COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

 

En 2022 había 272,300 miembros pertenecientes a 26 colegios profesionales (no hubo información de tres colegios: contadores públicos, microbiólogos y peritos mercantiles (Fuente: BCH, Honduras en Cifras, Colegios Profesionales).

Desde hace 70 años los gobiernos han tratado de controlar los colegios con un relativamente alto porcentaje de éxito. Los partidos políticos tradicionales más antiguos han utilizado a los colegios profesionales como una suerte de sindicatos blancos para que apoyen su gestión gubernamental o para hacer férrea oposición, dependiendo de la facción partidaria que controle la directiva de cada colegio.

Algunos colegios han manifestado históricamente más beligerancia que otros. El nivel de importancia ha estado vinculado directamente al grado de intervención de los gobiernos por el tamaño de su membresía, el sector económico a que pertenecen y el nivel de participación que el mismo gobierno le ha otorgado vía legislación tanto con representaciones permanentes en juntas directivas de entidades públicas o en procesos de selección para la integración de poderes del estado (Corte Suprema de Justicia) y operadores de justicia (Ministerio Público).

Como contrapartida al trabajo partidario dentro de los colegios profesionales, el gobierno con recursos que sufragan los contribuyentes al fisco gratifica las lealtades con diversos mecanismos de compensación y apoyo desde empleos remunerados, contratos, viajes, etc.

En las fuentes del poder público, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ostenta la tercera mayor membresía después del COLPROSUMAH y COPRUMH. Sin embargo, por control total del poder judicial y las numerosas representaciones del CAH en entidades públicas, comparte con el gobierno una especie de asociación público-privada de particular importancia. Allí radica el interés por el control del CAH y el desesperado esfuerzo de la maquinaria estatal por incidir el 9 de marzo 2024 por las malas, en el resultado de la elección de la Junta Directiva del CAH para los próximos dos años.

Con un fementido socialismo “democrático”, que contradice con su accionar el partido de gobierno, las perspectivas económicas del país están resultando cada día más inciertas. La disminución de la actividad económica repercute sensiblemente en el accionar de los abogados independientes (del gobierno) y de los profesionales cuya meta no es un empleo público y gestionan su quehacer desde bufetes.

En sus 100 años de existencia, el CAH juega una de las cartas más cruciales de la historia de Honduras. En un país que se aleja rápidamente del estado de derecho, el efecto más inmediato repercutirá en aquellos cuya labor cotidiana construye el apoyo jurídico imprescindible para los negocios basados en el imperio de la ley.