INFORMACION PÚBLICA

La población debe estar informada de todas las actividades públicas. Es un derecho de los ciudadanos y un deber de los funcionarios. Contribuye a una gestión pública más eficiente y reduce las posibilidades de prácticas corruptas.

En años recientes, han proliferado normativas internacionales y nacionales; convenios; instituciones y entidades; conferencias; seminarios; y reuniones para impulsar la transparencia de la función pública. De manera inversa, los índices nacionales de corrupción continúan inamovibles y hasta en ascenso sin responder a los numerosos esfuerzos que se realizan para su reducción.

Se trabaja en función de aperturas. Y así, se cuenta entre otros instrumentos con gobiernos, presupuestos, licitaciones y cabildos abiertos. Es posible que tal apertura contribuya a conocer más casos de corrupción ahora, que en el pasado reciente. Nada más. Entonces, el éxito logrado está vinculado al conocimiento de los actos ilícitos pero no a su prevención, sanción y penalización.

La percepción de transparencia, puede resultar totalmente opuesta a su propósito. El solo hecho de transparentar una acción, no resulta automáticamente en garantía para reducir la corrupción. Todo lo contrario. Argumentos vinculados a defensa, seguridad, confidencialidad y similares, constituyen vías libres legales para cometer actos irregulares.

El avance en el acceso a la información pública, no ha impedido la emisión de leyes, decretos, y resoluciones de información reservada, partidas confidenciales y compras directas, creando amplias masas de manejo discrecional tanto de recursos financieros como materiales.  Hasta el acceso a datos que son importantes para el desarrollo y la investigación de un país, se torna difícil o inaccesible.

Cuando transcurren 23 años sin contar con un censo agropecuario no hay duda que las acciones de aquellos que se atreven explotar actividades de por sí riesgosas, resultan en decisiones asumidas con una venda en los ojos. Sitios en la red poco amigables, que exhiben escasa información estadística, el cobro por suministrar la misma y hasta la de leyes que la ciudadanía está obligada a conocer, convierten el acceso a la información en una vereda intransitable.

Para que el acceso a la información contribuya a la transparencia, debe evaluarse su impacto efectivo en la disminución de la corrupción. El estudio permanente y las acciones correctivas de aquellos elementos que obstaculizan sus objetivos, aunado a una participación ciudadana más activa pueden contribuir a alcanzar más rápidamente sus propósitos.

GOBERNANZA

En la construcción de la gobernanza, la democracia ha tenido más éxito en profundizarse a través de los procesos eleccionarios que en la eficaz selección de funcionarios apropiados una vez que los políticos han ganado las contiendas y se hacen del poder público.

La idoneidad y eficiencia de los funcionarios es fundamental para la gobernabilidad y la búsqueda del desarrollo de un país. Su relativa independencia, contribuye a la gestión más efectiva de la cosa pública. El asunto se torna complejo cuando la fuente del nombramiento entiende su rol como superior jerárquico absoluto y la actitud esperada del nombrado consiste en la sumisión y la incondicionalidad.

En general, es impensable esperar independencia de parte de funcionarios nombrados por alguno de los 3 poderes del estado ya sea como directores, presidentes ejecutivos, gerentes o cualquier otra figura similar.

La presencia de representación privada y de la sociedad civil en los aparatos directivos de los entes estatales es positiva para el adecuado desempeño de las instituciones, cuando tal representatividad no responde a intereses personales o de grupo. Por otro lado, la alta rotación de funcionarios coincidiendo con los períodos de gobierno, impide la ejecución continuada de políticas que garanticen el desarrollo nacional en el largo plazo.

La normativa aplicable, usualmente define con certera precisión, las credenciales concernientes a la edad, nivel académico y experiencia de los candidatos a funcionario. Aun así, tales requisitos son ignorados cuando en el nombramiento prima el criterio político. Más difícil es evaluar requisitos para los cuales no existen criterios cuantitativos o cualitativos, como la honorabilidad y la honestidad, aunque se indiquen expresamente.

