INSTITUCIONALIDAD

La institucionalidad de un país en sus ámbitos político, legal y administrativo, determina la fortaleza de su organización; contribuye al respeto y aplicación de las normas; garantiza la estabilidad de sus dependencias y entidades; profundiza la democracia; y constituye un factor preponderante en el desarrollo económico y social. Existe una relación directa entre desarrollo e institucionalidad.

En el curso del tiempo surgen condiciones que obligan a cambios en la institucionalidad y la forma como se concreten sus actualizaciones contribuirá a consolidarla o a debilitarla.  Por ejemplo, mantener la norma constitucional inicial de un representante del pueblo por cada 15,000 personas en un país con 9 millones de habitantes representaría 600 diputados en el Congreso Nacional. En el otro extremo, modificaciones a la institucionalidad que respondan a caprichos banales y no a su estudio previo y viabilidad, son inaceptables.

Una constitución de la república que en 35 años ha sufrido 95 reformas, derogaciones e interpretaciones; modificaciones constitucionales que se efectuaron para satisfacer intereses de personas determinadas; emisión de leyes a las que sólo ha faltado calzar el nombre de los individuos favorecidos.

En el ámbito administrativo, la creación, fraccionamiento, cierre y reapertura de entidades o su cambio de nombre con ampliación y reducción de funciones. Una Ley General de la Administración Pública con 30 años de vigencia y más de 35 modificaciones.

Escasas dependencias del Poder Ejecutivo con identidad sin traumas por lapsos continuos mayores de 50 años. Secretarías de estado retorcidas por la improvisación, coincidiendo con la ausencia de planes, su ejecución, seguimiento y el sostenimiento de metas de desarrollo. Autoridad tributaria modificada 4 veces en 20 años.

En el campo político, inestabilidad institucional vinculada a profundizaciones o restricciones de la democracia. Tribunal electoral sometido a reiteradas ampliaciones y reducciones de su cúpula y regulaciones. El balance de pesos y contrapesos se ha perdido y todas las instituciones públicas a las que la Constitución les otorga independencia, están secuestradas -con el síndrome de Estocolmo- y obedecen órdenes de una persona.

La ausencia de estabilidad institucional obstaculiza el crecimiento de un país; dificulta el establecimiento de alianzas duraderas entre gobernantes y gobernados; desorienta, confunde y crea desconfianza en la población e inversionistas extranjeros y nacionales. Pueblo, no es un partido político.

En algunos espacios se soslaya la interacción entre política y economía. La actual crisis electoral hondureña, está teniendo y tendrá repercusiones que agudizarán las condiciones de consumo, inversión, empleo, comercio, migración y en general un retroceso económico, social e institucional que antes de la crisis no resultaba alentador. La institucionalidad influye en el peso específico de un pueblo frente a las demás naciones del mundo. Y los comportamientos caóticos son mal vistos en todo el globo terráqueo. Fundamentalmente por aquellos que respetan el orden.