miércoles, 20 de septiembre de 2017

LIBROS Y CONOCIMIENTO

Existe aún la tendencia de pretender medir el nivel intelectual y de erudición de las personas por los libros en papel que ha leído, que está leyendo o que leerá en el futuro.
En el presente siglo, con la diseminación masiva de dispositivos electrónicos incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, las posibilidades de leer el significado de una determinada palabra en cualquier idioma, hasta un libro completo, ya sea novela o material educativo técnico-científico, están mucho más allá de lo que la vista, los oídos y el cerebro pueden asimilar sobre un escrito plasmado en papel.  
Dentro de la educación formal, los dispositivos electrónicos juegan un papel cada vez más importante en la diseminación del conocimiento, sea que se trate de un esquema mixto, presencial y a distancia, o exclusivamente por esta última vía.
La profusión de publicaciones que salen a luz todos los días obliga tanto a lectores como a editores, a seleccionar aquella información que le es más útil, interesante o importante, en el caso de los primeros, y a reducir el número de páginas de contenido duro o virtual que los segundos ponen a disposición de los consumidores ya sea a título gratuito u oneroso.
En 2014, la proporción de libros digitales vendidos era del 30%. Seguramente esa proporción ha aumentado en la actualidad. Entonces, es claro que la tendencia de los lectores es y será hacia la lectura por esa vía.
Otra forma de adquirir conocimiento es a través de webinars los que tienen una connotación desde nacional hasta internacional, dominando el escenario en este caso, las universidades, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de alcance mundial. Cada vez es más frecuente, la convergencia de expositores de alto calibre y el intercambio a través de webcasts con participantes de todo el planeta compartiendo puntos de vista y opiniones a través de la red sobre asuntos de importancia planetaria.
Hasta que apareció la imprenta de Gutemberg o de los chinos, la diseminación de conocimiento era escasa. En la antigüedad, los filósofos transmitían sus conocimientos por la vía oral. Entonces, la capacidad cognitiva no está circunscrita al acceso a la lectura de los libros en papel. Hoy, hay cantidad de instrumentos y dispositivos, que facilitan cada vez más la capacidad humana del conocimiento.
El libro en papel tiene sus propias virtudes de naturaleza material, sicológica y hasta espiritual. Incrementa la sensación de diálogo entre el autor y el lector; es más resistente al descuido; y resulta más versátil cuando se trata de absorberlo en el lugar más cómodo que escoja el lector.


jueves, 10 de agosto de 2017

LEY MORDAZA

Los gobiernos y los grupos de interés vinculados al poder escogen coartar el derecho a la libertad de expresión esgrimiendo cualquier argumento que resulte válido para ellos, a fin de eliminar todo tipo de crítica que pueda poner en peligro la consolidación del statu quo.
El modus operandi de los hiperestésicos hacia la crítica toma diversas formas, principalmente por medio de regulaciones que coartan la libre expresión. Otras, aparentemente imperceptibles se manifiestan por otros medios. Toman otras formas.
Cada vez es más frecuente encontrar en las redes sociales, desde tormentas hasta diluvios de “sabios” consejos copiados o expresados por personas autodenominadas motivadoras, dirigidas a indicar que el silencio es el comportamiento más sabio de los individuos para sobrevivir  en una sociedad en donde señalar las injusticias y oponerse a los comportamientos autoritarios son la regla de oro para acceder a oportunidades que en algún momento indeterminado de su vida, se le otorgarán en compensación a su mutismo oportunista. Conscientemente o no, los lectores convencidos le otorgan un “me gusta” o comparten la perla de sapiencia y cálculo que aparece como consejo en su muro.
Los franceses y su revolución; los norteamericanos, indios y sudafricanos y su independencia; Martin Luther King y su lucha por los derechos civiles con sus diversas formas de expresarse y manifestarse, son ejemplos que dejaron un legado a la humanidad la cual no existiría como la conocemos hoy, si los protagonistas hubieran permanecido en el silencio cómplice.
No hay duda de que el silencio y la confidencialidad son un requisito primordial en los campos de negocios, militar, religioso, político y todas aquellas actividades humanas que requieren de secretividad para alcanzar sus objetivos. También, existen reglas escritas o no, donde el silencio es hermano de la elemental discreción. Pero, no siempre, el silencio debe convertirse en regla general, con el fin de evitar perturbar la caprichosa tranquilidad de quienes detestan hasta los murmullos respecto a sus inexcusables acciones.
Es imposible establecer reglas de prudencia, instrumentadas por el silencio. Cada uno, según sus antecedentes, formación y experiencia debe establecer qué, cuándo, dónde y cómo expresar sus ideas sobre el tema que sea de su agrado opinar y atenerse a las consecuencias, sí es que tienen que haber. No existe sistema cuantitativo que mida la extensión, el peso o el volumen de lo que se expresa. Y sí existiera, estaría sujeto a la elasticidad del criterio de cada uno.



