lunes, 31 de octubre de 2016

DISCRECIONALIDAD INTERNACIONAL

El 28 de junio de 2009, Honduras se vio obligada a ejecutar una sucesión presidencial a consecuencia de la amenaza que se cernía sobre la democracia hondureña a través de una consulta inventada por el entonces presidente de la república para establecer una asamblea nacional constituyente y anquilosarse en el poder público.
La reacción internacional sumarísima fue aplicar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos aprobada en Perú el año 2001 y simultáneamente orquestar un bloqueo político y financiero al país.
El castigo hacia Honduras y su pueblo fue doble. A los efectos del bloqueo se sumó el impacto de la crisis financiera internacional surgida en el año 2008. El perjuicio infligido fue de tal magnitud que Honduras aún no se recupera de los mencionados nocivos efectos.
El asunto es que en el año 2012, Paraguay realizó una acción similar a la de Honduras y en el presente año, la presidenta de Brasil fue sustituida. En ninguno de estos últimos casos, se aplicó la Carta Interamericana.
Venezuela ha transcurrido por 18 años de gobiernos irregulares; está hundida desde hace años en una crisis política, social y económica sin precedentes y los demás países miembros de la OEA están pensando sí aplican o no la famosa carta.
Aparte de Venezuela, actualmente en varios países de América, se están tramando golpes a la democracia que se están consumando con la complacencia cómplice de la OEA. Y seguramente el As de la baraja que se utilizó contra la Honduras del 2009, continuará guardado para el resto de situaciones similares que se presenten.
La práctica de la discrecionalidad, irá pasando factura a aquellos organismos internacionales veleidosos y ambivalentes que aplican las regulaciones según la conveniencia o la dirección del viento.


miércoles, 26 de octubre de 2016

ESPADA DE DAMOCLES

Tanto organismos nacionales como internacionales alientan a la población a denunciar los actos irregulares (de corrupción) que se presentan en la administración pública. Tal gestión es loable. Sin embargo, para los denunciantes implica riesgos proporcionales a la magnitud del delito denunciado y al poder acumulado de los hechores señalados.
Cuando los poderes del estado se encuentran alineados y alienados a una sola fuente de poder y los operadores de justicia carecen de identidad propia e independencia, las posibilidades de sindicar con éxito a un delincuente, son escasas.
Y sí al control del poder público se suma, la mediatización de los instrumentos mediáticos, el denunciante en lugar de contribuir a un propósito altruista puede resultar destruido por la feroz embestida de los tarifados voceros del gobierno de turno.
A pesar de todo, los esfuerzos de lucha contra la corrupción, permean cada vez más la conciencia de la población. Y la intolerancia hacia las acciones corruptas es cada día mayor.
El drama de los corruptos se va pareciendo a la versión popular de aquellos que con frecuencia se pasan de copas: cuando la mina de la corrupción está explotándose, aflora la alegría del mono; al ser descubierto y denunciado, el tigre muestra las garras y el delincuente utiliza todos los medios posibles para atemorizar a sus acusadores, amenazándolos hasta con la cárcel; finalmente, cuando los alcanza la justicia, las celdas penitenciarias constituyen el mejor acomodo al que pueden aspirar. Y ese ambiente no es tan diferente al de las porquerizas. O a veces puede resultar peor.



