introducirse la Ley de Beneficiario Final, el obligado tributario se formaliza y su primer paso será la obtención del Registro Tributario Nacional. Además, deberán nombrar un representante legal en el país para propósitos transaccionales y tributarios, lo que acarreará gastos y consumo de tiempo para beneficiario final y su representante.

Si el proyecto de ley no expresa clara y explícitamente que las remesas se consideran donaciones, entonces se aplicará a las mismas el concepto de renta mundial que se está introduciendo y por lo tanto serán sujetas a declaración y pago del Impuesto sobre la Renta, según corresponda.

Otro aspecto que introduce el proyecto de ley es la eliminación del secreto bancario para fines tributarios. Esta institución tiene 73 años de vigencia en Honduras desde que entró en vigor la Ley para Establecimientos Bancarios en 1950. Es un tema delicado por seguridad y porque, movimientos bancarios vinculados a remesas, aumentan promedios del receptor-administrador-representante, pero el efecto tributario es respecto al denominado beneficiario final.

Finalmente, si se trata de financiar un presupuesto inflado de corto o mediano plazo, la estrategia de comunicación ha sido totalmente equivocada. No se trata de imponer porque se está en el poder. Es preciso justificar y comprometerse. “Las remesas son donaciones” puede decirlo 50 funcionarios e instituciones. Se les creerá hasta que aparezca en el texto de la ley que pretenden.

Los proyectistas no han previsto que el resultado de la ley puede ser contrario al esperado. Los inversionistas, aunque se les garantice mantener lo adquirido, pueden anticipar situaciones de acoso estatal hacia sus negocios, porque el tema se decidió polarizar. Pueden reaccionar bruscamente ante la amenaza de un ambiente hostil y levantar sus inversiones hacia destinos más amigables. Al desaparecer esas inversiones y ante esquemas novedosos que deberán mostrar su eficacia, podemos encontrar reducción en la actividad económica, desempleo, reducción de ingresos, baja demanda, oferta disminuida e inflación. La economía se basa en la triada producción, distribución y consumo, que se interconectan en cadenas de valor. La recaudación tributaria aumentada, repercutirá en todas las actividades económicas. Provocará su desaceleración y los resultados serán nefastos para todos los operadores económicos.

Por su parte los remitentes de remesas harán su análisis costo/beneficio y podrán escoger y utilizar canales y mecanismos de hacer llegar sus recursos al margen de sistema financiero.

DESGOBERNAR

 

RAE: tr. Deshacer, perturbar y confundir el buen orden del gobierno. En la construcción de la gobernanza, la democracia ha tenido más éxito en profundizarse a través de los procesos eleccionarios que en la eficaz selección de funcionarios apropiados una vez que los políticos han ganado las contiendas y se hacen del poder público. Sin embargo, se está observando en varios países de Latinoamérica, un patrón desolador.

La idoneidad y eficiencia de los funcionarios es fundamental para la gobernabilidad y la búsqueda del desarrollo de un país. Su relativa independencia, contribuye a la gestión más efectiva de la cosa pública. El asunto se torna complejo cuando la fuente del nombramiento entiende su rol como superior jerárquico absoluto y la actitud esperada del nombrado consiste en sumisión e incondicionalidad; obediencia ciega que no debe aplicarse a la totalidad de la administración pública.

En tal ambiente, es impensable esperar independencia de parte de funcionarios nombrados por alguno de los 3 poderes del Estado ya sea como directores, presidentes ejecutivos, gerentes o cualquier otra figura similar.

La representación privada y de la sociedad civil en aparatos directivos de los entes estatales es positiva para el adecuado desempeño de las instituciones, cuando tal representatividad no responde a intereses personales o de grupo. Por otro lado, la alta rotación de funcionarios coincidiendo con períodos de gobierno o como distracción de crisis, impide la ejecución continuada de políticas que garanticen el desarrollo nacional en el largo plazo.

