DESCARRILAMIENTO

El 23 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta de Honduras la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno,  que modificó las siguientes leyes: Ley General de la Administración Pública; Ley de Procedimiento Administrativo; Ley de Contratación del Estado; Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; Ley Orgánica del Presupuesto; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

Con la modificación a los Artículos 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública, la facultad de crear, modificar o suprimir secretarías de estado y órganos desconcentrados se trasladó del Congreso Nacional a la Presidencia de la República, o sea, lo que decidían 128 diputados electos por el pueblo pasó a ser atribución discrecional del Presidente de la República y sus 15 Secretarios de Estado.

En cuanto a lo que puede hacerse con las entidades descentralizadas, el Artículo 261 de la Constitución de la República expresa: “Artículo 261. Para crear o suprimir un organismo descentralizado, el Congreso Nacional resolverá por los (2/3) dos tercios de votos de sus miembros.

Previa la emisión de leyes relativas a las instituciones descentralizadas, el Congreso Nacional deberá solicitar la opinión del Poder Ejecutivo.”

Por ello, la fusión del Banco Nacional de Producción y Vivienda con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, se sometió al pleno de la cámara legislativa por iniciativa del Poder Ejecutivo y sólo logró 77/86 de los votos que se requieren.

Aparte de los requisitos jurídicos, la ley prevé para el caso de las descentralizadas definir el fin público a satisfacer, acreditar su factibilidad económica-administrativa, el costo de funcionamiento, el rendimiento y ahorro previstos, datos que respecto a la mencionada fusión ayudarían a la comprensión de sus bondades pero que son desconocidos por la población en general.

A pesar que la fusión no se ha logrado por la vía constitucional, se insinúa la existencia de “mecanismos” para llegar al objetivo. Salvo que se encuentren senderos esotéricos o la lectura de manos entre gitanos se esté sofisticando, cualquier salida al margen de la ley, acentúa el descarrilamiento de la legalidad, en este caso, de la institucionalidad administrativa del país.