COMPRAS Y ELECCIONES

La automatización, resultado de la aplicación de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la impresión tridimensional, la biotecnología y su interacción, tiende a verse desde dos puntos de vista diametralmente opuestos: los incrementos en la productividad y los aumentos en el desempleo.

Los expertos y futurólogos hacen sus cálculos fundamentalmente enfocados en la competitividad y el empleo. Otras áreas económicas, sociales, políticas y militares-para mencionar algunas-que serán afectadas también por la automatización, no están siendo consideradas en su potencial dimensión.

Para el caso, los resultados adversos en el empleo tendrán un efecto dominó en la reducción de ingresos, el consumo y las entradas que reciben los gobiernos por impuestos sobre los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores desplazados.

Por otro lado, en asuntos de seguridad interna y conflictos internacionales la actividad de los robots irá creciendo rápidamente. Además, ocupaciones laborales desagradables y peligrosas serán realizadas en el futuro por máquinas inteligentes.

Hasta ahora, algunas actividades humanas se consideran inmutables frente a la automatización. Estas tienen que ver con la creatividad, innovación, exploración, artes, ciencias, entretenimiento, cuidado de otros y política.

La automatización impactará de tal manera a la sociedad, que las políticas públicas en la mayor parte de los ámbitos, deberán ser replanteadas. No servirá intentar oponerse. Ella llegó para quedarse y lo más sabio es tratar de que funcione en favor del bienestar humano en general.

Mientras se garanticen ingresos a toda la población –algo que intentó el socialismo- los trabajadores podrán beneficiarse de mejores condiciones laborales vinculadas a jornadas cortas y espaciadas; vacaciones prolongadas; y reentrenamiento.

La automatización puede contribuir a garantizar la transparencia y a su vez reducir la corrupción. Puede iniciarse en dos ámbitos: las adquisiciones y las elecciones.  Reducir al mínimo la intervención humana en ambas actividades, garantizará que los procesos de compras y eleccionarios se realicen efectivamente de manera apropiada.

El futuro que depara a la humanidad no necesariamente tiene que anticiparse sombrío. También puede resultar esperanzador, con la ayuda de las máquinas inteligentes.

PARITY PARTICIPATION

The Supreme Electoral Tribunal of Honduras (TSE in Spanish), through Resolution 001-2016 of July 11, 2016, has called on the Honduran citizenry to primary elections to take place the second Sunday of March 2017.
Internal political movements of parties participating at this stage will nominate candidates to choose 3022 elective office holders distributed as follows:
1) A president and three Vice-presidents.
2) 20 deputies to the Central American Parliament, and their alternates.
3) 128 deputies and alternates to the National Congress.
4) 2722 positions of mayor, deputy mayors and council members for 298 municipalities in 18 departments.
The TSE 003-2016 Resolution establishes the principles of parity and alternation to reach 50% participation of women in elected office; in 2012, the quota was 40%. Such an attempt is a recognition of the level of maturity and political enthusiasm that Honduran women have demonstrated with a turnout of 52% in 2009, when they won 21% of elected positions. In 2014, they achieved 26%.
Still, efforts to ensure effective participation of women require adjustments to arrive at fair parity. The distribution of deputies by sex under Article 6 of Resolution 003-2016 requires internal movements of political parties to commit 58 or 70 titular and  alternates for the female candidates. The number selected in each case would indicate the disposition of the of the parties’ movements to comply with the parity spirit.
It would have been more equitable to consider a mechanism to allow the possibility of having 64 proprietary positions and 64 alternates for females in the primary elections of 2017.
Choosing more women for elected office could contribute to lower levels of corruption present in Honduras for a long time. It is very likely that women who have stepped forward to leading presidential candidates posts will reach positions of greater responsibility and power.
Women in politics are called to participate in the challenge of building a more honest and transparent Honduras.

PARIDAD PARTICIPATIVA

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), mediante Acuerdo 001-2016 del 11 de julio de 2016, ha convocado a la ciudadanía hondureña a elecciones primarias por efectuarse el segundo domingo del mes de marzo de 2017. 

Los movimientos internos de los partidos políticos que participen en esta etapa, propondrán candidatos para elegir 3022 puestos de elección popular distribuidos de la siguiente manera:

1)      Un presidente y 3 designados.

