La población debe estar informada
de todas las actividades públicas. Es un derecho de los ciudadanos y un deber
de los funcionarios. Contribuye a una gestión pública más eficiente y reduce
las posibilidades de prácticas corruptas.
En años recientes, han
proliferado normativas internacionales y nacionales; convenios; instituciones y
entidades; conferencias; seminarios; y reuniones para impulsar la transparencia
de la función pública. De manera inversa, los índices nacionales de corrupción continúan
inamovibles y hasta en ascenso sin responder a los numerosos esfuerzos que se
realizan para su reducción.
Se trabaja en función de
aperturas. Y así, se cuenta entre otros instrumentos con gobiernos,
presupuestos, licitaciones y cabildos abiertos. Es posible que tal apertura
contribuya a conocer más casos de corrupción ahora, que en el pasado reciente.
Nada más. Entonces, el éxito logrado está vinculado al conocimiento de los actos
ilícitos pero no a su prevención, sanción y penalización.
La percepción de transparencia,
puede resultar totalmente opuesta a su propósito. El solo hecho de
transparentar una acción, no resulta automáticamente en garantía para reducir
la corrupción. Todo lo contrario. Argumentos vinculados a defensa, seguridad,
confidencialidad y similares, constituyen vías libres legales para cometer
actos irregulares.
El avance en el acceso a la
información pública, no ha impedido la emisión de leyes, decretos, y
resoluciones de información reservada, partidas confidenciales y compras
directas, creando amplias masas de manejo discrecional tanto de recursos
financieros como materiales. Hasta el
acceso a datos que son importantes para el desarrollo y la investigación de un
país, se torna difícil o inaccesible.
Cuando transcurren 23 años sin
contar con un censo agropecuario no hay duda que las acciones de aquellos que
se atreven explotar actividades de por sí riesgosas, resultan en decisiones asumidas
con una venda en los ojos. Sitios en la red poco amigables, que exhiben escasa
información estadística, el cobro por suministrar la misma y hasta la de leyes
que la ciudadanía está obligada a conocer, convierten el acceso a la información
en una vereda intransitable.
Para que el acceso a la
información contribuya a la transparencia, debe evaluarse su impacto efectivo
en la disminución de la corrupción. El estudio permanente y las acciones
correctivas de aquellos elementos que obstaculizan sus objetivos, aunado a una
participación ciudadana más activa pueden contribuir a alcanzar más rápidamente
sus propósitos.
Transparencia total.
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