La normativa aplicable, usualmente define con certera precisión, las credenciales concernientes a la edad, nivel académico y experiencia de los candidatos a funcionario. Aun así, tales requisitos son ignorados cuando en el nombramiento prima el criterio político sectario y el requisito de fanático a la obediencia ciega. Más difícil es evaluar requerimientos para los cuales no existen criterios cuantitativos o cualitativos, como la honorabilidad y la honestidad, aunque se indiquen expresamente. Para el caso, las exigencias para ser diputado en Honduras son excesivamente laxas:

Constitución de la República: “Artículo 198. Para ser elegido Diputado se requiere:

1. Ser hondureño por nacimiento;

2. Haber cumplido (21) veintiún años de edad;

3. Estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos;

4. Ser del estado seglar; y,

5. Haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos los últimos (5) cinco años anteriores a la fecha de convocatoria a elecciones.”

La actitud absolutista de los funcionarios se reflecta en cascada a través de toda la línea jerárquica del aparato público, arrollando la carrera administrativa de los empleados públicos y estableciendo escenarios proclives a situaciones ilegales y corruptas.

La Constitución de la República indica que ningún funcionario o empleado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley. Sin embargo, alguien sometido a tal encrucijada, suele sopesar su situación tomando en cuenta el escenario que le espera al obedecer una orden impropia y asumir riesgos impredecibles (algunos están cumpliendo condenas de cárcel) o levantar la testa de la dignidad y enfrentar con hidalguía las consecuencias.  

INFLACION Y HOGARES

 

El aumento de los precios afecta de manera implacable fundamentalmente a los hogares y a las personas que dependen de ingresos fijos ya sea sueldos y salarios o pensiones y jubilaciones. Trabajadores con ingresos variables, están en posición de ajustarlos dependiendo de la elasticidad ingreso o precio de la demanda de los productos o servicios que vendan.

Empresas modifican también los precios de sus bienes y servicios dependiendo del comportamiento del consumidor y del tipo de mercado en donde se encuentren ubicados particularmente competencia monopolística u oligopólica.

Está garantizado para el segmento de ingresos fijos, que a medida se encogen sus entradas es insostenible pretender mantener el patrón de consumo al que se había acostumbrado mientras los precios eran relativamente estables. Una vez que se enfrenta la escalada de precios que inició en 2020 con la pandemia COVID-19; se agudizó con el conflicto bélico ruso-ucraniano en 2022; y amenaza con profundizarse con crisis financieras internacionales en 2023 es preciso modificar la demanda y cantidad demandada de bienes y servicios.

Algunas sugerencias de carácter general para quienes deseen acomodar el incremento de precios al tamaño de un ingreso disminuido son dependiendo de gustos y preferencias:

1.     Concentrarse y priorizar la lista de bienes y servicios de consumo recurrente no duradero, particularmente los vinculados a la alimentación, aseo personal y del hogar, así como al cuidado de la salud.

2.     Siempre que sea posible, cotizar vía telefónica o por internet los precios de los bienes y servicios que van a adquirir.

3.     Controlar y racionar el consumo y uso de servicios básicos: agua, luz, electricidad, telefonía, internet, etc.

4.     Para el caso de diligencias en auto, plantearse una ruta crítica abarcando varios puntos que requieran visita presencial y para el caso de transacciones utilizar canales electrónicos.

5.     Con respecto a productos y servicios necesarios de consumo recurrente, aprovechar cada promoción que se le presente con descuentos y rebajas.

6.     En lo posible evitar el financiamiento de mediano y largo plazo, a altas tasas de interés.

7.     El cocimiento de alimentos de ingesta diaria debe hacerse en cantidad suficiente para cubrir el consumo de una semana conservándola vía congelamiento.

8.     Para algunos productos, considerar el cambio de abastecedores, sí las diferencias de precios superan los costos de concentrarse en un número reducido de proveedores.

9.     Calendarizar el pago de obligaciones recurrentes, principalmente tarjetas de crédito y evitar costos por intereses, recargos y multas.

