viernes, 25 de mayo de 2018

PATENTE DE CORSO

Los acuerdos que un gobierno suscribe con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no constituyen patente de corso para que, justificando los compromisos con el ente internacional, se asfixie la economía de un país y sus habitantes, porque la santidad de lo comprometido está por encima de todas las cosas.
Tampoco, los parámetros acordados con el FMI obligan a que las autoridades económicas se preparen para una carrera olímpica de 100 metros planos, pues hay que apurarse por cumplir con las metas del otorgante de patentes. Las metas son umbrales referentes y usted no está obligado a tropezar su cabeza con el dintel. Sí se queda corto, por debajo de una meta como la inflación, mejor para todo mundo.
Mucho menos, el FMI es el chivo expiatorio de las responsabilidades de quienes están obligados a fomentar el desarrollo económico y social con estabilidad. Sí así fuera, se podría contar con dummies de ventrílocuo o con robots que se encarguen de la tarea; no hacer mucho por propia cuenta; y al final intentar eludir las consecuencias. Por supuesto que hay espacio para mitigar los choques externos reduciendo el despilfarro y combatiendo la corrupción.
De enero 2013 a la actualidad, el tipo de cambio del lempira por un dólar de los Estados Unidos se depreció 17.37%. En ese mismo lapso, la inflación en Honduras aumentó en 24.23%. Desde luego que la inflación no está influenciada únicamente por deslizamientos en el tipo de cambio, pero, no se puede ignorar que las importaciones de bienes que significan un 50% del Producto Interno Bruto, no resultan inocuas en la formación de los precios internos.
Por otro lado, la base del actual Índice general de Precios al Consumidor (IPC) ya tiene 20 años y en ese lapso, los 282 productos que conforman la canasta para medir las variaciones de precios han quedado rezagados ante las nuevas preferencias, gustos y necesidades de los consumidores. En Guatemala con base, 2000, la canasta tiene 424 productos; en Costa Rica, con base 2006, 292 productos.

Además, el IPC es “general” y promedio. Cada familia individual tiene su propio IPC que depende de las características de su consumo. También, cada familia puede calcular su propio IPC, como un ejercicio de cómo se van deteriorando sus ingresos. En todo caso, la mejor percepción del cambio de precios usted la tiene cuando sistemáticamente hace sus compras en los establecimientos del caso o recibe las facturas de los servicios que requiere la vida moderna, la mayoría de ellos, cobrados en dólares americanos.

jueves, 17 de mayo de 2018

COOPERATIVA

La pretensión de miembros de sindicatos públicos en obtener “distribución de utilidades” del INJUPEM constituye un desaguisado que evidencia el desconocimiento de aquello que constituye una entidad de previsión social con respecto a una entidad cooperativa o una sociedad anónima que reparte dividendos cuando se obtienen ganancias al final de año.
La aparente confusión de pretender disfrutar la doble condición de derechohabiente y considerarse socio, puede responder a una ambición desmesurada de aquellos que están cotizando al INJUPEM para recibir los beneficios de este no en su oportunidad, pero de manera anticipada y aspirar simultáneamente a compartir los recursos que el instituto genera para responder a las obligaciones con los derechohabientes que comenzaron a cotizar desde el 1 de enero de 1976 y con los mismos pretendientes.
Quienes intentan asfixiar al INJUPEM, de lograr sus propósitos, acelerarán la inmovilidad operativa de una institución que ha beneficiado a miles de participantes que con base en las reglas establecidas contribuyeron con sus aportaciones. Un lempira aportado en 1976 con 10% de rendimiento anual promedio significaría hoy, L.60.
La aludida pretensión que puede tener motivaciones más allá de los intereses mezquinos y autodestructivos de quienes parecen ser sus protagonistas, sólo podrá detenerse, si los actuales beneficiarios se movilizan en defensa de sus derechos adquiridos y sí los poderes legislativo y ejecutivo actúan consecuentemente.