2)      20 diputados al Parlamento Centroamericano, propietarios y suplentes.

3)      128 diputados y sus suplentes al Congreso Nacional.

4)      2722 cargos de Alcalde, Vicealcaldes y regidores para 298 municipios en los 18 departamentos del país.

El Acuerdo 003-2016 del TSE establece los principios de paridad y alternancia para alcanzar el 50% de participación de mujeres en los cargos de elección popular.  Tal intento constituye un reconocimiento al nivel de madurez y entusiasmo político que las mujeres hondureñas han demostrado con una participación electoral del 52% en 2009, cuando alcanzaron ocupar apenas el 21% de los cargos elección.

Los esfuerzos para garantizar una participación más efectiva de las mujeres todavía requieren ajustes para arribar a la justa paridad. La forma como está prevista la distribución de los diputados por sexo según el Artículo 6 del mencionado Acuerdo 003-2016, exige a los movimientos internos de los partidos políticos comprometerse en asignar 58 ó 70 posiciones de propiedad o suplencia para las candidatas. El número seleccionado en cada caso indicará la disposición de los movimientos de los partidos para cumplir con el espíritu de la paridad.

Hubiese resultado más equitativo, considerar un mecanismo que permitiera la posibilidad de contar con 64 posiciones de diputadas propietarias y suplentes respectivamente, en las elecciones primarias de 2017.

Elegir más mujeres en cargos de elección popular, podría contribuir a la expectativa de reducir los índices de corrupción que Honduras revela desde hace un buen tiempo. Es muy probable que las mujeres que han dado un paso al frente para liderar candidaturas presidenciales, alcancen posiciones de mayor responsabilidad y poder con respecto a las que ya ostentan.

Las mujeres en política están llamadas a participar en el reto de construir una Honduras más honesta y transparente.  

POLITICA ANTICORRUPCION

Para combatir la corrupción se requiere de una política de estado integral formulada de manera participativa que movilice los recursos, instituciones, regulaciones, auditorías y en fin todos los esfuerzos sincronizados de una sociedad para obtener resultados que permitan transformar la cultura de la oscuridad en el manejo de los recursos públicos por otra de la transparencia teniendo como objetivo primordial el bienestar general de una nación.

La Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción de Colombia (Conpes, diciembre 2013) constituye una referencia completa que abarca tres elementos claves: diagnóstico, plan de acción y sistema de seguimiento y evaluación para combatir la corrupción.

En cuanto al diagnóstico, comprende: El acceso y la calidad de la información pública teniendo en cuenta: estándares de calidad, nivel de acceso, magnitud del fenómeno; herramientas de gestión pública para prevenir la corrupción, integración de la planeación y gestión, acceso a los cargos públicos, contrataciones públicas, trámites administrativos, control interno, participación de particulares en acciones públicas y estrategias sectoriales anticorrupción.

En lo relativo al control social de la corrupción  y la promoción de la integridad y legalidad se identifican: nivel de información y participación, auditorías sociales, rendición de cuentas;  promoción de la integridad y legalidad, herramientas que garanticen el comportamiento íntegro de los funcionarios, identificación de conflictos de interés, inclusión de temas de transparencia en el sistema educativo así como para la ciudadanía en general, conducta de los partidos y candidatos políticos y accionar del sector privado para prevenir la corrupción.

Completando el diagnóstico, se evalúa el grado de impunidad en actos de corrupción manifestado en: proceso de denuncia, herramientas de investigación, juzgamiento y sanción, coordinación de las entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar los delitos de corrupción y control fiscal a nivel local.

Luego de realizado el diagnóstico se plantea el Plan de Acción para combatir la corrupción incluyendo las siguientes estrategias: i) Acceso y calidad de la información pública; ii) Fortalecimiento de las herramientas de gestión pública; iii) Incremento del control social en la prevención de la corrupción; iv) Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad; y v) Desarrollo de herramientas para luchar contra la impunidad en actos de corrupción.

Finalmente, se establece un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de metas e indicadores cualitativos y cuantitativos nacionales e internacionales, para calificar los avances en la ejecución de la política nacional anticorrupción.