En 2022 había 272,300 miembros pertenecientes a 26 colegios profesionales
(no hubo información de tres colegios: contadores públicos, microbiólogos y
peritos mercantiles (Fuente: BCH, Honduras en Cifras, Colegios Profesionales).
Desde hace 70 años los gobiernos han tratado de controlar los
colegios con un relativamente alto porcentaje de éxito. Los partidos políticos tradicionales
más antiguos han utilizado a los colegios profesionales como una suerte de
sindicatos blancos para que apoyen su gestión gubernamental o para hacer férrea
oposición, dependiendo de la facción partidaria que controle la directiva de
cada colegio.
Algunos colegios han manifestado históricamente más
beligerancia que otros. El nivel de importancia ha estado vinculado directamente
al grado de intervención de los gobiernos por el tamaño de su membresía, el
sector económico a que pertenecen y el nivel de participación que el mismo
gobierno le ha otorgado vía legislación tanto con representaciones permanentes
en juntas directivas de entidades públicas o en procesos de selección para la integración
de poderes del estado (Corte Suprema de Justicia) y operadores de justicia (Ministerio
Público).
Como contrapartida al trabajo partidario dentro de los
colegios profesionales, el gobierno con recursos que sufragan los
contribuyentes al fisco gratifica las lealtades con diversos mecanismos de compensación
y apoyo desde empleos remunerados, contratos, viajes, etc.
En las fuentes del poder público, el Colegio de Abogados de
Honduras (CAH) ostenta la tercera mayor membresía después del COLPROSUMAH y
COPRUMH. Sin embargo, por control total del poder judicial y las numerosas representaciones
del CAH en entidades públicas, comparte con el gobierno una especie de asociación
público-privada de particular importancia. Allí radica el interés por el
control del CAH y el desesperado esfuerzo de la maquinaria estatal por incidir el
9 de marzo 2024 por las malas, en el resultado de la elección de la Junta
Directiva del CAH para los próximos dos años.
Con un fementido socialismo “democrático”, que contradice con
su accionar el partido de gobierno, las perspectivas económicas del país están
resultando cada día más inciertas. La disminución de la actividad económica
repercute sensiblemente en el accionar de los abogados independientes (del
gobierno) y de los profesionales cuya meta no es un empleo público y gestionan
su quehacer desde bufetes.
En sus 100 años de existencia, el CAH juega una de las cartas
más cruciales de la historia de Honduras. En un país que se aleja rápidamente del
estado de derecho, el efecto más inmediato repercutirá en aquellos cuya labor
cotidiana construye el apoyo jurídico imprescindible para los negocios basados
en el imperio de la ley.
