En un estudio publicado por el Banco Interamericano de
Desarrollo, se comparó el costo del crimen en 5 países de América Latina,
resultando que el mismo con respecto al PIB significó para el año 2010 lo
siguiente: Chile 1.8%; Costa Rica 1.9%; Uruguay 2,3%; Paraguay 3.8% y Honduras
4.6%.
Una actualización de gastos al año 2018 para el caso de
Honduras, revelaría incrementos sustanciales en los componentes de “en anticipación
al delito” y “en respuesta al delito”, con reducciones moderadas en cuanto a “como
consecuencia del delito”.
Honduras: Costo del Crimen y la Violencia, 2010
CONCEPTO
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Monto en millones de US $
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% del PIB
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En anticipación al delito
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231.3
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1.5
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Costo privado
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161.9
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Costo público
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69.4
|
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Como consecuencia del delito
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315,1
|
2.0
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Homicidio y agresiones
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61.0
|
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Robos y hurtos
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221.6
|
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Robos de automóvil
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22.4
|
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Gastos en salud
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10.2
|
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En respuesta al delito
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157.8
|
1,0
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Policías
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46.3
|
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Poder Judicial
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47.5
|
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Ministerio Público/Fiscalía
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23.0
|
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Defensoría Pública
|
-
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Administración Penitenciaria
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41.0
|
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Costo del Crimen y la Violencia
|
704.3
|
4.6
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Fuente BID, Costos
del delito y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe
La política de reducir el crimen por la vía de la respuesta al delito resulta altamente
onerosa, puesto que los costos para la delincuencia en la comisión de delitos
son enormemente inferiores a los costos de su persecución.
Una política de seguridad menos onerosa debe concentrarse en
las causas subyacentes de la violencia donde los “patrones” del crimen disponen
de un exceso de oferta de individuos que sufren carencias endémicas por falta
de oportunidades para atender sus necesidades básicas. Esta masa de desposeídos
que contrata el crimen expone su existencia con remotas posibilidades de
resolver sus urgencias y las de sus familias.
El diseño y ejecución de políticas económicas y sociales que
contribuyan a la equidad, harán menos atractiva la incursión de criminales al
campo delincuencial e inhibirá la inclinación de jóvenes resignados a una esperanza
de vida reducida.
Sin embargo, sí los gastos como respuesta al delito
responden a intereses más allá de su persecución, entonces, el statu quo se
convierte en una razón de ser conveniente.