No importa el día ni la hora. El tránsito de Tegucigalpa es cada día más caótico y más salvaje, también. Motos, taxis, mototaxis, buses, particulares y peatones que no respetan las señales de tránsito en recorridos impulsados por la ansiedad y “el síndrome de buque insignia” o “al ritmo de mi velocidad” para acosar al auto delantero y cualquiera otra sea la urgencia del conductor para poner en peligro su vida y la de los demás.
En la entrada que conduce a la Colonia Mayangle es preciso
rodear la hilera de bloques que se ha construido para ordenar el tránsito
endiablado de la zona. En una reparación de la Comisión de Ordenamiento Vial abrió
en esa barrera un boquete frente a un edificio de apartamentos y nunca lo cerró.
Primero motos, mototaxis y taxis lo
interpretaron como una invitación a recorrer un trecho de 15 metros para desafiar
el tránsito normal y lanzarse contravía o hacer vuelta en U. Luego, hace unos días,
a algún particular se le ocurrió ampliar el boquete y ahora es tráfico
recurrente de contra vías, para acceder a la Residencial Centroamérica Este.
La desidia y ausencia de autoridades para ordenar el transito
y disuadir a los infractores es un fenómeno desalentador que se extrapola a
casi toda la ciudad. Son escasos los recorridos donde los conductores pueden
conducirse tranquilos y seguros de que no se encuentran adelantos por la
izquierda y derecha, este último, el ejemplo más peligroso de conducción temeraria,
casi suicida.
En la década de los 80s para los funcionarios públicos había 3
peligros serios básicos: los guerrilleros nacionales y extranjeros; los
contras; y la delincuencia común y organizada que comenzaba a establecerse. Sin
embargo, los funcionarios de más alto nivel del gobierno no andaban protegidos
por guardaespaldas. Por ello fue tan fácil para que la guerrilla diera algunos
golpes como la toma de la Cámara de Comercio e Industria de Cortes; algunos
secuestros de empresarios: y en menor medida, el secuestro de aeronaves.
Desde hace algunos años se generalizo el uso de guardaespaldas
para la protección de funcionarios hasta de sexta categoría y sus familiares. Los
recursos dilapidados de forma irresponsable de unos 5000 “guaruras” (cifra
alzada) como se les denomina, son desviados de tareas mas importantes como el
orden vial y la seguridad ciudadana y otras áreas descubiertas como la ciberseguridad. Los
ciudadanos, no pagamos impuestos directos e indirectos, tasas, cargos y servicios
para que sean despilfarrados de esa manera. Si en las esferas del gobierno hay
gente que teme que la ataquen por paranoia, andar en malos pasos, aspaviento u otra
razón baladí es tema personal a ser asumido individualmente.
Será tarea del próximo gobierno a nivel local y nacional,
desmantelar ese exagerado aparato de seguridad, exacerbado por los apartadores
de vehículos que al margen del Articulo 66 de la Ley de Tránsito, aumentan el
tamaño del infierno vial de tanto automotor en un reducido espacio para la locomoción.
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