El
Consejo Nacional Anticorrupción publicó en 2011 el Informe Nacional de
Transparencia correspondiente a dicho año.
En el capítulo 2 dicho informe
se refiere a la Confianza de la Ciudadanía en el Poder Legislativo.
El informe indicó que
Honduras, cuenta con la mayor parte de las regulaciones necesarias para un
combate efectivo de la corrupción y las mismas se encuentran alineadas con los
convenios internacionales sobre la materia. El tema fundamental entonces, es la
ausencia de aplicación de las normas y por consiguiente la persistencia de la
impunidad.
La impunidad incita a un
individuo con propensión a cometer actos de corrupción, porque calcula que la
probabilidad de castigo, en caso de ser detectado, es bastante baja. Tanto la
Constitución de la República como el Reglamento Interior del Congreso Nacional,
muy poco dicen sobre la independencia y transparencia con que éste poder del
Estado debe actuar. Según el Reglamento, que fue aprobado en 1982, el presidente
del Congreso Nacional ha gozado de amplia discrecionalidad de tal manera que puede
formar o no comisiones, introducir agendas sin consultar a nadie, incorporar
suplentes a su conveniencia, suspender abruptamente una discusión y, lo que es
peor aún, manejar sin mayores controles el presupuesto asignado al Legislativo.
Uno de los grandes vacíos de
ese presupuesto es que nunca presenta desgloses. Vale consignar que ni los
partidos tradicionales, ni los emergentes, quizás por cálculo, han intentado materializar
acciones que modifiquen las actividades y funcionamiento del Congreso Nacional.
Tampoco sobre los subsidios hay una verdadera rendición de cuentas y pese a que
es creciente la presión de la sociedad civil para que se informe acerca de los
mismos, la actitud de la mayoría de los diputados, pertenecientes a las cinco
bancadas, es de incomodidad o de silencio.
La incorporación del reloj
electrónico ha sido positiva, pero no hay que esperar que de eso dependerá la
modernización del Poder Legislativo. El verdadero cambio hay que entenderlo
como democratización, y ésta tendría que pasar, necesariamente, por la
aprobación de una nueva normativa legal que rija la vida del Congreso Nacional;
que abra cauces para la independencia y transparencia de éste, sentando las
bases de un uso correcto de la técnica legislativa; su administración en
general y particularmente de su presupuesto, con los debidos desgloses y la
rendición de cuentas propia de una verdadera democracia.
Las compañías bananeras en su
tiempo (Carta Rolston) y las Fuerzas Armadas (“presidente y jefe de las FFAA
son dos personas distintas”, elecciones 1965) en décadas posteriores torcieron la
independencia que debe tener el poder legislativo. La injerencia del poder
económico y político, y de las cúpulas partidarias, especialmente las de los
partidos tradicionales, sigue siendo una realidad en la vida del Congreso
Nacional, lo que tiene manifestaciones concretas en los temas de leyes que solo
les falta el nombre del beneficiado, condonaciones, concesiones y nombramientos
de altos funcionarios que aparecen consignados en el artículo 205, numeral 11,
de la Carta Magna.
El Decreto 263-2013, Ley Orgánica
del Poder Legislativo, publicado el 23 de enero de 2014 y reformada por los decretos
117-2019 y 140-2021, no resolvieron las falencias del Reglamento interior. Las
profundizaron expandiendo el ámbito del congreso nacional y ampliando la
discrecionalidad de su presidente. La Pandemia de COVID-19 y el expediente de
sesiones vía Zoom, aumentaron las irregularidades del legislativo. Para
rematar, el absolutismo actual de la junta directiva restringe la introducción
de iniciativas; incumple la agenda legislativa; y maneja sus obligaciones con el
mayor autoritarismo nunca visto.
Para que el poder legislativo
recobre la confianza de la población debe prevalecer la transparencia en el
manejo del presupuesto del Congreso Nacional y al menos deben publicarse los
desgloses que muestren en detalle su destino, así como debe existir rendición
de cuentas sobre su uso y ejecución. Desgraciadamente ninguna de esas
condiciones se cumple, por lo que el nivel de transparencia resulta hoy, más
bajo que el percibido hace 14 años.