La actitud absolutista de los funcionarios se reflecta en cascada a través de toda la línea jerárquica del aparato público, arrollando la carrera administrativa de los empleados y estableciendo ambientes proclives a situaciones corruptas.

La Constitución de la República indica que ningún funcionario o empleado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley. Sin embargo, alguien sometido a tal encrucijada, suele sopesar su situación tomando en cuenta el escenario que le espera al obedecer una orden impropia y asumir riesgos impredecibles o levantar la testa de la dignidad y enfrentar las consecuencias.  

DISCRETIONARY ACTIONS

In relations between individuals and the state, the discretionary actions of government officials and employees produce a fertile terrain that facilitates the growth of corruption. The result of sanctions and their progressive nature is intended to deter taxpayers to backslide in their disobedience to the law. The broad discretion of public officials leads to injustice.

Fines or other penalties imposed with ranges of 900 percent (10-100) between a minimum and a maximum are set out in the administrative field; lapses may lead to closure of an establishment in 1 to 15 days. Both schemes induce the originator of the sanction to set, as a negotiating point, the maximum value and stimulates the sanctioned individual or entity to propose a lower value, accompanied by a bribe.

As for the field of justice, penalties for offenses with temporary bonds range widely in size to facilitate negotiations between the parties for their reduction and promote the possibility of easing punishments by the use of bribery compensations.

The source of discretionary actions is the policy that establishes and predisposes towards corrupt behavior by those who execute it. Therefore, reducing the punitive power in the application of penalties by administrative and judicial operators, will help reduce the power of discretion generated which may result in different penalties for equal or similar offenses depending on the ability to pay by  the sanctioned to reduce punishments or penalties brought about by essentially equal circumstances.

The design of sanctions that stimulates inequality can lead to situations of social injustice and economic irrationality. In the case of the closure of an establishment as a penalty, this should only be for extreme situations and to prevent threats to people’s life, health and safety. The disruption of the normal operation of a business is against the interests of owners, employees, suppliers, consumers and even the same operators that impose such a disproportionate and counterproductive penalty.

During economic conditions of poor performance and a high level of unemployment, business closures are bound to produce catastrophic consequences and in these cases business groups should ask the appropriate authorities for the reduction or elimination of discretion in the application of sanctions that could be detrimental to the citizenship.

SHORTCUT CULTURE

A behavior that involves a set of attitudes toward life and other individuals. Underlying this pattern, there is a pernicious resistance to follow the rules; a rush to finish stages; deferring to start, continue or complete a specific task; a tendency to finish products by any means; and a disregard for the pursuit of perfection.

In student life, shortcut culture involves getting good grades by cheating on exams, copying or plagiarizing writings and withholding credit to other sources in thesis works.

In the professional and business world, shortcuts are used to climb the corporate ladder by shaking the competition with unfair and primitive warfare maneuvers; delivering unfinished products devoid of quality control.  The embrace of corruption and collusion with criminal elements and all kinds of malfeasance to accumulate wealth at the fastest rate possible, attached to the principle: "the higher the risk, the higher the return." All this process is built within the frame of disrespect for the consequences.

As a pedestrian or a driver, ignore the footbridges, zebra crossings, sidewalks and the most elementary precautions to avoid being running over. Disrespect of drivers for queues, parking sites and the rules of use of overpasses and tunnels, the weight capacity of bridges, continuous yellow lines, traffic lights and any signs that condition rational behavior.

Shortcut culture is the practice of prioritizing the immediate for the permanent; the insecure for the guaranteed; the illogic for intelligent; anguish for tranquility; and death for life. That, in the end, with patience, can infallibly move the distance between two points and promote satisfactory goals.

DENUNCIA CIUDADANA

Cuando los índices de violencia, crimen y corrupción manifiestan características sistémicas en un país, la denuncia ciudadana puede contribuir a disuadir los delincuentes; corregir hechos consumados y prevenir eventos que puedan estarse tramando.

La denuncia puede tomar forma de pública o anónima, dependiendo de la percepción de los ciudadanos de la debida consideración que tomarán las autoridades con respecto a la seriedad con que manejarán lo denunciado en términos de confidencialidad y las acciones que se asumirán para llevarlo hasta las últimas consecuencias sin poner en riesgo la integridad del denunciante.