lunes, 7 de agosto de 2017

ISO Y POLITICA

Las normas ISO especifican requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que sus productos o servicios cumplen con la calidad deseada. ISO (International Organization for Standardization), ha publicado alrededor de 19.500 normas internacionales disponibles en su página oficial (http://www.iso.org/).
Para las organizaciones, las normas ISO son instrumentos que permiten minimizar costos, hacen posible la reducción de errores y favorecen el aumento de la productividad. Ayudan en casi todos los aspectos cotidianos de una persona, como garantizar la seguridad vial o la seguridad de los juguetes. Cuando un producto o servicio cumple con las normas ISO, los clientes pueden confiar que cuentan con la calidad exigida a nivel mundial.
En los negocios, los estándares ISO contribuyen a que: Se reduzcan los costos; se optimicen las operaciones; se incremente la satisfacción del cliente; colaboran a mejorar la calidad de los productos o servicios cumpliendo con las exigencias de los usuarios; abren el acceso a nuevos mercados; reducen barreras al comercio internacional; incrementan el comercio; y aportan una ventaja competitiva.
Los sistemas de gestión también conocidos como SG coadyuvan a la gestión de procesos generales o específicos de una organización y tienen como finalidad establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las organizaciones que los ponen en marcha obtienen numerosas ventajas de su aplicación.
Las Normas ISO están diseñadas fundamentalmente para mejorar los sistemas de gestión de empresas y organizaciones privadas. Sin embargo, su uso es cada vez más frecuente en ciertos productos, servicios y funciones que ejecuta el sector público.
Mentira, engaño, y falsedad son las principales características de productos y servicios ofrecidos por los políticos en la gestión pública y marcan la enorme diferencia entre las exigencias de la clientela de las empresas privadas versus lo esperado de las ofertas que venden los políticos antes de acceder al poder o una vez detentándolo. Lo extraño de la clientela política es que, siendo prácticamente la misma que reclama calidad al sector privado, se torna complaciente ante los cantos de sirena de los políticos. Es más. Persevera en “comprar” toda una vida, los bienes y servicios que ofertan los políticos. Es una suerte de fidelidad autodestructiva.
El político no padece del efecto rubor ante sus mentiras. Asegura con la mayor desfachatez: “todas las carreteras del país están pavimentadas”; “los hospitales están abastecidos de medicamentos”; o “somos el país más seguro de Latinoamérica”,  lo que significa burlarse del auditorio que oye, lee o contempla sus patrañas hasta el hartazgo.

Es por ello, que la incorporación de un (Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la administración pública, especialmente en órganos electorales (tarea de la OEA) permite que las instituciones alcancen los objetivos trazados en sus planes estratégicos, teniendo como objetivo principal la satisfacción de los ciudadanos a través de la organización de procesos electorales limpios y transparentes. Además, el órgano electoral se moderniza dado que el concepto de calidad está ligado a la provisión en este caso de servicios electorales y a la satisfacción de la población; la improvisación se reduce y la gerencia se profesionaliza. Para los tribunales electorales, el producto final de su venta son las elecciones y la calidad se introduce a toda la organización lo que, a través de su gerencia, tendrá un efecto positivo en la organización, desarrollo y resultado decente de las mismas.

viernes, 28 de julio de 2017

SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA

El 30 de diciembre de 2006, entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones de gobierno principalmente, informar a la ciudadanía sobre sus actividades, operaciones y utilización de recursos.  A pesar de los magros recursos con que ha funcionado el Instituto de Acceso a la Información Pública, su ímpetu en transparentar las acciones de los entes públicos fue entusiasta en sus primeros años.
A medida que se desbordó la inseguridad y la criminalidad y aumentaron las acciones para combatirla, la inclinación hacia la opacidad por parte de los funcionarios públicos ha ido encerrando en un manto de secretividad las actividades del gobierno lo que ha facilitado la proliferación de operaciones fraudulentas con recursos públicos de la dimensión del desfalco acontecido al Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otros.
Instrumentos como el Decreto No. 418-2013, con el cual el Congreso Nacional de Honduras emitió la Ley para Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional cuyo objetivo es regular los temas que alude la misma ley, han alentado la corrupción.
Conforme su Artículo 3, pueden ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en estas materias.
El Artículo 4 establece las categorías de clasificación: Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra Secreta, consistente con el nivel de daño que causaría revelar la información categorizada.
La clasificación corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional de Seguridad. Los tiempos de desclasificación de la información (Artículo 7) son: Reservada: 5 años; Confidencial: 10 años; Secreta: 15 años; Ultra Secreta: 25 años. Estos plazos pueden aumentar o disminuir teniendo en cuenta las circunstancias y los procedimientos que indica la ley.
El conocimiento, acceso y protección de la información clasificada (Artículo 9) será determinada conforme su nivel, respecto al personal que se calificará, quien tendrá las correspondientes responsabilidades al respecto (Artículos 12 y 14).  
Por su parte, la Ley Especial Sobre intervenciones de la Comunicaciones Privadas, Decreto 243-2011 faculta la intervención de las llamadas telefónicas mediante instrucción judicial. Sólo con las dos leyes señaladas (hay otras regulaciones con cláusulas de confidencialidad), la ciudadanía hondureña se encuentra en situación no recíproca pues, el gobierno aludiendo razones de seguridad, tiene acceso a información de todo tipo con respecto a los ciudadanos en general por medio de diversas dependencias, mientras la ciudadanía encuentra cerradas las puertas para informarse qué está haciendo el gobierno con los recursos que el pueblo le ha confiado.

