En una economía donde el mercado libre de acciones no
existe, las decisiones políticas equivocadas no afectan a los accionistas. Al
menos aparentemente. No hay desplome del valor de las acciones y por lo tanto
no resultan millonarios arrastrados inesperadamente al umbral de la miseria por
razón del impacto adverso de una acción infortunada en los mercados bursátiles.
Sin embargo, las acciones de los individuos atropellando la
institucionalidad y el imperio de la ley no son neutrales a la actitud de los
inversionistas y sus negocios; consecuentemente, no son las operaciones
bursátiles las que pierden valor de inmediato, pero sí se impacta la confianza
acerca de lo que pueda acontecer en el futuro cercano como resultado de la
ausencia de respeto a la ley y el orden establecidos.
La extrapolación que hacen los inversionistas ante medidas
arbitrarias y de irrespeto a la ley, es que lo ocurrido en el campo político
puede trasladarse sin inmutación alguna, al campo económico y en general al
resto de las actividades humanas amenazadas por el menosprecio de la ley y la
justicia ya vulneradas, pues, para el arbitrario cualquier argumento justifica
sus propósitos.
Cuando se vive y convive en un país donde quienes deben
garantizar el respeto a la majestad de la ley son los primeros en violentarla,
la disminución del valor de la nación no sólo se circunscribe a sus bienes
materiales muebles e inmuebles, sino –lo más grave- a la devaluación de la condición
de la persona humana en cuanto al respeto de sus derechos elementales y a cómo son
considerados sus ciudadanos dentro del concierto de naciones civilizadas.
Las habilidades utilizadas para manipular todo un aparato
institucional en torno y a favor de un proyecto político de dudosos resultados,
puede conllevar un fiasco para sus más entusiasmados impulsadores. La
vulnerabilidad de una economía pequeña está a expensas de lo que puedan decidir
sus grandes empresas. Aun cuando algunas inicialmente se hayan convertido en aliadas de
una aventura política, a la larga ésta puede revertirse hacia ellas.
Las calificadoras de riesgo país y los organismos externos
que evalúan anualmente el comportamiento del Estado en los ámbitos de la
institucionalidad y el respeto a la ley, no son objeto de manipulación como la
lograda con aquellos nativos que han permitido semejante entuerto.
Cuando prima en un grupo, la desesperación o certeza que los
fines deseados no se alcanzarán por los derroteros ya señalados en la ley, la
sociedad se enfrenta a individuos ofuscados, que a fuerza de actuar de manera desalmada,
no calculan de forma global los resultados inmediatos y mediatos de sus
desafueros.
Desde julio de 2009 está vigente la Ley del Plebiscito y el Referendo
que establece la forma ordenada de modificar la Constitución de la República y como
reducir al polvo, los denominados artículos pétreos. A pesar de ello, se ha escogido
la senda del atajo y sus consecuencias.
