TRAJE TRANSPARENTE

En el mundo, particularmente en el continente americano, la historia tuvo que recorrer centurias para que se reconocieran los derechos políticos a las mujeres.

La secuencia cronológica, del derecho al voto de la mujer en gran parte de América se dio de la siguiente manera: Estados Unidos (1920), Chile (1931), Uruguay (1932), Bolivia (1938), El Salvador (1939), Panamá (1941), Brasil y Cuba (1943), Guatemala y Venezuela (1946), Argentina y México (1947), Costa Rica (1950), Honduras y Nicaragua (1955).

Del voto al acceso a los cargos públicos, las mujeres tuvieron que esperar otro lapso más. Hoy, el asunto es que todavía la mitad de la población con derecho a voto, se encuentra alejada de la meta ideal que le corresponde en las responsabilidades de ostentar el poder público a los más altos niveles.

Una vez en ejercicio del cargo público o cercano a los mismos, fundamentalmente por razones de parentesco, las mujeres no han escapado al virus de la corrupción que corroe el entramado político y social de los países de este continente.

Sin embargo, a pesar de los recientes escándalos de corrupción en los que se han visto envueltas presidentas, primeras damas y otras familiares de políticos poderosos a través de la geografía americana, todavía no se destierra la percepción generalizada que las mujeres preservan una menor inclinación hacia la corrupción y el quebranto de las leyes.

La fuente de la percepción aludida puede afincarse en razones culturales, sociales, educativas, económicas y en la propia condición maternal de la mujer. Sin duda que los recursos que desvía la corrupción, disminuyen en gran medida la atención de las necesidades básicas de la población (salud, educación y vivienda) que suele ser una preocupación mayor de la mujer en las familias.

Usualmente sucede que la mujer en lugar de hechora resulta ser víctima de la corrupción y quizá tal situación explica la resolución de las féminas a combatirla por ser un flagelo que impide el desarrollo económico y social de las grandes mayorías.

Cuando la anticorrupción se viste de mujer desde las estructuras del poder político, puede esperarse mayores y más rápidos resultados en una lucha donde la convicción de realizar cambios va acompañada de los beneficios que entraña.   

TRANSPORTE SINIESTRO

Desde la antigüedad, el hombre ha facilitado su existencia valiéndose de medios de transporte para acortar distancias y trasladar personas y bienes de un punto a otro.

Rápidamente se encontró que aquellos instrumentos veloces que disminuían las distancias, también constituían herramientas útiles para la guerra, la conquista y la dominación.

Hubo que esperar varios siglos para superar los traslados terrestres y marítimos para que la aspiración temprana de viajar por la vía aérea, se concretara. Pronto se descubrió la efectividad en los conflictos armados de los aviones y otros aparatos aéreos.

A través del esfuerzo científico y tecnológico, la modernización de los medios de transporte ha permitido el traslado de mayor número de pasajeros y volumen de carga en menor tiempo y la comodidad de la humanidad ha mejorado sustancialmente. Han sido notables los esfuerzos por aumentar la seguridad de personas y bienes en los diferentes modos de transporte.

Simultáneamente, el descubrimiento siniestro de convertir los medios de transporte en armas de destrucción masiva obliga a imaginar el establecimiento de mecanismos que permitan prevenir la intervención efectiva de los terroristas. Detrás del modus operandi de los terroristas se encuentra la acción corrupta de quienes facilitan sus objetivos criminales.

El terrorista, operador de un medio de transporte cuenta en primer lugar con un motivo, cualquiera que sea; en segundo lugar con un instrumento, cualquier unidad de un medio de transporte; y en tercer lugar, con la predisposición autónoma o inducida de acabar con su existencia, provocando indiscriminadamente el mayor número de bajas inocentes y daños materiales.

A través de la historia los medios de transporte se han utilizado para dilucidar contiendas en batallas y guerras convencionales. Los terroristas por su parte, han trasladado el escenario de las guerras, del campo militar al ámbito civil, en donde el impacto de sus acciones es demoledor, puesto que sus víctimas desprevenidas, no están en guerra con nadie y consecuentemente se enfrentan a ataques inesperados con instrumentos de muerte que no despiertan sospecha alguna.

A diferencia del terrorismo de la guerra fría cuyos fines y blancos eran definidos con precisión y no contaba con operadores suicidas, el terrorismo yihadista tiene al mundo como enemigo; sus fines son difusos; sus blancos son indeterminados; y su pasión por la inmolación es inquietante. Por consiguiente, las estrategias terroristas de antaño no funcionarán y tendrán que replantearse.

Una consigna internacional terrorista, sólo puede ser contrarrestada con una acción coordinada internacional antiterrorista o la población mundial deberá prepararse a sobrevivir con la angustia incómoda de ser víctima de un ataque masivo provocado por algún desequilibrado que ha comprado una recompensa sexual en el otro mundo, a cambio de su acción sanguinaria en la tierra.

COMPRAS FATALES

La adquisición de bienes y servicios para propósitos públicos constituye uno de los expedientes preferidos por los corruptos para agenciarse ganancias inesperadas que usualmente son compartidas entre las partes involucradas.

Las compras sobrevaloradas de bienes, servicios y obras públicas de baja calidad o por debajo de las especificaciones mínimas, a veces, no sólo repercuten en el desvío de recursos escasos, sino que también conllevan infaustas consecuencias.

Obras de infraestructura que se desmoronan y provocan accidentes con daños a la salud o la vida de los usuarios; medicamentos vencidos o adulterados que no alivian ni curan al paciente, pero que si aceleran su muerte; equipos y pertrechos de defensa y seguridad que en lugar de constituir elementos y artefactos de protección resultan inútiles en momentos de emergencia y atentan contra la integridad física de aquellos que las manipulan. Solo para mencionar algunos ejemplos.

Aquellos delitos de corrupción cuyos efectos van más allá del despilfarro de recursos públicos y que como consecuencia ponen en riesgo la seguridad, la salud y la vida de las personas debieran ser sujetos a la acumulación de penas, como elemento disuasivo hacia los delincuentes y para asegurar el criterio de proporcionalidad con respecto a la verdadera magnitud del daño provocado.

No existe diferencia alguna entre la conducta sociópata de un asesino y la de aquel que provoca la muerte de vidas inocentes, influenciado por la imperiosa acción de la codicia a través de la corrupción. Aun cuando existen diversos niveles de violencia entre las conductas aludidas, el resultado final es el mismo.

Es entendible que la medición del impacto de las diferentes tipologías del delito de corrupción ya de por sí, es una tarea engorrosa. Sin embargo, los esfuerzos de medición de las repercusiones directas e indirectas de comportamientos impropios que atentan contra la vida de las personas, deben tomarse en cuenta para el apropiado castigo de los criminales.