10. Estar atento y disponible a aprovechar cualquier actividad lícita que permita ampliar sus ingresos.

 

DESAFIOS AGRICOLAS

 

La Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras, FENAGH, recientemente eligió nuevos directivos. Su presidente, Ingeniero Héctor Ferreira Sabillón plantea tres prioridades:

1.     Financiamiento

2.     Cambio climático

3.     Levantar autoestima de productores para competir en los mercados.

En 2023 entrarán libres los productos incluidos conforme al calendario de la lista de desgravación de subpartidas arancelarias negociadas por Honduras en el CAFTA-RD.

El último censo nacional agropecuario de Honduras se refiere al año 1993. Durante 30 años, la ausencia de estadísticas censales ha afectado el conocimiento detallado de la actividad económica más importante del país en términos de generación de empleo, producto interno bruto sectorial ampliado y exportaciones. También dificulta la formulación de políticas, proyectos y programas para impulsar su crecimiento y desarrollo.

El contexto que enfrenta la agricultura hondureña se observa cargado de retos que efectivamente requieren de esfuerzos que quizá nunca se habían conjugado para enfrentar la amenaza inminente a esta actividad económica. Y desde luego, precisa iniciar en algún punto con la facilitación del gobierno.

La lista de retos abarca sin ser exhaustiva:

i)                El impacto de la crisis inflacionaria mundial provocado primero por la pandemia de COVID19 y la irrupción en las cadenas de valor a nivel mundial y luego por el conflicto Rusia-Ucrania que no da visos de resolverse pronto después de rebasado un año.

ii)              La amenaza de una recesión mundial con raíces en el tema sanitario (2020), bélico (2022) y ahora exacerbado por crisis financiera (2023) de importantes bancos internacionales.

iii)            El resurgimiento de plagas y enfermedades de carácter sanitario (fitosanitario y zoosanitario) así como de males nuevos unos (viruela del simio) y otros que se creían erradicados como la tuberculosis y poliomielitis.

iv)            La inclinación política-ideológica a nivel internacional a la que Honduras se está integrando que atenta contra el crecimiento económico por dar paso a medidas populistas que desaniman el clima de negocios.

v)              La escasez de mano de obra agrícola por la emigración que continúa y arreciará en la medida que se deterioren rápidamente las condiciones económicas y sociales de Honduras.

vi)            La decisión política de sustituir socios económicos y comerciales de Honduras, sin demostrar la mejora costo/beneficio de tales decisiones y provocando ajustes inesperados y la búsqueda de nuevos mercados.

vii)          La amenaza de los efectos de los desastres del cambio climático frente a la desidia y negligencia pública de adoptar las apropiadas medidas de previsión y mitigación.

viii)        La nula preocupación por atender la ciencia y tecnología evidenciada por la ausencia de partidas identificables al respecto dentro del presupuesto nacional de la República 2023.

ix)            La intención de elevar ingresos fiscales en condiciones adversas sobre los agentes económicos, sin especificar el destino que se dará a ingresos que, en condiciones económicamente deterioradas, dudosamente incrementarán.

x)              La complacencia generalizada para proceder a detener las amenazas a la seguridad jurídica y ciudadana, que aumentan el riesgo a la agricultura que intrínsecamente es de naturaleza arriesgada.

Los desafíos actuales de la agricultura hondureña van mucho más allá de sus connotaciones económicas; constituyen una tarea suprema y de atención urgente. La carestía de productos agrícolas y su vinculación con la alimentación, la salud y el bienestar en general de la población hondureña debe ser un asunto de apropiado tratamiento por parte de la sociedad hondureña y fundamentalmente por aquellos responsables de adoptar las decisiones necesarias.

