DENUNCIA CIUDADANA

Cuando los índices de violencia, crimen y corrupción manifiestan características sistémicas en un país, la denuncia ciudadana puede contribuir a disuadir los delincuentes; corregir hechos consumados y prevenir eventos que puedan estarse tramando.

La denuncia puede tomar forma de pública o anónima, dependiendo de la percepción de los ciudadanos de la debida consideración que tomarán las autoridades con respecto a la seriedad con que manejarán lo denunciado en términos de confidencialidad y las acciones que se asumirán para llevarlo hasta las últimas consecuencias sin poner en riesgo la integridad del denunciante.

Cuando un hecho delictuoso es conocido u observado por testigos, mantener silencio se convierte en complicidad que alienta la impunidad. Tal silencio puede originarse en el temor a represalias de parte de los hechores o simplemente es adquirido por estos últimos de cualquier manera.

Particularmente en el caso de la denuncia anónima, el denunciante no cuenta con certeza alguna que su contribución llegará al destino idóneo. De hecho, en la eventualidad de arribar a la persona equivocada, puede ser utilizada para alimentar otros delitos más allá de los denunciados. En este caso, quien cuenta con información privilegiada sobre transgresiones, puede utilizarla para exigir soborno al causante inicial, quien hace cuentas del costo de oportunidad entre pagar la pena legal o arreglarse informalmente con el extorsionador.

Para que la denuncia ciudadana funcione, debe estar sujeta a estrictos protocolos que prevean el ingreso, destino y uso de la información proporcionada para asegurarse que la misma, suministrada de buena fe por parte de la ciudadanía, no se convertirá en una oportunidad para que delincuentes en posición de hacer cumplir la ley se transformen en sus torcedores.