Sí el INJUPEM es convertido en una suerte de cooperativa de ahorro y crédito, los pronósticos poco alentadores de FOSDEH sobre el instituto se cumplirán más temprano de lo anticipado. La otra repercusión es, sí se destruye INJUPEM, que se preparen a enfrentar similar amenaza el IMPREMA, IPM, IPP y los demás institutos públicos de previsión. 

martes, 8 de mayo de 2018

EL RETRATO

Es usual que personas jóvenes que rozan las 4 décadas vivan bajo la impresión de que, como en la novela de Oscar Wilde, El Retrato de Dorian Grey, nunca les llegará la etapa en donde el otoño de la existencia se plantea como un parteaguas y las urgencias para afrontar la vida son radicalmente distintas a las que enfrenta la juventud plena de salud y vitalidad.
Fue notorio en ocasión de las elecciones del colegio profesional más grande y más poderoso económicamente de Honduras, que la cúpula oficialista del país manifestara especial interés en lograr que el grupo de sus simpatías se impusiera en las elecciones de ese gremio.  Y lo lograron.
Unos días después, un sábado, el presidente saliente de esa asociación convocó una asamblea a la que asistieron animadamente sus miembros jubilados, para compartirles que ahorros efectuados durante su gestión evitando gastos en actividades superfluas que resultaban normales en el pasado, se destinarían para un bono adicional único a los miembros jubilados.  Para algunos, la jubilación de ese colegio resulta ser el único ingreso que reciben.
El asunto es que han transcurrido 3 semanas desde que se tomó la decisión de otorgar el bono adicional que con tanta expectativa está esperando la mayoría de los beneficiados, algunos de los cuales efectúan frecuentes visitas a las oficinas bancarias para encontrarse con la desagradable experiencia de que el ansiado bono adicional aún no ha sido depositado.
La noble decisión de la junta directiva saliente de sujetarse la faja para acumular cierta suma de dinero en beneficio de sus colegas que han salido del mercado laboral después de varias décadas de ejercicio profesional, está dejando hasta ahora un sabor amargo a los indicados beneficiarios, pues los nuevos directivos del gremio parecen tener pensado otros destinos para tales recursos resultado de políticas de austeridad.

Mientras llega el cercano bono de junio, los jubilados continuarán verificando en sus cuentas bancarias, el arribo del ansiado bono único, que tiene las connotaciones de una tomadura de pelo. Entonces, parodiando a Gabriel García Márquez en  su novela El Coronel no Tiene Quien le Escriba, en este caso se trata: “el jubilado no tiene quien le pague”.

jueves, 3 de mayo de 2018

PRIORIDADES

Una fila de 3 ciudadanos estaba haciendo cola frente el escritorio de una recepcionista de información de una entidad pública. El caso es que la fila no avanzaba porque la empleada por decisión propia o por instrucciones de sus superiores, privilegiaba la atención de las llamadas al teléfono fijo, en lugar de atender a quienes estaban parados en carne y hueso esperando que los “telefónicos” dejarán de hacer consultas.
Parece un fenómeno que se está volviendo más frecuente. Existe en entidades públicas y privadas una inclinación de atención al cliente dando prioridad al que está consultando o cotizando por teléfono en lugar de quienes, movilizándose desde largas distancias para gestiones públicas o comerciales de cualquier tipo invierten tiempo y recursos que cada día se tornan más escasos en Honduras.
Tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula durante las horas pico de tránsito vehicular, existen atascos de hasta dos horas, dependiendo del congestionamiento de las vías que corresponda circular. En ciudades intermedias como La Ceiba y Danlí, los embotellamientos ya están alcanzando 60 minutos en las horas pico y en los lugares de mayor aglomeración.
El expediente del apersonamiento para realizar gran cantidad de actividades que pueden hacerse por la vía electrónica es una de las razones que obliga a la ciudadanía a desplazarse forzosamente por los escasos trechos existentes en las ciudades del país. Nos podemos llenar la boca con la cantidad de celulares y computadoras como signo de avance tecnológico. Pero, si no pueden utilizarse para facilitarle la vida a los ciudadanos, se está desperdiciando tiempo y recursos que podría usarse para fines más productivos.
Por otro lado, los esquemas robóticos de atención telefónica donde usted se enfrenta hasta a 20 opciones en etapas para formular el asunto a un humano que le pueda atender en el otro lado de la línea, también están complicando la existencia a los ciudadanos.
Para paliar la problemática planteada se requiere: un mejor ordenamiento vial; menos obligaciones a los ciudadanos de efectuar actividades personalmente; y fundamentalmente, privilegiar las atenciones al cliente a quienes el personal encargado tienen frente a ellos, en lugar de priorizar consultas hechas por teléfono.


