En mayo 2017
con el apoyo financiero de la USAID, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal
Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras publicó un documento de 69 páginas
denominado Pacto Fiscal para un Desarrollo Sostenible con Transparencia y
Rendición de Cuentas, PROPUESTA. Tres de sus proponentes resultan ser altos funcionarios
del actual gobierno: 2 en el poder ejecutivo y uno en el legislativo, impulsando
la Ley de Justicia Tributaria (LJT).
En las
primeras páginas de su propuesta dicen: “¿Qué es un contrato social o pacto de
política fiscal? Un contrato social sobre política fiscal (o un pacto fiscal)
puede entenderse como un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los
recursos que requiere el Estado, sujeto a transparencia y rendición de cuentas,
para asegurar su cumplimiento. Puede interpretarse como el acuerdo sociopolítico
básico que reconoce las obligaciones del Estado y de los ciudadanos, tomando en
cuenta sus derechos. La reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos —que se
refleja especialmente en la voluntad de pagar impuestos a cambio de servicios
suministrados por el Estado—, es base fundamental para un contrato social de
política fiscal. Esto es lo que está recomendando el Grupo Promotor del Diálogo
Fiscal y la Alianza por un Pacto Fiscal en Honduras al proponer un pacto
fiscal.”
Seis años
después la visión ponderada que reflejaban en su propuesta de pacto fiscal ha
sido sustituida por una actitud hostil, intolerante, agresiva y hasta insultante
que inició con los beneficiarios de exenciones fiscales y ahora se completa la
furia en contra de los migrantes hondureños que sostienen en gran medida a la
economía hondureña proveyendo divisas al estado e ingresos a sus familias que
reciben tales transferencias desde diversos lugares del mundo, a pesar que en la
promoción inicial de la LJT, negaban y perjuraban que no grabarían tales flujos.
Autoridades
del Partido Liberal de Honduras han introducido un anteproyecto de ley
denominado de equidad tributaria que intenta suavizar la animosidad evidente en
el texto de la propuesta LJT.
La
iniciativa liberal plantea fundamentalmente los siguientes aspectos;
1. Promover las inversiones públicas y
privadas.
2. Establece los rubros de inversión
prioritarios, más allá de la LJT.
3. Propone 4 formas de inversión: 1) pública,
2) pública-municipal, 3) privada y 4) mixta.
4. El Régimen de Incentivos a la
Inversión para el Desarrollo (RINDE) con sus incentivos para promover las
inversiones y la generación de empleo. Duración 10 años con 10 prorrogables.
5. Megaproyectos RINDE con una inversión
de USD 300 000. Duración 10 años exoneración ISR.
6. Régimen de Zonas Francas para: Fomentar
la Inversión Extranjera Directa (IED); Promover las exportaciones y aumentar la
competitividad del país; Generar empleo; y, obtener una mayor generación de
divisas que realicen actividades de manipulación, procesamiento, manufactura,
producción, reparación y el mantenimiento de bienes y la prestación de
servicios destinados a la exportación o reexportación. La Inversión inicial es
de USD 150 000. Duración 10 años con 5 prorrogables.
7. Índice de Elegibilidad Estratégica
(IEE), que contendrá las métricas de cumplimiento de los criterios a evaluar.
8. Gobernanza controladora de los beneficios:
Secretaría de Desarrollo Económico¸ Secretaría de Finanzas¸ Administración
Tributaria¸ Administración Aduanera de Honduras.
9. Incumplimiento y sanciones.
10.Continuidad de exoneraciones vigentes
y opción a escoger cualquiera de las opciones propuestas sin simultaneidad.
11.Reformas y derogatorias a
determinados regímenes fiscales existentes y transición de regímenes especiales.
12. Digitalización e interoperabilidad
de la información en poder del estado para control e intercambio.
13.Manejo confidencial de información
del contribuyente y su uso estrictamente tributario, así como sanciones por
divulgación para usos diferentes.
14.Aclaraciones sobre beneficiarios
finales.
La noción de
pacto fiscal remarcada en la propuesta liberal y enunciada en la propuesta de
la Alianza de 2017 debe retomarse para resolver una enconada controversia que
alimenta la ‘polarización’ pero que no conviene a los intereses de Honduras, en
vilo permanente por recurrentes controversias.
