sábado, 10 de junio de 2017

POPULISMO Y POLITICA LIMPIA

El 8 de junio de 2017, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras con base en lo estipulado en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (Ley de Política Limpia) publicó los techos para campaña electoral en los tres niveles electivos presentes en el escenario electoral de la campaña que culminará en noviembre de 2017.
Los topes por candidato son: nivel presidencial, L. 470 millones; diputados: entre L. 2.9 millones y L.4.5 millones; y corporaciones municipales: entre L. 115 mil y L.66.2 millones.
Los principios que rectoran la política limpia de la función electoral, particularmente los concernientes a la trasparencia y equidad, se desploman desde el momento en que el partido en el poder propugna por la reelección presidencial en un contexto de inconstitucionalidad, ilegalidad y con el manifiesto control de todos los entes administradores del estado, por ahora, al servicio del proyecto reeleccionista que se ha venido fraguando desde el año 2013.
Cuando los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1980, plasmaron en la Constitución de la República de Honduras la prohibición de la reelección presidencial, tomaron en cuenta la historia política hondureña; la inmadurez de los dirigentes políticos; y el nivel de educación y cultura política de un pueblo que aún requiere consolidar la identidad de sus valores fundamentales.
La oposición política en Honduras se encamina a unas elecciones generales en condiciones de abismal desigualdad. El Poder Ejecutivo, encabezado por su presidente mantiene control sobre 95% del presupuesto general de la República (L.228 mil millones o US$10 mil millones). Aparte, están disponibles para la campaña oficialista los equipos muebles e inmuebles del gobierno.
Además, los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo administran cuantiosos recursos financieros con carácter “confidencial”, por los cuales no rinden cuenta a nadie. En el ejecutivo son de particular importancia: 1) La partida confidencial de la Presidencia; 2) La denominada “tasa de seguridad”; y 3) Los recursos provenientes de la aplicación de la ley contra el lavado de activos.
La discrecionalidad del partido en el poder continúa con las denominadas transferencias condicionadas que alcanzan L. 27 mil millones, utilizadas de manera selectiva y sectaria; y el otorgamiento de subsidios focalizados a grupos gremiales, empresas e individuos comprometidos con el reeleccionismo que también pretende el control del congreso nacional y de las corporaciones municipales.
Finalmente, las maniobras del ejecutivo estarán poniendo en riesgo próximamente cerca de L.50 mil millones, fruto de los ahorros de los aportantes de los institutos de previsión públicos del país con la pretendida aplicación de la denominada Ley de inclusión financiera y de consolidación de deudas.

En síntesis, el financiamiento de la reelección cuenta como origen los recursos públicos y ajenos y como destino, aquellos que están comprometidos en apoyarla. En tales condiciones, los topes de financiamiento de la política limpia resultan ser cantidades nimias comparadas con la enorme suma de recursos oficialistas, ignorados en el esquema “limpio”. La denominación de política limpia constituye entonces, una argucia más para someter a la oposición al enanismo financiero. 

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