Alcanzaron el poder sustentado en el odio hacia un autoritarismo
oprobioso que combinaba poderosos vínculos con el crimen organizado al mismo
tiempo que mantenían y racionaban privilegios a potentados favorecidos por
contrataciones públicas. Una administración que utilizó el terrorismo fiscal
para perseguir opositores y favorecer adeptos político-empresariales a quienes
aplicaban medidas laxas en cuanto a sus obligaciones tributarias. Ofrecieron derogar
leyes impopulares para resultar favorecidos por el voto de los creyentes, para
una vez en el poder dar la espalda a sus promesas; derogar algunas disposiciones
que solo debían reformarse; y están aumentando la presión que asfixiará la inversión
y generación de empleo.
El dictador se arropó en la bandera de la izquierda; una
suerte de populismo primitivo que ha demostrado tener éxito en buena parte de
América Latina. La diferencia con el autoritarismo que les facilitó el acceso
al poder es que el previo era básicamente interno (salvo sus alianzas
criminales foráneas) y el actual ha vendido el alma a un mamarracho que se
denomina socialismo del siglo XXI. El denominador común de ambos esquemas, el
reciente y el actual, es su autoritarismo, sectarismo, la compra de voluntades,
la distribución de dádivas a los pobres y el control de negocios importantes de
la nación: la concesión de recursos naturales, la infraestructura y los
servicios existentes (recientemente amenazaron con fundar un banco de remesas).
El dictador desde el poder ejecutivo nombra, controla y dicta
órdenes al poder legislativo por medio de una junta directiva espuria y con el
apoyo condicionado de diputados de partidos de ‘oposición’; a las autoridades
electorales; a los cuerpos armados; y a todo el aparato del sector público, al
que incluso le exige sumisión y pleitesía. En la nueva corte de justicia, nombrada
mediante un intrincado procedimiento ligeramente diferente al pasado, descansa
un hálito de esperanza a que se constituya en poder independiente ausente de
vasallaje ante el ejecutivo que mantiene una agenda incólume de transformar el
país hacia su destrucción.
El dictador y su camarilla manifiesta su desprecio por la
institucionalidad y el imperio de la ley, y mucho más sobre valores que han
prevalecido en la población hondureña desde antes de la conquista.
Igual que su antecesor, la inseguridad forma parte del sesgado
esquema operativo del dictador. Sus aliados cuentan con protección policial y militar,
mientras el resto de la población tiene que agenciarse su propia protección
contra la violencia y el crimen.
Otro elemento fundamental del proyecto dictatorial es el
control casi total de medios de comunicación y embestidas a la libertad de
expresión. Da pena, la manera entreguista con que, antiguos defensores del pueblo
hoy utilizan su pluma y sus canales para aprobar, justificar o defender el “proyecto
socialista” y atacar a todo aquel que se cruce en su camino. Porque ‘pueblo’ es
hoy un sustantivo aplicado a un segmento muy reducido de la población: los
adláteres del gobierno.
El dictador entonces sabe que la marcha de su proyecto está avalada
por:
·
Valores
morales precarios y necesidades ingentes de la población en general.
· Individuos,
empresas y organizaciones de sociedad civil, domesticadas por prebendas, amenazas
y persecuciones gubernamentales de todo tipo.
·
Marco
legal diseñado a su favor: Constitución, convenios internacionales, códigos,
leyes, reglamentos, resoluciones y manuales.
·
Algunos
organismos internacionales, complacientes.
·
Marco
institucional sometido: parte de los poderes del estado, cuerpos armados, secretarías
de estado, alcaldías, gubernaturas, auditoras, fiscalías, observatorios,
comisiones, comisionados.
·
Fuente
financiera garantizada: los recursos públicos de la nación utilizados a
discreción.
·
Aparato
mediático desorientador.
·
Inmovilización
de la oposición: Intervención en partidos y adhesión de dirigentes opositores.
El dictador
cuenta con el escenario preparado para su siguiente gran zarpazo: ganar las próximas
elecciones a como dé lugar. Y sí el mapa de ruta le resulta, al día siguiente
de conocerse los resultados en las urnas, habrá miles de arrepentidos por
acciones u omisiones. Otra vez. Entonces, podría ser demasiado tarde.
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