Los jubilados
y pensionados del Instituto de Jubilaciones de Empleados del Poder Ejecutivo
(INJUPEM) contribuyen con un 3.5% de su ingreso mensual para sostener al
Instituto Hondureño de Seguridad Social(IHSS), que en medio de las estrecheces
a que ha sido sometido le da cobertura de salud a los aportantes activos del INJUPEM.
En 2017, pagaron 100 millones de contribución.
Una gran
porción de los jubilados y pensionados, aportan, pero no usan los servicios del
IHSS por lo que, en general su contribución constituye una transferencia unilateral
directa a los afiliados del IHSS, tanto del sector público como del sector
privado que sí se benefician de sus servicios.
Por 42 años
hasta ahora, desde la fundación del INJUPEM, a nadie se le cruzó por la mente
que, las reglas del juego que garantizan los beneficios de quienes aportaron
toda su vida al Instituto; y los de todos aquellos que están a punto de cumplir
con los requisitos para serlo, iban a enfrentar la amenaza de algunos empleados(sindicatos),
que, pidiendo distribución de utilidades, de hecho, pretenden aportar menos que
todos aquellos que se sujetaron a las reglas creadas desde hace más de 4 décadas.
Solicitar
reparto de utilidades para los empleados aportantes al INJUPEM constituye, en
términos absolutos, contribuir menos anualmente y pretender gozar de los mismos
beneficios que un esquema de previsión ofrece a sus derechohabientes según las
reglas establecidas. Ese esquema no es viable para un instituto de previsión.
Los
solicitantes, que se fundamentan en el derecho de petición, están atentando
contra la salud financiera del Instituto y consecuentemente contra los
intereses de los beneficiarios jubilados o no y de aquellos aportantes que no
coinciden con la actitud autodestructiva de intentar diezmar al Instituto y anular
la razón de ser del INJUPEM, junto con las motivaciones que llegaron a definir
su creación hace 42 años.
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