lunes, 16 de abril de 2018

EN CURVA

En una reciente entrevista en vivo en una de las cadenas norteamericanas de noticias, la entrevistada opinaba sobre el libro escrito por un exjefe del Servicio Federal de Investigación de los Estados Unidos. Cuando el presentador de noticias le preguntó sí había leído el libro, ella respondió que no.
Existe una costumbre extendida a mentir sin necesidad cuando se trata de descalificar a alguien o a algo.  
En cierta ocasión, un gobierno estaba tratando de introducir una ley que resultó ser altamente controversial. En una gira por la zona sur de algunos promotores de la futura legislación, en una reunión de socialización de ésta, un reconocido periodista de la zona se dirigió a los asistentes y les argumentó: “yo no he leído esa ley, pero yo considero que les afecta”. Los socializadores quedaron estupefactos ante la desfachatez del orientador social.
Otra tendencia en este asunto de faltar a la verdad es la inclinación de algunos buscadores de empleo a exagerar en relación con el número de idiomas que dominan. El asunto aquí es que, al ser sometidos a una prueba de fuego, se desbarata la mentira y en algunos casos, se pierde el empleo.
En cualquier circunstancia, cuando no se tiene noción precisa de algo y surge una interrogante al respecto, es preferible aceptar paladinamente su desconocimiento en lugar de arriesgarse a ponerse en evidencia.

No por casualidad, en la entrada al salón de sesiones de la junta directiva de una de las mayores empresas industriales de Honduras, se puede leer una especie de advertencia a los que participan en tales reuniones: “Es preferible permanecer callado y ser considerado ignorante, que abrir la boca y remover la duda”.