Cuando un hecho delictuoso es conocido u observado por testigos, mantener silencio se convierte en complicidad que alienta la impunidad. Tal silencio puede originarse en el temor a represalias de parte de los hechores o simplemente es adquirido por estos últimos de cualquier manera.

Particularmente en el caso de la denuncia anónima, el denunciante no cuenta con certeza alguna que su contribución llegará al destino idóneo. De hecho, en la eventualidad de arribar a la persona equivocada, puede ser utilizada para alimentar otros delitos más allá de los denunciados. En este caso, quien cuenta con información privilegiada sobre transgresiones, puede utilizarla para exigir soborno al causante inicial, quien hace cuentas del costo de oportunidad entre pagar la pena legal o arreglarse informalmente con el extorsionador.

Para que la denuncia ciudadana funcione, debe estar sujeta a estrictos protocolos que prevean el ingreso, destino y uso de la información proporcionada para asegurarse que la misma, suministrada de buena fe por parte de la ciudadanía, no se convertirá en una oportunidad para que delincuentes en posición de hacer cumplir la ley se transformen en sus torcedores.

PARTICIPACION CIUDADANA

El nivel de profundización de la participación ciudadana es crucial para el desarrollo y el combate a la corrupción.

En las sociedades denominadas democráticas, la participación ciudadana es un elemento esencial para garantizar la intervención de la gente en la adopción de las decisiones que influirán el desenvolvimiento de su vida futura.

Resaltan la elección de autoridades nacionales, regionales y locales, pasando por el plebiscito y el referéndum, hasta los denominados cabildos abiertos para decidir sobre cuestiones a nivel local. En un ámbito menos formal se encuentra el accionar de los patronatos, las juntas de agua y otros esquemas similares en donde los ciudadanos privados se asocian para gestionar asuntos puntuales de interés colectivo.

Para que la participación ciudadana sea más efectiva requiere de algunas condiciones elementales: la cantidad y calidad de la información disponible por parte de las entidades públicas y su acceso; la confianza de la población hacia las autoridades; y la capacidad de asimilación de instrumentos cada vez más complejos de gobernanza que aplican los gobiernos y que no son entendidos plenamente por amplias mayorías (por ej. Las asociaciones públicos-privadas).

La información, la confianza y la educación, influyen en una mayor o menor participación de la población en asuntos de su interés particular y colectivo. El monopolio y secuestro de información pública mantiene desorientada a la población y sin opinión sobre asuntos relevantes. La desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades, restringe hasta el uso de los canales de denuncia anónimos. La escasa formación masiva sobre temas de alguna complejidad, convierte a quienes lo manejan, en quasi prestidigitadores en los escenarios públicos.

Las socializaciones de cualquier asunto resultan en mascaradas que ignoran las recomendaciones de los consultados. Los denominados eventos de rendición de cuentas constituyen reuniones en donde un auditorio heterogéneo es reunido para compartirle hechos consumados sobre la gestión de una entidad o un proyecto público. Se rinde cuentas cuando ya no es útil una opinión para cambiar el curso de eventos acontecidos. Cuando cualquier observación es extemporánea.

La participación ciudadana es realmente efectiva, cuando la intervención ciudadana en los negocios públicos se torna en una vigilancia permanente del accionar de los funcionarios; en una tarea de monitoreo, seguimiento y evaluación de sus actuaciones; en un espacio en donde la información pública no evidencia sesgos; en un proceso donde las pequeñas y grandes decisiones del país se toman con la intervención de las mayorías, mediante instrumentos transparentes que garantizan el bienestar general.

DISCRECIONALIDAD

En las relaciones entre personas y el Estado, la discrecionalidad de los empleados y funcionarios públicos genera un espacio que culmina en acciones corruptas. El establecimiento de sanciones y su condición progresiva se utiliza para disuadir a los sujetos pasivos a reincidir en su desobediencia a cumplir la ley. La amplia potestad a los oficiales públicos da lugar a injusticias.

