COSTO DEL DELITO

En un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se comparó el costo del crimen en 5 países de América Latina, resultando que el mismo con respecto al PIB significó para el año 2010 lo siguiente: Chile 1.8%; Costa Rica 1.9%; Uruguay 2,3%; Paraguay 3.8% y Honduras 4.6%.

Una actualización de gastos al año 2018 para el caso de Honduras, revelaría incrementos sustanciales en los componentes de “en anticipación al delito” y “en respuesta al delito”, con reducciones moderadas en cuanto a “como consecuencia del delito”.

Honduras: Costo del Crimen y la Violencia, 2010

CONCEPTO	Monto en millones de US $	% del PIB
En anticipación al delito	231.3	1.5
Costo privado	161.9
Costo público	69.4
Como consecuencia del delito	315,1	2.0
Homicidio y agresiones	61.0
Robos y hurtos	221.6
Robos de automóvil	22.4
Gastos en salud	10.2
En respuesta al delito	157.8	1,0
Policías	46.3
Poder Judicial	47.5
Ministerio Público/Fiscalía	23.0
Defensoría Pública	-
Administración Penitenciaria	41.0
Costo del Crimen y la Violencia	704.3	4.6

Fuente BID, Costos del delito y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe

La política de reducir el crimen por la vía de la respuesta al delito resulta altamente onerosa, puesto que los costos para la delincuencia en la comisión de delitos son enormemente inferiores a los costos de su persecución.

Una política de seguridad menos onerosa debe concentrarse en las causas subyacentes de la violencia donde los “patrones” del crimen disponen de un exceso de oferta de individuos que sufren carencias endémicas por falta de oportunidades para atender sus necesidades básicas. Esta masa de desposeídos que contrata el crimen expone su existencia con remotas posibilidades de resolver sus urgencias y las de sus familias.

El diseño y ejecución de políticas económicas y sociales que contribuyan a la equidad, harán menos atractiva la incursión de criminales al campo delincuencial e inhibirá la inclinación de jóvenes resignados a una esperanza de vida reducida.

Sin embargo, sí los gastos como respuesta al delito responden a intereses más allá de su persecución, entonces, el statu quo se convierte en una razón de ser conveniente.