viernes, 21 de octubre de 2016

FROM INTERVENTIONISM TO LIBERALIZATION

In the beginning of the last century, the strongest economies of the world initiated a process to establish necessary rules in their economies. The invisible hand of the market had to be under regulation to mitigate its perverse effects.
During WWI there were episodes of food hoarding and speculation. When the war was over, hyperinflation hit several countries of Europe. That provoked governments to intervene the economy to control such phenomena.
With the spread of Socialism, economic law was intended to regulate all those affairs arising from economic relations. The core instrument was economic planning.  Socialism influenced non socialist countries to adopt some principles of government intervention to ease social tensions.
When the Great Depression arrived in 1929, a reduction on the demand and credit caused unemployment and poverty widespread.  Then, the US Government established the Great Deal to overcome their evil effects and preserve justice and equity.
After WWII more government interventions were justified to rebuild the destroyed economies of those countries involved directly in the conflict. Moreover, by that time, several former colonies got independence, and for the new governments it was necessary intervene their economies and to enhance their institutions.
Government interventions on the economy were crafted through economic law and continue to do so. Economic law regulates, discipline and sanctions economic policy and planning and integrates the legal categories (formal) with the economic categories (material).
As long as government interventions were strong, unions and all kind of institutions in defense of social and economic conquests were created.
With diverse levels of intervention, the government regulated the economy through among others the following policies:  fiscal, monetary, financial, labor, market, private and public property, use of natural resources, investment, foreign economic relations, and the role of government itself that included the creation of enterprises to compete or complement the private sector.
With the time, government interventions went beyond economic reasons and responded more to political interests, depending on the conditions of each country.  The more or less government intervention performed until the free market economics of President Reagan and Prime Minister Thatcher was in place.
Later, the US Treasury Department, the World Bank and the International Monetary Fund, following the ideology of free market economics, set up an array of 10 points for developing countries in crisis that included policies in areas as macroeconomic stabilization, economic opening with respect to both trade and investment, and the expansion of market forces within the domestic economy. Globalization got force. ICT technologies contributed to that.
With the events mentioned, it appeared that government intervention, considered necessary in their early stages was over. At least, in the manner and with the purposes it was established through law economic.
Nowadays, government intervention with its visible hand is intended to regulate the government itself and interfere less and less in the economy, i.e. in the private sector. The importance of unions and institutions to defend the rights of the disadvantaged has diminished.
Privatizations, concessions, contracts and public -private partnerships are the rule of the game.  The main justification for such change is that government is a bad administrator and private sector can do things more efficient. It may be.
In general, even industries where the private sector was not interested in, like defense, public security, health and education, now are heavily privatized. 
In the last three decades a concentration of income and wealth has taken place around the globe.  Changes in labor arrangements are depriving more and more workers´ rights.
Like a century ago, market forces look uncontrolled once again. Eight years later, the most recent economic and financial crisis throughout the world still lasts in several countries dragging unemployment and poverty.
Government intervention has to be rethought.  Law economic and its material instrument, economic policy should be in favor of the well-being of most of the people; not the other way around.


sábado, 8 de octubre de 2016

CORRUPCION Y DESARROLLO

La corrupción es probablemente uno de los oficios más antiguos de la humanidad. A diferencia del otro más antiguo oficio -donde la persona que lo ejerce prácticamente es víctima propiciatoria- este flagelo afecta desde a una persona, hasta millones de habitantes de un país.
Pranab Bardhan de la Universidad de California en Berkeley, en el Journal of Economic Literature, Volume XXXV de septiembre 1997, aborda diversas aristas de la corrupción y su impacto en el desarrollo. Las fuentes utilizadas por Bardhan se remontan a 1958, lo que indica la ya prolongada preocupación de los economistas académicos sobre un asunto que ha crecido y está siendo enfatizado por los organismos financieros internacionales.
Bardhan habla de diversos tipos de corrupción: Política y económica; pública y privada; centralizada y dispersa; y ejemplifica algunas de su características. Sin embargo, a pesar de los diversos tipos de significados según su contexto, en general la corrupción se refiere al uso y abuso de un puesto público para agenciarse ganancias privadas.
Entre algunos elementos que contribuyen a la corrupción están el exceso de regulaciones a aplicar por parte del Gobierno, la ubicación burocrática de los escasos recursos públicos y los bajos sueldos y salarios de los empleados públicos.
La corrupción afecta a la inversión y al desarrollo económico.
Paolo Mauro (1995) citado por Bardhan encontró una asociación negativa entre el índice de corrupción de un país y sus tasas de inversión y crecimiento. El mejoramiento de la corrupción en una desviación estándar (68%), se estima puede incrementar la tasa de inversión en un 3% del Producto Interno Bruto.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América, Japón y los países de la Unión Europea recientemente han decidido penalizar a aquellas empresas radicadas en sus territorios que paguen “comisiones” en otros países para facilitar la obtención de contratos.
Estas medidas disuasivas aunadas a las de los organismos financieros internacionales, definitivamente repercutirán en un nuevo ambiente externo con respecto al tratamiento y percepción de la corrupción.
Las medidas adoptadas a nivel internacional deben complementarse con acciones a nivel nacional. Desde un cambio de actitud de la población hacia los corruptos y sus desafueros hasta: incrementar la competencia política; reducir los monopolios burocráticos; revisar las inmunidades a la transparencia; establecer medidas más severas contra los delincuentes; fortalecer el sistema de aplicación de la ley y la justicia; y aumentar los salarios a los servidores públicos honestos.
Para procurar el desarrollo es necesario desmantelar las fuentes de corrupción y paulatinamente destruir ese monstruo de mil cabezas que ha acogotado el crecimiento económico.