ALIANZAS POLITICAS

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de Honduras (LEOPH) establece en los artículos del 88 al 90, las condiciones mediante las cuales los partidos podrán establecer alianzas para participar en las elecciones generales que se realizarán el 26 de noviembre de 2017.

En 1936, Tiburcio Carías por medio de una Asamblea Nacional Constituyente logró reelegirse estableciendo una condición que se repetiría dos veces más, hasta mantenerse 16 años consecutivos en el poder de la nación.

Después de 81 años, la historia está a punto de repetirse. Esta vez mediante el expediente de una interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha allanado el camino a la reelección presidencial, prohibida por la Constitución de la República.

Conforme al artículo 88 de la LEOPH, “los Partidos Políticos podrán formar alianzas totales o parciales, conservando su personalidad jurídica e identidad partidaria.” Luego, el artículo 89 de la misma ley, especifica que las alianzas pueden ser totales o parciales.  Se considera alianza total cuando los partidos postulen los mismos candidatos en los 3 niveles electivos y bajo un mismo programa de gobierno. En este caso, acreditarán un solo representante ante los organismos electorales.

En el caso de alianza parcial, sólo se postulan candidatos comunes en alguno o algunos de los niveles electivos o en algún departamento o municipio. En tal caso, los partidos políticos conservarán el derecho de acreditar representantes en los organismos electorales de los lugares donde no presenten candidaturas comunes.

Los niveles electivos conforman centros disimiles de poder. Para el caso, el nivel presidencial que incluye al Poder Ejecutivo, administra más del 90% del presupuesto de la nación.  Los niveles departamental (los diputados) y municipal (las corporaciones) administran el 10% restante de los recursos.

Las condiciones de las alianzas políticas según el artículo 90 de LEOPH se pactarán por escrito, indicándose el nombre, emblema, ideario, plan de acción política y programa de gobierno, respetando el principio de integración nacional, distribución de los cargos de elección popular, financiamiento público y demás acuerdos bajo los cuales actuarán. Deberán registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral a más tardar seis (6) meses antes de la celebración de las elecciones generales y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Todo apunta, que este noviembre se enfrentarán dos alianzas: la oficialista y la opositora.

En la más reciente experiencia democrática de Honduras, desde 1980, no se había experimentado que un candidato presidencial fuera el presidente de la república. Tal novedad sugiere que la disponibilidad del 90% de los recursos del presupuesto nacional está a la orden del candidato oficial, mientras la oposición cuenta con exiguos recursos para enfrentar una campaña que ya lleva 7 años y medio. Esta desventaja deberá ser equilibrada y resuelta por lo votantes, el día de las elecciones.

GENERO Y ELECCIONES

De conformidad con el Decreto 54-2012 en su Artículo 105-A se estableció el Principio de Paridad para el reciente proceso eleccionario primario celebrado en Honduras, que obligó a una presencia del 50% de mujeres en las nóminas de cargos de dirección de los partidos políticos y en los cargos de elección popular. Esta regulación significó un incremento de diez puntos porcentuales sobre lo aprobado al respecto para el proceso primario previo (2012).

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), mediante Acuerdo 001-2016 del 11 de julio de 2016, convocó a la ciudadanía hondureña -casi 6 millones de electores- a elecciones primarias que se efectuaron el domingo 12 de marzo de 2017. 

Los movimientos internos de los partidos políticos que participaron en esta etapa, tuvieron la opción de proponer candidatos para elegir 3022 puestos de elección popular distribuidos de la siguiente manera:

1)      Un presidente y 3 designados.

2)      20 diputados al Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes.

3)      128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional.

4)      2722 cargos de Alcalde, Vicealcaldes y regidores para 298 municipios en los 18 departamentos del país.

El Acuerdo 003-2016 del TSE estableció los principios de paridad y alternancia para alcanzar el 50% de participación de mujeres en los cargos de elección popular.  El compromiso de paridad llegó hasta allí y los resultados de cada partido se establecen en proporciones o cocientes según las decisiones de los votantes y lo establecido en la ley electoral.  Estos mecanismos definen un escenario distinto de participación donde usualmente para las mujeres se reduce la intencionada paridad.

