ENREDADOS

Detrás de toda iniciativa de ley existe una intención abierta o encubierta de política de estado o simplemente un ejercicio de politiquería. Y los resultados que se esperan de su aplicación, nunca son inocuos.

Los gobiernos de turno en el poder establecen su agenda legislativa en función de los intereses particulares de sus principales figuras del estado de cosas, los cuales virtualmente pueden ser coincidentes con intereses de orden nacional o foráneo con respecto a determinadas áreas de la vida política, económica y social de un país.

Cuando se trata de alcanzar objetivos que permitan establecer condiciones para favorecer a las mayorías, se puede interpretar que un congreso nacional está haciendo la tarea que le corresponde. Usualmente, este tipo de leyes cuenta con un alto valor político, puesto que contribuye a que, sus proponentes, impulsadores y ejecutores obtengan puntos favorables para prolongar su estadía en el poder, mediante la esperada compensación que obtendrán del voto popular, expresado en las urnas y registrado apropiadamente.

Cuando por el contrario, el objeto de las leyes es pretender conculcar los derechos de las mayorías y conlleva satisfacer intereses de una camarilla hiperestésica, intolerante a la crítica y que supone que, el privilegio de ejercer el poder, incluye acallar todo signo de descontento y disidencia expresado públicamente, entonces quienes se han despezuñado por mantenerse en las alturas, podrían ir buscando la inhóspita llanura donde hay mucho que hacer, puesto que por su propia iniciativa e interés se han expuesto a la evaluación pública permanente.

La ahora denominada ley de ciberseguridad nacional es el segundo intento en el transcurso de un año, junto con el Artículo 335-B del Código Penal, por enmudecer todo vestigio de libertad de expresión en Honduras. La pretensión de controlar las redes sociales, cualquiera que sea el nombre con que denominen dicha ley, constituye una acción gubernamental dirigida a silenciar todo tipo de oposición.  La “venta” de tal instrumento legal, que fue importado al margen de los derechos de autor y su consabida “socialización” constituye otro ejemplo de manipulación para alcanzar objetivos preconcebidos.

Los sitios web que permiten el tráfico de mensajes cuentan con los mecanismos necesarios para neutralizar aquellos textos irrespetuosos o incómodos. Por lo tanto, es tarea de cada uno, establecer cómo controla los exabruptos de quienes no actúan o se expresan apropiadamente. No se debe trasladar una tarea doméstica individual al contexto global de una ley aplicada a la población en general.

La mencionada ley tiene propósitos claramente establecidos para sus proponentes. Ellos han calculado sus beneficios. Lo que no han considerado adecuadamente, es que su intención afecta a más de 2 millones de usuarios de internet, así como a más de 8 millones de suscriptores de teléfonos celulares. Y constituye una forma más de abierta represión.