La Constitución
de la República de Honduras establece en su “ARTICULO 80. Toda persona o asociación de personas tiene el
derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés
particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.”
Sin
embargo, ese derecho no debe dar lugar al ejercicio de abusos por parte del
peticionario tanto en el ámbito administrativo como en el judicial cuando los
litigios resultan onerosos para todas las partes.
En
medio de una controversia administrativa donde el peticionario no había cumplido
con los requisitos mínimos para ejercer su pretensión, se cuestionó al funcionario
receptor por qué había dado curso a una solicitud disminuida en requisitos. La
respuesta del funcionario fue: “por el derecho de petición”.
Una
vez que una petición irregular, incompleta o sencillamente caprichosa es
aceptada, la parte afectada está sujeta a asumir una cantidad de costos pecuniarios
y otros aparentemente no pecuniarios como:
1.
Tiempo relacionado con las audiencias.
2.
Gastos de traslado
3.
Gastos de documentación
(constancias, etc.)
4.
Honorarios de abogado en casos
judiciales
5.
Contrariedades y otros gastos.
Algunas de las expensas
mencionadas son aplicables a la misma administración pública, que de manera
inoficiosa debe atenderlas y solo contribuyen a redestinar los recursos
recaudados de los contribuyentes. Por ello, el impacto económico de peticiones
sin lugar afecta tanto a las finanzas privadas como a las públicas.
Por lo anterior
es imprescindible que se establezca en Honduras legislación que disminuya o
elimine la connotación volitiva de ejercicio del derecho de petición tal como
existe en otros países.
En los ámbitos administrativo
o judicial, el funcionario al que se dirige el conocimiento de la petición debe
facultarse para que, en el preciso momento de su presentación, pueda rechazarla sí detecta que tal acto no cumple los requisitos mínimos de idoneidad, para beneficio
de su propio tiempo y del tiempo de la parte afectada injustamente.
A veces la misma
gestión pública es quien provoca o da lugar a que se generen situaciones de conflictividad
en una sociedad como la hondureña saturada de situaciones conflictivas que como
consecuencia aumenta el número de peticiones para ser resueltas por los mismos funcionarios
que abren innecesarias e incómodas ventanas de oportunidad.
