COMPRAS FATALES

La adquisición de bienes y servicios para propósitos públicos constituye uno de los expedientes preferidos por los corruptos para agenciarse ganancias inesperadas que usualmente son compartidas entre las partes involucradas.

Las compras sobrevaloradas de bienes, servicios y obras públicas de baja calidad o por debajo de las especificaciones mínimas, a veces, no sólo repercuten en el desvío de recursos escasos, sino que también conllevan infaustas consecuencias.

Obras de infraestructura que se desmoronan y provocan accidentes con daños a la salud o la vida de los usuarios; medicamentos vencidos o adulterados que no alivian ni curan al paciente, pero que si aceleran su muerte; equipos y pertrechos de defensa y seguridad que en lugar de constituir elementos y artefactos de protección resultan inútiles en momentos de emergencia y atentan contra la integridad física de aquellos que las manipulan. Solo para mencionar algunos ejemplos.

Aquellos delitos de corrupción cuyos efectos van más allá del despilfarro de recursos públicos y que como consecuencia ponen en riesgo la seguridad, la salud y la vida de las personas debieran ser sujetos a la acumulación de penas, como elemento disuasivo hacia los delincuentes y para asegurar el criterio de proporcionalidad con respecto a la verdadera magnitud del daño provocado.

No existe diferencia alguna entre la conducta sociópata de un asesino y la de aquel que provoca la muerte de vidas inocentes, influenciado por la imperiosa acción de la codicia a través de la corrupción. Aun cuando existen diversos niveles de violencia entre las conductas aludidas, el resultado final es el mismo.

Es entendible que la medición del impacto de las diferentes tipologías del delito de corrupción ya de por sí, es una tarea engorrosa. Sin embargo, los esfuerzos de medición de las repercusiones directas e indirectas de comportamientos impropios que atentan contra la vida de las personas, deben tomarse en cuenta para el apropiado castigo de los criminales.