Es preciso equilibrar el nivel de información entre gobernantes y gobernados. El expediente de la confidencialidad en el gobierno por razones de seguridad no es consecuente con los logros que se han alcanzado en esta materia hasta ahora e infortunadamente son evidentes sus efectos adversos como lo denota la falta de transparencia que nos mantiene fuera de la Cuenta del Desafío del Milenio. 

sábado, 22 de julio de 2017

LEALTAD POLITICA

La lealtad en la política partidista resulta ser un tema que no contempla de manera explícita en Honduras, la Ley Electoral y tampoco los estatutos de los partidos políticos. No existe lealtad por parte de los candidatos electos, ya sea en comicios primarios o en elecciones generales, hacia los grupos de apoyo y electores que creyeron en falsos proyectos políticos y aportaron recursos financieros, materiales y tiempo para favorecer a sus líderes en puestos de elección popular.
Cuando el candidato a un puesto de elección se promueve como un producto de buena calidad para una posición determinada, el electorado que cree en sus promesas confía en que la fecha de expiración del mismo está relacionada con la efectividad que tenga ante sus competidores y que el “producto” continuará en la competencia hasta haber demostrado sus cualidades.
El abandono de la contienda por parte de un candidato electo, en cualquier etapa de la misma, es similar al comportamiento de un desertor que deja el campo de batalla en medio del fragor de la lucha.  Como un producto que apela al consumidor, el candidato debe demostrar su idoneidad, tantas veces como se lance al ruedo político; es decir, siempre.
El candidato electo fallido que no evidencia razones justificadas para burlar la preferencia del electorado irrespeta, menosprecia y traiciona a quienes lo favorecieron con su voto.
Los candidatos electos, sin duda, deben contar con atributos para agenciarse los votos del electorado. Pero eso no debe obnubilarlos a creer que el peso electoral obtenido es el resultado únicamente de sus habilidades y merecimientos y que sus votantes constituyen una suerte de mercado cautivo que los va a premiar con su elección, independientemente del número de veces que los traicionen.

También se juega peor con el electorado, cuando una vez en el cargo, el candidato electo se dedica a negociar, transar o ejecutar acciones en perjuicio de aquellos mismos que lo favorecieron con su voto. O manifiesta un comportamiento neutro. Esta actitud es mucho más nociva que abandonar una candidatura, puesto que, el candidato en lugar de defender los intereses generales se transforma en verdugo de la población y consecuentemente de su propia base política.

miércoles, 19 de julio de 2017

ECONOMIA DE SUMA CERO

Reflejo del inusitado deseo por acceder o retener el poder de una nación, los políticos en general llegan a prometer al electorado, resolver los problemas y las situaciones que le afligen, haciendo caso omiso de las dimensiones espaciales, temporales y financieras de sus intencionadas soluciones, así como de las distorsiones que suelen tener las economías pequeñas y abiertas.
En la práctica, parece más expedito para los gobernantes establecer políticas económicas contraccionistas como aumentar los impuestos, reducir el gasto público, depender de la inversión extranjera, controlar los precios, aumentar excesivamente el salario mínimo, mantener artificialmente el tipo de cambio fijo, reducir coactivamente las tasas de interés, agrandar el costo del servicio de la deuda, incrementar el costo de los servicios públicos y aumentar los subsidios.
Cuando las acciones del gobierno afectan a unos sectores para favorecer a otros, el país se encuentra virtualmente ante una situación de suma cero. Eventuales efectos de las medidas contraccionistas son:
1.       Aumentar impuestos: Reduce el consumo y la inversión de individuos y empresas.
2.       Reducir el gasto público: Disminuye el gasto y la inversión pública.
3.       Depender de inversión extranjera: Basada en concesiones, reduce ingresos y descapitaliza el patrimonio nacional.
4.       Controlar precios de la canasta básica: Favorece a los consumidores, afecta los ingresos y la inversión de productores, principalmente agrícolas.
5.       Aumentar desmesuradamente el salario mínimo: Beneficia a quienes lo reciben, pero provoca desempleo en las empresas que no pueden pagarlo y constituye barrera para nuevos entrantes al mercado laboral aumentando el desempleo total.
6.       Tipo de cambio fijo artificial: Abarata las importaciones y encarece las exportaciones, afectando de nuevo a los productores agrícolas. El ajuste en el valor del tipo de cambio suele manifestar su impacto de rezago.
7.       Reducir coactivamente tasas de interés: Puede beneficiar a los contratantes de préstamos; afecta a los depositantes.
8.       Aumentar endeudamiento: Tres consideraciones: i) Sí el destino es improductivo; ii) El servicio de la deuda compromete el nivel de gasto futuro; iii) Cuando el origen de la deuda proviene de fondos de pensiones, se arriesgan los beneficios de los derechohabientes.
9.       Aumentar el costo de los servicios públicos: Reduce el ingreso de individuos y empresas.
10.    Subsidios: Cuando son de larga duración o permanencia indefinida, beneficia a los desobligados, pero afecta los tributos que deben ser obtenidos de los obligados tributarios.

