CUENTAS CLARAS

Usualmente, la salud económica de un país se evalúa en función del comportamiento de unos cuantos indicadores macroeconómicos. A los gobiernos les interesa revelar y acreditarse los resultados alcanzados en los niveles de: inflación, tipo de cambio, déficit fiscal y el saldo de la cuenta externa, fundamentalmente.

Según datos del Banco Central de Honduras, el cálculo del Producto Interno Bruto a precios de mercado con enfoque del ingreso, entre los años 2013 y 2017 revela lo siguiente: 1) Las remuneraciones de los asalariados se redujeron de 47% a 44%; 2) El excedente de explotación bruto (rentas y utilidades) aumentaron de 9% a 11%; 3) Los impuestos netos de subvenciones observaron un incremento de 29% a 31%; 4) El ingreso mixto bruto que comprende una mezcla de rentas y salarios, no se incluye en este análisis, por no disponer de datos segregados que indiquen las magnitudes de los componentes. En todo caso, su proporción (15%) no observó modificación en el período objeto de este artículo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, para junio del año 2016 Honduras tenía una población económicamente activa de 2.2 millones de personas y 2 millones de asalariados. Estas magnitudes muestran una idea de qué está aconteciendo con el ingreso de los trabajadores, peor cuando las proporciones presentadas en el párrafo inmediato anterior no contienen la deflactación respecto al índice de precios al consumidor (precios constantes).

Las cuentas nacionales infortunadamente no cuentan la historia real de lo que ocurre en la economía en general. El PIB anual, como se mide hasta ahora, no incluye las acciones subterráneas típicamente ilícitas que afectan adversamente el normal desenvolvimiento de las empresas y la salud económica y sicológica de las personas.

No existen valoraciones económicas sistemáticas a ningún nivel que permitan conocer los efectos del crimen en términos de extorsión, robos, secuestros, daños a la propiedad, etc. que, constituyendo costos efectivos de operación, no están previstos para ser reconocidos por alguien, salvo que se cuente un seguro para ello.

La pequeña y gran corrupción que afecta a empresarios y a la población en general tampoco tiene su “reconocimiento” en los estados financieros que se presentan ante entidades financieras y al gobierno.

A pesar de que el gobierno ha venido aumentando sus ingresos sostenidamente desde el año 2013 y continúan las severas brechas en gasto social e inversión, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la deuda pública de Honduras alcanzó el 50% en 2017. Entonces, aparte de aquello excluido de las cuentas nacionales, algo no cuadra cuando Honduras se endeuda de manera acelerada y miles de hondureños continúan desempleados por períodos prolongados o huyen despavoridos del país en busca de mejores horizontes.

Sí buena parte de los recursos propios y préstamos que contrata el gobierno se destinan a transferencias populistas, seguirán los halagos de los prestamistas para un deudor a quien se le condonó la deuda externa hace 13 años, a sabiendas que el peso de la deuda pública podrá hacer añicos los frágiles indicadores macroeconómicos más temprano que tarde.