En la próxima etapa, en las elecciones generales de noviembre 2017, los resultados volverán a presentarse más adversos hacia la equidad y la magnitud definitiva de mujeres en los cargos de elección popular caerá aún más respecto al pretendido 50% de participación.

Entonces, para garantizar una proporción paritaria de la mujer en el poder público, una opción sería la utilizada por el Primer Ministro Trudeau de Canadá. Eso significaría un paso fundamental en la voluntad de modificar la ejecución de políticas en favor de las mismas mujeres y de los habitantes menos privilegiados del país.

Un gabinete de gobierno con la mitad de mujeres como secretarias de estado, sería una respuesta simétrica al caudal que representan las mujeres en el electorado nacional (52%) y una oportunidad para redirigir los derroteros del país, hacia la dirección apropiada.

MERCADO DE VALORES

En una economía donde el mercado libre de acciones no existe, las decisiones políticas equivocadas no afectan a los accionistas. Al menos aparentemente. No hay desplome del valor de las acciones y por lo tanto no resultan millonarios arrastrados inesperadamente al umbral de la miseria por razón del impacto adverso de una acción infortunada en los mercados bursátiles.

Sin embargo, las acciones de los individuos atropellando la institucionalidad y el imperio de la ley no son neutrales a la actitud de los inversionistas y sus negocios; consecuentemente, no son las operaciones bursátiles las que pierden valor de inmediato, pero sí se impacta la confianza acerca de lo que pueda acontecer en el futuro cercano como resultado de la ausencia de respeto a la ley y el orden establecidos.

La extrapolación que hacen los inversionistas ante medidas arbitrarias y de irrespeto a la ley, es que lo ocurrido en el campo político puede trasladarse sin inmutación alguna, al campo económico y en general al resto de las actividades humanas amenazadas por el menosprecio de la ley y la justicia ya vulneradas, pues, para el arbitrario cualquier argumento justifica sus propósitos.

Cuando se vive y convive en un país donde quienes deben garantizar el respeto a la majestad de la ley son los primeros en violentarla, la disminución del valor de la nación no sólo se circunscribe a sus bienes materiales muebles e inmuebles, sino –lo más grave- a la devaluación de la condición de la persona humana en cuanto al respeto de sus derechos elementales y a cómo son considerados sus ciudadanos dentro del concierto de naciones civilizadas.

Las habilidades utilizadas para manipular todo un aparato institucional en torno y a favor de un proyecto político de dudosos resultados, puede conllevar un fiasco para sus más entusiasmados impulsadores. La vulnerabilidad de una economía pequeña está a expensas de lo que puedan decidir sus grandes empresas. Aun cuando algunas inicialmente se hayan convertido en aliadas de una aventura política, a la larga ésta puede revertirse hacia ellas.

Las calificadoras de riesgo país y los organismos externos que evalúan anualmente el comportamiento del Estado en los ámbitos de la institucionalidad y el respeto a la ley, no son objeto de manipulación como la lograda con aquellos nativos que han permitido semejante entuerto.

Cuando prima en un grupo, la desesperación o certeza que los fines deseados no se alcanzarán por los derroteros ya señalados en la ley, la sociedad se enfrenta a individuos ofuscados, que a fuerza de actuar de manera desalmada, no calculan de forma global los resultados inmediatos y mediatos de sus desafueros.

Desde julio de 2009 está vigente la Ley del Plebiscito y el Referendo que establece la forma ordenada de modificar la Constitución de la República y como reducir al polvo, los denominados artículos pétreos. A pesar de ello, se ha escogido la senda del atajo y sus consecuencias.

COMPRAS Y ELECCIONES

La automatización, resultado de la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión tridimensional, la biotecnología y su interacción, tiende a verse desde dos puntos de vista diametralmente opuestos: los incrementos en la productividad y los aumentos en el desempleo.

