domingo, 18 de febrero de 2018

EXIGENCIAS

Abusivos y exigentes. Así son algunos de los representantes de la gobernabilidad que desgobierna Honduras.
En reciente discusión púbica entre uno de sus conspicuos cabecillas y una periodista de la televisión nacional, de forma altanera indicaba el primero que han logrado bajar la cifra de homicidios de 90/100,000 habitantes (no mencionó el año de referencia) a 45/100,000 habitantes y luego con aire desafiante indicó a su interlocutora: “¿O quieren que bajemos la tasa de homicidios a cero?”.
Según Insight Crime, la tasa de homicidios de Honduras en 2017 fue de 42.8/100,000 habitantes. Para ese mismo año, en orden descendente, El Salvador tuvo 60, Guatemala, 26.1, Costa Rica, 12.1, Panamá 10.2, y Nicaragua 7, por 100,000 habitantes. La publicación ubica a Honduras en cuarto lugar en América Latina y segundo lugar en Centroamérica. Y el cuestionamiento del reclamante funcionario oficioso, francamente se torna en algo deseable, partiendo de que la Organización Mundial de la Salud, considera condición epidémica cuando un país alcanza los 10 homicidios por 100,000 habitantes.
Una de las innumerables artimañas que utilizaron para “ganar” las recientes elecciones constituyó coludirse con el Registro Nacional de las Personas para integrar las brigadas de entrega de identidades. La estratagema consistió en que usted iba a las oficinas del RNP a reclamar su identidad y allí le indicaban que las brigadas andaban su tarjeta y la tenían en el centro de votación donde usted votaría. Cuando usted llegaba al lugar indicado, no encontraba a los mentados “brigadistas”. Por casualidad, aquellos que se quedaron sin identidad y sin votar no estaban registrados como posibles sufragantes de la reelección. Todo lo contrario.
Las zonas calientes siguen en manos de quienes las controlan desde hace años. Las pistas de aterrizaje clandestinas siguen construyéndose, ante la mirada complaciente de quienes deben evitarlas. Una tarea interminable de hacer y deshacer. Y las diarias masacres de comienzos del 2018, anticipan que la tasa de homicidios aumentará irremediablemente. Todo lo anterior, se complementa con los ascensos recientes, que por coincidencia se entienden como premio a la complicidad y la represión, pero no a la disminución del crimen que es su responsabilidad.
Además de exigir que les den las gracias por “portentosa” lucha contra el crimen, ahora es que, acusan a los grupos de asociación ilícita que el mismo gobierno está obligado a controlar por obstaculizar el voto en las elecciones y se ha puesto lastimera queja ante el más alto ente de gobernanza mundial. Esta queja tiene connotaciones de un bumerang, pues para que la denuncia sea equilibrada, el gobierno debe explicar el impedimento que ejerció y convirtió en abstencionismo obligado para miles de compatriotas, que hubieran contribuido a cambiar el resultado electoral.  La denominación de los sospechosos criminales puede ser diferente, pero el crimen de impedir votar es el mismo.



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