El 28 de junio de 2009, Honduras se vio obligada a ejecutar
una sucesión presidencial a consecuencia de la amenaza que se cernía sobre la
democracia hondureña a través de una consulta inventada por el entonces
presidente de la república para establecer una asamblea nacional constituyente
y anquilosarse en el poder público.
La reacción internacional sumarísima fue aplicar la Carta
Democrática de la Organización de Estados Americanos aprobada en Perú el año
2001 y simultáneamente orquestar un bloqueo político y financiero al país.
El castigo hacia Honduras y su pueblo fue doble. A los
efectos del bloqueo se sumó el impacto de la crisis financiera internacional
surgida en el año 2008. El perjuicio infligido fue de tal magnitud que Honduras
aún no se recupera de los mencionados nocivos efectos.
El asunto es que en el año 2012, Paraguay realizó una acción
similar a la de Honduras y en el presente año, la presidenta de Brasil fue
sustituida. En ninguno de estos últimos casos, se aplicó la Carta Interamericana.
Venezuela ha transcurrido por 18 años de gobiernos
irregulares; está hundida desde hace años en una crisis política, social y
económica sin precedentes y los demás países miembros de la OEA están pensando
sí aplican o no la famosa carta.
Aparte de Venezuela, actualmente en varios países de
América, se están tramando golpes a la democracia que se están consumando con
la complacencia cómplice de la OEA. Y seguramente el As de la baraja que se utilizó contra
la Honduras del 2009, continuará guardado para el resto de situaciones
similares que se presenten.
La práctica de la discrecionalidad, irá pasando factura a
aquellos organismos internacionales veleidosos y ambivalentes que aplican las
regulaciones según la conveniencia o la dirección del viento.
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