Los expertos y futurólogos hacen sus cálculos fundamentalmente enfocados en la competitividad y el empleo. Otras áreas económicas, sociales, políticas y militares-para mencionar algunas-que serán afectadas también por la automatización, no están siendo consideradas en su potencial dimensión.

Para el caso, los resultados adversos en el empleo tendrán un efecto dominó en la reducción de ingresos, el consumo y las entradas que reciben los gobiernos por impuestos sobre los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores desplazados.

Por otro lado, en asuntos de seguridad interna y conflictos internacionales la actividad de los robots irá creciendo rápidamente. Además, ocupaciones laborales desagradables y peligrosas serán realizadas en el futuro por máquinas inteligentes.

Hasta ahora, algunas actividades humanas se consideran inmutables frente a la automatización. Estas tienen que ver con la creatividad, innovación, exploración, artes, ciencias, entretenimiento, cuidado de otros y política.

La automatización impactará de tal manera a la sociedad, que las políticas públicas en la mayor parte de los ámbitos, deberán ser replanteadas. No servirá intentar oponerse. Ella llegó para quedarse y lo más sabio es tratar de que funcione en favor del bienestar humano en general.

Mientras se garanticen ingresos a toda la población –algo que intentó el socialismo- los trabajadores podrán beneficiarse de mejores condiciones laborales vinculadas a jornadas cortas y espaciadas; vacaciones prolongadas; y reentrenamiento.

La automatización puede contribuir a garantizar la transparencia y a su vez reducir la corrupción. Puede iniciarse en dos ámbitos: las adquisiciones y las elecciones.  Reducir al mínimo la intervención humana en ambas actividades, garantizará que los procesos de compras y eleccionarios se realicen efectivamente de manera apropiada.

El futuro que depara a la humanidad no necesariamente tiene que anticiparse sombrío. También puede resultar esperanzador, con la ayuda de las máquinas inteligentes.

PARIDAD PARTICIPATIVA

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), mediante Acuerdo 001-2016 del 11 de julio de 2016, ha convocado a la ciudadanía hondureña a elecciones primarias por efectuarse el segundo domingo del mes de marzo de 2017. 

Los movimientos internos de los partidos políticos que participen en esta etapa, propondrán candidatos para elegir 3022 puestos de elección popular distribuidos de la siguiente manera:

1)      Un presidente y 3 designados.

2)      20 diputados al Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes.

3)      128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional.

4)      2722 cargos de Alcalde, Vicealcaldes y regidores para 298 municipios en los 18 departamentos del país.

El Acuerdo 003-2016 del TSE establece los principios de paridad y alternancia para alcanzar el 50% de participación de mujeres en los cargos de elección popular.  Tal intento constituye un reconocimiento al nivel de madurez y entusiasmo político que las mujeres hondureñas han demostrado con una participación electoral del 52% en 2009, cuando alcanzaron ocupar apenas el 21% de los cargos elección.

Los esfuerzos para garantizar una participación más efectiva de las mujeres todavía requieren ajustes para arribar a la justa paridad. La forma como está prevista la distribución de los diputados por sexo según el Artículo 6 del mencionado Acuerdo 003-2016, exige a los movimientos internos de los partidos políticos comprometerse en asignar 58 ó 70 posiciones de propiedad o suplencia para las candidatas. El número seleccionado en cada caso indicará la disposición de los movimientos de los partidos para cumplir con el espíritu de la paridad.

Hubiese resultado más equitativo, considerar un mecanismo que permitiera la posibilidad de contar con 64 posiciones de diputadas propietarias y suplentes respectivamente, en las elecciones primarias de 2017.

Elegir más mujeres en cargos de elección popular, podría contribuir a la expectativa de reducir los índices de corrupción que Honduras revela desde hace un buen tiempo. Es muy probable que las mujeres que han dado un paso al frente para liderar candidaturas presidenciales, alcancen posiciones de mayor responsabilidad y poder con respecto a las que ya ostentan.

Las mujeres en política están llamadas a participar en el reto de construir una Honduras más honesta y transparente.