El rumbo que prevalece en las
decisiones políticas de las potencias en esta centuria está diseñado a
sustituir la intervención de organismos internacionales que fueron creados de
1945 en adelante, luego de la culminación de la segunda guerra mundial.
El avance de las tecnologías aplicadas
a los instrumentos de guerra y el sometimiento económico resultan facilitadores
de una nueva aproximación que están adoptando las potencias actuales ampliando la
brecha de países poderosos respecto a aquellos que están quedando rezagados en la
carrera tecnológica y basando su accionar en el ejercicio de la fuerza al mejor
estilo de la etapa de los imperialismos que tuvieron su apogeo entre 1871 y
1914.
Los objetivos son los mismos: dominación
económica, control de recursos estratégicos vitales para su sostenimiento hegemónico,
el cierre de fronteras a la inmigración indiscriminada y conlleva simultáneamente
el control político interno por medio de intervenciones en los resultados electorales
de los países dependientes o utilizando el abierto arbitraje militar.
Han resurgido las políticas de
reserva de territorios exclusivos de países vecinos para las potencias en los
cinco continentes, condicionando la intromisión de potencias ajenas a través de
advertencias, amenazas e incluso acciones directas de contención.
A esta nueva ola de gestión imperial,
las potencias rivales utilizan el expediente de contrarrestar a grupos de países
como en el caso americano del Grupo de Sao Paulo que desde 1990 ha pretendido
enfrentar la influencia hemisférica de la primera potencia mundial, intentando
acercarse a potencias extracontinentales.
En la actualidad parece
prevalecer entre los halcones hemisféricos el agotamiento de la paciencia y la
tolerancia ante actitudes desafiantes de larga data como la experiencia cubana
desde 1959; la venezolana de 2002 y la nicaragüense que ya acumula 19 años
consecutivos en el poder.
Para asegurar esta nueva
etapa, las potencias se están asegurando que los gobiernos que considera pertenecientes
a su esfera de influencia le garanticen estabilidad interna por parte de gobernantes
con manifiesta lealtad a sus intereses políticos, económicos y militares. Por
consiguiente, siguiendo la tónica de precedentes recientes como Venezuela en transición
y Honduras con nuevas autoridades electas, en el norte están asegurando
certidumbre en las gobernanzas internas.
En el caso venezolano, a pesar
de contar con autoridades electas desde 2024, de inmediato han preferido lidiar
con el establishment en el poder con leverage en el control de fuentes de poder
actuales, mientras esperan nuevas elecciones en donde probablemente, vuelvan a participar
los lideres de 2024 y considerar la decisión mayoritaria del pueblo en las
urnas.
En el caso hondureño, el
candidato presidencial más popular, según el scorecard de los observadores decisivos
del norte no llenó sus expectativas momentáneas de coincidencia ideológica y práctica.
En un caso se levanta el punto de la inflexibilidad para negociar con el poder
anquilosado durante 27 años y la magnitud de negocios y recursos estratégicos venezolanos;
en el segundo, pronunciamientos favorables precisamente hacia el régimen venezolano
y expresiones vinculadas a la autoridad que se cambiará amenazando tomar una de
las bases militares más importantes del hemisferio occidental, se convirtieron
en pasivos que la popularidad no alcanzó a superar.
Los candidatos presidenciales en
Latinoamérica de ahora en adelante, ante la presencia de intereses globales de
las potencias más allá de organismos internacionales, deben meditar sus
expresiones cuando vierten sus opiniones o se quedan callados ante consultas
que definen su posición y su carácter. Están siendo monitoreados. Un candidato
a la presidencia de un país debe pensar como estadista y agregar una apropiada
lectura a eventos que probablemente no eran fundamentales hasta hace poco tiempo.
