ZEDES

El 25 de enero de 2017 el Gobierno Norteamericano emitió la Orden Ejecutiva, Mejoras en la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, mediante la cual se establecieron nuevas reglas de asilo para los inmigrantes indocumentados.

Hasta el momento de la emisión de dicha orden ejecutiva, los indocumentados, un buen porcentaje provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, solicitaban asilo para residir en Estados Unidos con base en argumentos de maltrato intrafamiliar o persecución y amenazas de criminales. La Sección 11 de la mencionada orden, hace más estrictos los criterios para acceder al asilo y establece una revisión caso por caso de las solicitudes.

Han transcurrido 17 meses desde la vigencia del cambio de normas de asilo en Estados Unidos y lo que trasciende a través de los medios de comunicación, es que el acceso de inmigrantes indocumentados ha ido endureciéndose a tal grado que sólo en mayo de 2018 se detuvieron más de 50,000 personas en la frontera sur.

Aunado a la detención, se agrega la separación de las familias con consecuencias dramáticas como el suicidio reciente de un hondureño en una cárcel de Texas.

El Gobierno de Honduras, mediante Decreto 120-2013 emitió el 6 de septiembre de 2013, la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), estableciendo zonas administrativas autónomas para atraer la inversión extranjera anticipándose la generación de 200 mil nuevos empleos. Después de 5 años de vigencia de la ley, según versiones oficiales, las primeras inversiones se harán realidad el presente año.

Es obligación de todo gobierno, establecer las condiciones necesarias para que los nacionales de un país puedan vivir en paz, con seguridad y en un ambiente económico y social digno dentro de las fronteras de su propio país (Ej. Costa Rica). Cuando los habitantes de una nación deben huir de su casa para encontrar protección de la violencia en la familia y en la sociedad, se advierte la debilidad de su gobernabilidad, que resulta compartida con aquellos que hacen de la violencia, su modus operandi, su modus vivendi.

Sí mediante las ZEDE, el estado de Honduras está cediendo hasta la soberanía del país para atraer inversión extranjera -que no debe ser satanizada-, es posible imaginar, que los privilegios que se brindan a inversionistas extranjeros se mezclen con medidas que aseguren a los compatriotas hondureños poder seguir viviendo en el país que los vio nacer. Es cuestión de hacer las modificaciones del caso a la ley de las ZEDE, agregarle una “S” de SEGURIDAD (ZEDES) y auspiciar que los conciudadanos que buscan obligados su porvenir alejados del lar nativo lo encuentren en su propio terruño defendidos por su gobierno en términos de: protección familiar, empleo, ingresos, seguridad social y perspectivas de un mejor porvenir.

Las emigraciones masivas de hondureños no son nuevas. En los últimos 100 años y hasta 1990, estuvieron vinculadas a la intolerancia de gobiernos autoritarios y sectarios.  Hoy, las características de los desplazamientos fuera del país obedecen a múltiples causas. Sí en el pasado, las emigraciones respondían a políticas públicas explícitas, ahora, prima la ausencia de políticas que de manera holística estimule la permanencia de los hondureños en su patria.

En este caso, la omisión de hacer lo que sea necesario para evitar las emigraciones, tiene el mismo resultado que empujar al ostracismo a millones de compatriotas.