En el campo administrativo, se establecen sanciones pecuniarias o de otro tipo que imponen penas con rangos de 1000 por ciento (10-100) entre un límite mínimo y un extremo máximo; o lapsos de cierre de un establecimiento entre 1 y 15 días. Ambos esquemas inducen a quien impone la sanción, establecer como punto de negociación el valor máximo y estimula al sancionado proponer un valor inferior, acompañado de un soborno.

En cuanto al ámbito de justicia, las penas para delitos con rangos temporales y fianzas de tamaño amplio, facilitan la negociación entre las partes para su reducción y de nuevo surge la posibilidad de aliviar los castigos con el expediente del cohecho.

La fuente de la discrecionalidad está en la norma que la establece y en la predisposición hacia conductas corruptas de quien la ejecuta. Por ello, reducir la potestad punitiva en la aplicación de penas por parte de operadores administrativos y judiciales, contribuirá a disminuir las acciones discriminatorias que generan, puesto que, resulta en penas diferentes para la misma infracción o similar delito, dependiendo de la capacidad de pago del sancionado para reducir los castigos o las penas que corresponde en igualdad de condiciones.

El diseño de sanciones que estimulan la inequidad puede conducir a situaciones de injusticia social e irracionalidad económica. Para el caso, el cierre de un establecimiento como penalidad sólo debería ser considerado para situaciones extremas como evitar amenazas a la vida, la salud y la seguridad de las personas. Interrumpir el funcionamiento normal de un negocio, atenta contra los intereses de los propietarios, empleados, proveedores, consumidores y hasta de los mismos operadores que imponen una pena desproporcional y contraproducente.

En condiciones económicas de precario desempeño y con un alto nivel de desempleo, el cierre de negocios es una aberración y los gremios empresariales deberían demandar a las autoridades correspondientes la reducción/eliminación de la discrecionalidad en la aplicación de sanciones a infracciones en todos los ámbitos.  

LETRA MENUDA

La letra menuda se utiliza y se aloja en instrumentos más allá de los contratos. Se transforma aparte de su contenido intrínseco en una exigencia visual y mental, que produce en el eventual afectado una especie de desgano por percatarse de lo que efectivamente está firmando o a qué se está comprometiendo.

Es común encontrarla en contratos de préstamo, pólizas de seguro, telefonía, arrendamiento, derechos de imagen y en avisos legales publicados en los periódicos como estados financieros, avisos de remate y los relativos a herencias, patria potestad y divorcios.

De manera usual, en el caso de los contratos el interesado tiene prisa y ansiedad por adquirir el bien o el servicio que lleva consigo compromisos en letra miniatura. En su arrebato, el cliente echa un vistazo a vuelo de pájaro al documento y firma sin mayor dilación, eludiendo la lectura, estudio y comprensión del contenido de esos detalles minúsculos que luego se convierten en dolores de cabeza cuando se descubre algo inesperado o tiene que llegarse a un litigio.

En el caso de los avisos de los periódicos, la publicación suele ser tan diminuta, que resulta desapercibida para los destinatarios de esta.

En gran parte de los casos, los potenciales afectados por las disposiciones en letra menuda suscribirán el contrato cualquiera sea el tamaño de la misma. El asunto es que al menos debe estar enterado de sus obligaciones y por consiguiente saber a qué atenerse.

En el ámbito privado, los contratos se consideran formulados de buena fe. Entonces, cuando se utilizan elementos físicos como el tamaño de la letra, no hay duda que existe una intención de sorprender a una de las partes. Y de hecho se establece un elemento de subordinación en contra del afectado.

El caso extremo de la letra menuda es la ausencia de contrato. En esta circunstancia el tamaño de la letra es cero y la indefensión del afectado es absoluta.

En teoría, el derecho privado trata los asuntos entre iguales mientras el derecho público tiene que ver con las relaciones de subordinación entre las personas y el Estado. La presencia de la letra menuda en los contratos, puede dar lugar a abusos. Es por ello que en años recientes, algunos países han prohibido su uso.