MERCADO DE VALORES

En una economía donde el mercado libre de acciones no existe, las decisiones políticas equivocadas no afectan a los accionistas. Al menos aparentemente. No hay desplome del valor de las acciones y por lo tanto no resultan millonarios arrastrados inesperadamente al umbral de la miseria por razón del impacto adverso de una acción infortunada en los mercados bursátiles.

Sin embargo, las acciones de los individuos atropellando la institucionalidad y el imperio de la ley no son neutrales a la actitud de los inversionistas y sus negocios; consecuentemente, no son las operaciones bursátiles las que pierden valor de inmediato, pero sí se impacta la confianza acerca de lo que pueda acontecer en el futuro cercano como resultado de la ausencia de respeto a la ley y el orden establecidos.

La extrapolación que hacen los inversionistas ante medidas arbitrarias y de irrespeto a la ley, es que lo ocurrido en el campo político puede trasladarse sin inmutación alguna, al campo económico y en general al resto de las actividades humanas amenazadas por el menosprecio de la ley y la justicia ya vulneradas, pues, para el arbitrario cualquier argumento justifica sus propósitos.

Cuando se vive y convive en un país donde quienes deben garantizar el respeto a la majestad de la ley son los primeros en violentarla, la disminución del valor de la nación no sólo se circunscribe a sus bienes materiales muebles e inmuebles, sino –lo más grave- a la devaluación de la condición de la persona humana en cuanto al respeto de sus derechos elementales y a cómo son considerados sus ciudadanos dentro del concierto de naciones civilizadas.

Las habilidades utilizadas para manipular todo un aparato institucional en torno y a favor de un proyecto político de dudosos resultados, puede conllevar un fiasco para sus más entusiasmados impulsadores. La vulnerabilidad de una economía pequeña está a expensas de lo que puedan decidir sus grandes empresas. Aun cuando algunas inicialmente se hayan convertido en aliadas de una aventura política, a la larga ésta puede revertirse hacia ellas.

Las calificadoras de riesgo país y los organismos externos que evalúan anualmente el comportamiento del Estado en los ámbitos de la institucionalidad y el respeto a la ley, no son objeto de manipulación como la lograda con aquellos nativos que han permitido semejante entuerto.

Cuando prima en un grupo, la desesperación o certeza que los fines deseados no se alcanzarán por los derroteros ya señalados en la ley, la sociedad se enfrenta a individuos ofuscados, que a fuerza de actuar de manera desalmada, no calculan de forma global los resultados inmediatos y mediatos de sus desafueros.

Desde julio de 2009 está vigente la Ley del Plebiscito y el Referendo que establece la forma ordenada de modificar la Constitución de la República y como reducir al polvo, los denominados artículos pétreos. A pesar de ello, se ha escogido la senda del atajo y sus consecuencias.