En la construcción de la
gobernanza, la democracia ha tenido más éxito en profundizarse a través de los
procesos eleccionarios que en la eficaz selección de funcionarios apropiados
una vez que los políticos han ganado las contiendas y se hacen del poder
público.
La idoneidad y eficiencia de los
funcionarios es fundamental para la gobernabilidad y la búsqueda del desarrollo
de un país. Su relativa independencia, contribuye a la gestión más efectiva de
la cosa pública. El asunto se torna complejo cuando la fuente del nombramiento entiende
su rol como superior jerárquico absoluto y la actitud esperada del nombrado consiste
en la sumisión y la incondicionalidad.
En general, es impensable esperar
independencia de parte de funcionarios nombrados por alguno de los 3 poderes
del estado ya sea como directores, presidentes ejecutivos, gerentes o cualquier
otra figura similar.
La presencia de representación privada
y de la sociedad civil en los aparatos directivos de los entes estatales es
positiva para el adecuado desempeño de las instituciones, cuando tal
representatividad no responde a intereses personales o de grupo. Por otro lado,
la alta rotación de funcionarios coincidiendo con los períodos de gobierno,
impide la ejecución continuada de políticas que garanticen el desarrollo
nacional en el largo plazo.
La normativa aplicable,
usualmente define con certera precisión, las credenciales concernientes a la edad,
nivel académico y experiencia de los candidatos a funcionario. Aun así, tales
requisitos son ignorados cuando en el nombramiento prima el criterio político.
Más difícil es evaluar requisitos para los cuales no existen criterios
cuantitativos o cualitativos, como la honorabilidad y la honestidad, aunque se indiquen
expresamente.
La actitud absolutista de los
funcionarios se reflecta en cascada a través de toda la línea jerárquica del
aparato público, arrollando la carrera administrativa de los empleados y
estableciendo ambientes proclives a situaciones corruptas.
La Constitución de la República
indica que ningún funcionario o empleado está obligado a obedecer una orden en
contra de la ley. Sin embargo, alguien sometido a tal encrucijada, suele
sopesar su situación tomando en cuenta el escenario que le espera al obedecer
una orden impropia y asumir riesgos impredecibles o levantar la testa de la
dignidad y enfrentar las consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario