viernes, 26 de abril de 2019

ACUERDOS DE DUELO


La desaparición física de un familiar causa a los parientes y amigos del fallecido un dolor inconmensurable.  La muestra de solidaridad en los momentos de duelo constituye un bálsamo para quienes demuestran empatía hacia quienes la manifiestan.
La solidaridad de quienes comparten el dolor de manera genuina puede manifestarse en forma personal o colectiva, y desplazarse en un rango desde modesta a dispendiosa.
La cuestión del costo de la solidaridad con fondos ajenos es un aspecto que debe estar sujeto a controles. Al respecto, vale diferenciar la intensidad de apoyo cuando se trata de la utilización de fondos públicos, privados u ONG para el fin aludido.
Los costos de los campos pagados por televisión, radio y periódicos escritos han observado aumentos sustanciales en los últimos años. Consecuentemente, a mayor tamaño y espacio de la muestra de solidaridad por el fallecimiento de una persona, mayor costo significa.  
Es frecuente observar acuerdos de duelo, incluyendo el caso de personas alejadas del grado de consanguinidad, afinidad o geográfico con respecto a los beneficiarios del gesto de solidaridad.
Cuando el origen de los fondos para el gasto en las manifestaciones públicas de solidaridad es privado, entonces es un asunto privativo de quienes deciden sobre esos recursos. Pero, cuando el origen de los fondos tiene que ver con recursos públicos, lo dispendioso puede considerarse como un abuso de poder. Un abuso que se encuentra incluso en ONG, el sector intermedio entre lo público y lo privado.
Las muestras de solidaridad hacia los parientes y amigos de un fallecido constituyen parte de una sociedad que todavía no ha perdido del todo el respeto y consideración al valor de la vida humana. Pero, existen formas y mecanismos mucho más modestos y menos onerosos, para demostrarle a los dolientes compañía en momentos de infortunio.
En un congreso nacional que todos los días nos sorprende con novedosas iniciativas de ley, la regulación de acuerdos de duelo por parte del sector público y ONG (gremios, colegios profesionales, etc.) podría ser un tema para considerar regularlos.

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