martes, 10 de abril de 2018

CUENTAS CLARAS

Usualmente, la salud económica de un país se evalúa en función del comportamiento de unos cuantos indicadores macroeconómicos. A los gobiernos les interesa revelar y acreditarse los resultados alcanzados en los niveles de: inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y el saldo de la cuenta externa, fundamentalmente.
Según datos del Banco Central de Honduras, el cálculo del Producto Interno Bruto a precios de mercado con enfoque del ingreso, entre los años 2013 y 2017 revela lo siguiente: 1) Las remuneraciones de los asalariados se redujeron de 47% a 44%; 2) El excedente de explotación bruto (rentas y utilidades) aumentaron de 9% a 11%; 3) Los impuestos netos de subvenciones observaron un incremento de 29% a 31%; 4) El ingreso mixto bruto que comprende una mezcla de rentas y salarios, no se incluye en este análisis, por no disponer de datos segregados que indiquen las magnitudes de los componentes. En todo caso, su proporción (15%) no observó modificación en el período objeto de este artículo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, para junio del año 2016 Honduras tenía una población económicamente activa de 2.2 millones de personas y 2 millones de asalariados. Estas magnitudes muestran una idea de qué está aconteciendo con el ingreso de los trabajadores, peor cuando las proporciones presentadas en el párrafo inmediato anterior no contienen la deflactación respecto al índice de precios al consumidor (precios constantes).
Las cuentas nacionales infortunadamente no cuentan la historia real de lo que ocurre en la economía en general. El PIB anual, como se mide hasta ahora, no incluye las acciones subterráneas típicamente ilícitas que afectan adversamente el normal desenvolvimiento de las empresas y la salud económica y sicológica de las personas.
No existen valoraciones económicas sistemáticas a ningún nivel que permitan conocer los efectos del crimen en términos de extorsión, robos, secuestros, daños a la propiedad, etc. que, constituyendo costos efectivos de operación, no están previstos para ser reconocidos por alguien, salvo que se cuente un seguro para ello.
La pequeña y gran corrupción que afecta a empresarios y a la población en general tampoco tiene su “reconocimiento” en los estados financieros que se presentan ante entidades financieras y al gobierno.
A pesar de que el gobierno ha venido aumentando sus ingresos sostenidamente desde el año 2013 y continúan las severas brechas en gasto social e inversión, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la deuda pública de Honduras alcanzó el 50% en 2017. Entonces, aparte de aquello excluido de las cuentas nacionales, algo no cuadra cuando Honduras se endeuda de manera acelerada y miles de hondureños continúan desempleados por períodos prolongados o huyen despavoridos del país en busca de mejores horizontes.
Sí buena parte de los recursos propios y préstamos que contrata el gobierno se destinan a transferencias populistas, seguirán los halagos de los prestamistas para un deudor a quien se le condonó la deuda externa hace 13 años, a sabiendas que el peso de la deuda pública podrá hacer añicos los frágiles indicadores macroeconómicos más temprano que tarde.


sábado, 7 de abril de 2018

POLITICAS PUBLICAS

Constituyen instrumentos deliberados de un gobierno para administrar un país. Usualmente responden a un ejercicio de concertación entre gobernantes y gobernados para asegurar resultados que beneficien a las mayorías.
Generalmente, las políticas se identifican con acciones en pro de determinados segmentos de la población; actividades económicas; u otras operaciones que garanticen la existencia del estado como tal.
En la práctica, puede encontrarse gobiernos que ejecutan políticas públicas que quiérase o no, inciden severamente en el comportamiento de la población.
Cuando un número elevado de personas, la mayoría jóvenes, toma la decisión de emigrar hacia otros países exponiendo su salud, el respeto a su condición humana y hasta su vida, los gobiernos no hacen pública una política para hacer que sus habitantes se alejen involuntariamente de su lar nativo.
Ningún gobierno tiene una política pública de desempleo, inseguridad, enfermedad, ignorancia, pobreza, indigencia, falta de oportunidades, etc. Lo que sí debe tener todo gobierno, son políticas para combatir las condiciones que provocan la precariedad de la existencia de sus habitantes.
Pero, sí la ausencia de políticas en beneficio de la mayoría de la población se traduce en remesas obtenidas en condiciones laborales, migratorias y raciales cercanas a la esclavitud y al rechazo y llegan a constituir el 25% del producto interno bruto de un país, la política de ausencia de política, puede considerarse conveniente para los gobernantes y diseñar un statu quo de largo plazo que ignore el desarrollo sustentable del país, incluyendo la ausencia de acciones para recibir apropiadamente a millones de emigrantes en condición irregular en el extranjero que en cualquier momento pueden ser expulsados de donde los necesitan pero los discriminan.
Es más fácil hacer creer que se está gobernando, formulando políticas de transparencia con legislación opaca; ofrecer carreteras pavimentadas en circuitos donde hace 25 años sólo se reparan  agujeros; rellenar baches en Tegucigalpa que son lavados por unos cuantos milímetros de lluvia; ofrecer un diálogo para resolver crisis políticas sin intención de salir de su etapa preliminar; en fin, asegurarse que la mejor política se ejecute en la mentira de lo que no existe intención de hacer o cumplir.
Un expresidente reciente indicaba claramente el concepto de política pública de su gobierno respecto a la transparencia con la siguiente expresión:” No me gustaría ver preso a un expresidente”.