ESCENARIO DICTATORIAL

 

Alcanzaron el poder sustentado en el odio hacia un autoritarismo oprobioso que combinaba poderosos vínculos con el crimen organizado al mismo tiempo que mantenían y racionaban privilegios a potentados favorecidos por contrataciones públicas. Una administración que utilizó el terrorismo fiscal para perseguir opositores y favorecer adeptos político-empresariales a quienes aplicaban medidas laxas en cuanto a sus obligaciones tributarias. Ofrecieron derogar leyes impopulares para resultar favorecidos por el voto de los creyentes, para una vez en el poder dar la espalda a sus promesas; derogar algunas disposiciones que solo debían reformarse; y están aumentando la presión que asfixiará la inversión y  generación de empleo.

El dictador se arropó en la bandera de la izquierda; una suerte de populismo primitivo que ha demostrado tener éxito en buena parte de América Latina. La diferencia con el autoritarismo que les facilitó el acceso al poder es que el previo era básicamente interno (salvo sus alianzas criminales foráneas) y el actual ha vendido el alma a un mamarracho que se denomina socialismo del siglo XXI. El denominador común de ambos esquemas, el reciente y el actual, es su autoritarismo, sectarismo, la compra de voluntades, la distribución de dádivas a los pobres y el control de negocios importantes de la nación: la concesión de recursos naturales, la infraestructura y los servicios existentes (recientemente amenazaron con fundar un banco de remesas).

El dictador desde el poder ejecutivo nombra, controla y dicta órdenes al poder legislativo por medio de una junta directiva espuria y con el apoyo condicionado de diputados de partidos de ‘oposición’; a las autoridades electorales; a los cuerpos armados; y a todo el aparato del sector público, al que incluso le exige sumisión y pleitesía. En la nueva corte de justicia, nombrada mediante un intrincado procedimiento ligeramente diferente al pasado, descansa un hálito de esperanza a que se constituya en poder independiente ausente de vasallaje ante el ejecutivo que mantiene una agenda incólume de transformar el país hacia su destrucción.

El dictador y su camarilla manifiesta su desprecio por la institucionalidad y el imperio de la ley, y mucho más sobre valores que han prevalecido en la población hondureña desde antes de la conquista.   

Igual que su antecesor, la inseguridad forma parte del sesgado esquema operativo del dictador. Sus aliados cuentan con protección policial y militar, mientras el resto de la población tiene que agenciarse su propia protección contra la violencia y el crimen.

Otro elemento fundamental del proyecto dictatorial es el control casi total de medios de comunicación y embestidas a la libertad de expresión. Da pena, la manera entreguista con que, antiguos defensores del pueblo hoy utilizan su pluma y sus canales para aprobar, justificar o defender el “proyecto socialista” y atacar a todo aquel que se cruce en su camino. Porque ‘pueblo’ es hoy un sustantivo aplicado a un segmento muy reducido de la población: los adláteres del gobierno.

El dictador entonces sabe que la marcha de su proyecto está avalada por:

·        Valores morales precarios y necesidades ingentes de la población en general.

·  Individuos, empresas y organizaciones de sociedad civil, domesticadas por prebendas, amenazas y persecuciones gubernamentales de todo tipo.

·        Marco legal diseñado a su favor: Constitución, convenios internacionales, códigos, leyes, reglamentos, resoluciones y manuales.

·        Algunos organismos internacionales, complacientes.

·        Marco institucional sometido: parte de los poderes del estado, cuerpos armados, secretarías de estado, alcaldías, gubernaturas, auditoras, fiscalías, observatorios, comisiones, comisionados.

·        Fuente financiera garantizada: los recursos públicos de la nación utilizados a discreción.

·        Aparato mediático desorientador.

·        Inmovilización de la oposición: Intervención en partidos y adhesión de dirigentes opositores.

El dictador cuenta con el escenario preparado para su siguiente gran zarpazo: ganar las próximas elecciones a como dé lugar. Y sí el mapa de ruta le resulta, al día siguiente de conocerse los resultados en las urnas, habrá miles de arrepentidos por acciones u omisiones. Otra vez. Entonces, podría ser demasiado tarde.