La lista de arriba y sus repercusiones no es exhaustiva. Hace falta además considerar el efecto adverso en la economía por causa de la corrupción pública, la criminalidad o los choques externos e internos (Ej. Una crisis política). A pesar de todo, los políticos hacen su lista de supermercado de ofertas electoreras. 
Infortunadamente, para crecer más rápido y de manera sostenida, una economía necesita mucho más que escoger los atajos. 

sábado, 15 de julio de 2017

PIRAMIDE DE CORRUPCION

Faltaban 15 días para las elecciones generales. Un grupo de treinta “aportantes” se reunía alrededor del candidato presidencial quien decidió practicar su oratoria frente al escaso grupo y reseñar a su audiencia privada, algunos de sus pensamientos sobre temas fundamentales que concernían al próximo gobierno de la nación.
Cuando el candidato se refirió al tema de la transparencia, con convicción categórica expresó: “En el manejo de la cosa pública, sí no robo yo, no robará nadie”. Los asistentes, algunos de ellos, aspirantes a funcionarios públicos se quedaron viendo unos a otros sorprendidos, perplejos, estupefactos. El planteamiento del candidato parecía tener el sello de un juramento solemne ante el altar de la patria. Quizá, pensaron unos, estamos frente al nuevo José Trinidad Cabañas, un patriota modelo de honradez que fungió como presidente de la República de Honduras entre 1852 y 1855.
Para fortuna del candidato y algunos de sus más cercanos seguidores, se agenció con la presidencia del país. Los acontecimientos que se dieron desde su ascenso al poder anticipaban todo lo contrario al honorable compromiso que había indicado a un reducido grupo de testigos antes de ganar la presidencia de la República. Su desprecio por las leyes y solemnidades para nombrar a sus funcionarios y el descarado mal manejo de los recursos públicos que sobrevino después fueron la pauta que marcó su gestión gubernamental.
El aspirante a imitador de Cabañas resultó magnánimo con algunos de sus principales colaboradores y con todos aquellos que conspiraron fuera del sector público a fin de ejecutar un proyecto para modificar el sistema político-económico del país con el apoyo de gobiernos extranjeros, para detentar ilegalmente el poder por la vía del continuismo prohibido expresamente en la constitución de la República.  Un similar intento, está a punto de concretarse sí el oficialismo gana las elecciones este mes de noviembre.
El ofrecimiento del entonces íntegro candidato antes de las elecciones una vez en el poder cambió a: “Sí yo robo, quienes acompañen mi proyecto político están invitados a hacer lo mismo”. Y ocurrió entre otros casos que, reporteros resultaron dueños de medios; burócratas consumidos, adquirieron propiedades en el extranjero; y esforzados litigantes son ahora renombrados inversionistas y empresarios en el exterior del país.
Hoy, uno de los más conspicuos padrinos del expresidente, ha sido condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción. Paralelamente, otro expresidente suramericano ha sido encarcelado al igual que su esposa, también por corrupción, quedando en evidencia que el hurto de los recursos públicos ha escalado a una práctica de 4 manos y a veces muchas más allá, cuando un presidente, al mejor estilo de Alí Babá, comparte el despojo con su familia y allegados.
Una vez que la corrupción es sistémica en un país, roba el jefe de la pandilla y consecuentemente, substraen sus secuaces. Es un cáncer que hace metástasis desde el vértice hasta la base. El asunto, es que los cacos del erario disfrutan sus ganancias con la mayor impunidad, mientras se desvían cuantiosos fondos de salud, educación, vivienda y otras necesidades fundamentales que los gobiernos están obligados a facilitar con los impuestos y la deuda para el bienestar general de la población.