Las políticas públicas, de alguna manera han estado
presentes en la gestión pública de Honduras. El asunto es determinar la calidad
desde su formulación, en donde la participación ciudadana juega un papel
fundamental; luego en su ejecución, suponiendo que las políticas son apropiadas;
determinar y disponer del nivel de recursos humanos, materiales y técnicos para
hacerlas funcionar; y también precisa, el seguimiento y evaluación de su
impacto con base en indicadores previamente diseñados.
La pandemia del COVID-19 ha trastocado cualquier
remedo de políticas que existiera antes de su irrupción. Desde hace más de un
año la preocupación -no necesariamente la acción- se ha centrado en el combate
del virus y sus estragos humanos y económicos.
El éxito de las políticas depende de su continuidad.
Es usual encontrar que una buena política, por ejemplo, en el campo educativo,
formulada por un gobierno, es desestimada por el siguiente. Y prevalece un
ambiente en donde la población constituye un escenario de ensayo permanente. El
panorama presente en medio de la pandemia obliga a una revisión de políticas
previas y existentes para retomar el rumbo de la ´normalidad´.
El papel de los organismos cooperantes en la sostenibilidad
de políticas que han pasado el tamiz de la prueba en otros contextos puede
contribuir de forma significativa a la institucionalidad de las políticas y por
consiguiente a su permanencia.
Mejorar la capacidad del estado hondureño para
elaborar análisis orientados a políticas en buena medida se resume a generar
los espacios que permitan a la representación privada, contribuir en todo el
proceso desde la formulación, ejecución y evaluación de las políticas.
Consecuente con los recursos disponibles, la concentración
en áreas específicas continuará siendo un requisito, pero, la ampliación de la
complementariedad se hará cada vez más imperiosa para apalancar lo prioritario
luego de la desincronización que el virus ha provocado en las actividades
económicas, sociales y fundamentalmente las vinculadas a la salud y generación
de excedentes y empleo en Honduras.
En cuanto al seguimiento de políticas a nivel de
país para mitigar los impactos adversos de COVID-19, deberán revisarse los
instrumentos jurídicos esenciales que el gobierno ha estado utilizando para
enfrentar la pandemia. Leyes del Congreso Nacional y Decretos PCM, han direccionado
la gestión de la pandemia.
El precario manejo de la crisis sanitaria y
económica ha agudizado los efectos recientes de la pandemia evidenciados por el
ascenso de los actuales niveles de contagiados, hospitalizados y decesos. Y el
expediente de cerrar la economía es cada vez menos viable por las numerosas
empresas que apenas sobreviven y la necesidad de captación de ingresos por
parte del gobierno.
Estimaciones macroeconómicas para el año 2021 y 2022
no revelan la historia angustiosa que está ocurriendo a nivel micro, formal e
informal. Mucho menos el drama de familias e individuos. Sincronizar las
diversas actividades económicas y las cadenas de valor en algunos casos sigue
requiriendo amplio conocimiento del funcionamiento de la economía, porque un
eslabón que no esté a tono con el resto puede constituir cuello de botella para
una reactivación más rápida.
COVID-19 ha trastornado la manera como se hacían las
cosas antes de la pandemia. Los trabajadores, las empresas, el gobierno, los
estudiantes continuarán asumiendo una fuerte dosis de resiliencia y
acostumbrarse a funcionar de manera diferente.
El deterioro educativo clave para la formación del capital humano se
conecta con el desempleo, cuando los jóvenes descubren que no están preparados
para tareas elementales, una vez egresados de colegios e incluso universidades.
La pandemia ha
ampliado las brechas que corresponde a Honduras cerrar en los diversos campos,
económicos, sociales, políticos y tecnológicos, así como la necesidad de sistematizar
y actualizar la gestión de las políticas públicas.
